La Justicia hizo dos advertencias “urgentes” para poner en marcha las elecciones

La Cámara Nacional Electoral advirtió al Gobierno y a los partidos políticos sobre dos amenazas que considera críticas para llevar adelante las próximas elecciones: la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la falta de fondos transferidos para llevar adelante el proceso electoral.

A través de dos acordadas firmadas por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, el tribunal exigió medidas urgentes al Poder Ejecutivo.

En lo que respecta a la selección de candidatos, en función de la suspensión por única vez el régimen de PASO, advirtió que las agrupaciones deben “adecuar sus cartas orgánicas” y reglamentos internos para establecer con precisión cómo seleccionarán sus candidaturas.

“La suspensión de dicho mecanismo incide, evidentemente, en las modalidades de ejercicio del derecho de participación política dentro del ámbito partidario”, sostuvieron los magistrados. También señalaron que será imprescindible definir procedimientos democráticos conforme a los estatutos y someterlos al control de legalidad por parte de la justicia electoral.

La Cámara fue más allá al advertir que, tras más de una década de vigencia del sistema de primarias, la mayoría de los partidos tienen sus estatutos redactados en función de ese modelo, por lo que resulta urgente reformarlos. “Razones de seguridad jurídica imponen que las agrupaciones —mediante el órgano competente— den a conocer, con tiempo suficiente, cuál será el sistema electoral que regulará la contienda”, se afirmó.

También recordaron que aún en caso de no haber internas con voto directo, los mecanismos indirectos deben recaer en órganos que resulten “suficientemente representativos del cuerpo electoral de la entidad”, para garantizar los derechos de las minorías.

La acordada también abordó la situación de las alianzas partidarias, anticipando que los plazos reducidos entre el registro de coaliciones y la presentación de candidaturas tornan impracticable cualquier elección interna abierta entre los partidos que las integran. “Resulta necesario que las agrupaciones prevean las reglas intra e inter partidarias que definirán el modo de integración de las nóminas”, expresaron. Y advirtieron que cualquier controversia al respecto deberá resolverse en tiempos muy breves, lo que impone una responsabilidad adicional sobre los órganos partidarios y la justicia electoral.

En paralelo, la Acordada N.º 38 denunció que la demora del Poder Ejecutivo en transferir los fondos presupuestarios impide cumplir con funciones básicas de la organización electoral. La Cámara aseguró que la falta de respuesta y partidas por parte del Gobierno le impidió contar con recursos necesarios para el cierre del padrón provisorio el pasado 19 de abril, y también compromete el período de revisión de reclamos, que se extiende hasta el 13 de mayo. “El hecho de que a la fecha no se haya dictado resolución alguna previendo la asignación de partidas implicó en la práctica lisa y llanamente la imposibilidad de contar con esos recursos”, señaló el tribunal.

Además de afectar a la propia Cámara, puntualizaron que la demora repercute sobre otros organismos clave del proceso como el Correo Oficial, el Comando Electoral, y los proveedores de servicios esenciales como impresión de padrones y tareas de capacitación. “Los procesos electorales no son un servicio público que uno o varios organismos del Estado proveen a los electores, sino que constituyen el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía en su expresión más pura”, enfatizó el texto. Por todo ello, la Cámara solicitó al Ejecutivo que informe con urgencia los montos, plazos y modalidades bajo los cuales se realizará la transferencia de fondos, y exhortó a garantizar la disponibilidad de partidas mínimas para cada una de las etapas previstas en el cronograma. También pidió que se priorice el cumplimiento de las responsabilidades legales de todos los actores involucrados, incluidos los jueces federales electorales, el Correo y el Comando General Electoral.

Por Camila Dolabjian

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