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La Justicia obliga a un examen de ADN
Es en una causa por robo de menores
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LA PLATA.- La justicia penal platense dispuso una nueva comparecencia compulsiva de la joven María Natalia Alonso para intentar realizarle un examen genético requerido con el fin de determinar su identidad, pues se sospecha que es hija de desaparecidos durante la última dictadura militar.
La medida, que reedita una decisión ya adoptada en mayo último por la jueza María Isabel Martiarena, a cargo del Juzgado de Transición Nº 3 de esta capital provincial, es parte de una causa en la que se investiga el caso de robo de bebes durante el último gobierno militar.
Según trascendió anoche, está previsto que hoy, por la mañana, se intente extraer en el hospital Durand las muestras de sangre para realizar la prueba de ADN
Tenaz oposición
Al igual que lo ocurrido en aquella oportunidad, la joven volvió a negarse enfáticamente a que se le extrajera la muestra sanguínea necesaria para llevar adelante el análisis.
Alonso, de 23 años, fue apresada ayer por la tarde luego de que en el estudio de su abogado, Fernando Burlando, se recibió una cédula de notificación en la que se informaba sobre la resolución.
En el momento de su detención, la joven se encontraba en una parada de colectivos para dirigirse a la Universidad Católica de La Plata, donde sigue la carrera de Derecho.
Al cierre de esta edición, la joven fue llevada en medio de un desproporcionado operativo policial, que incluyó cortes de calles, a la Comisaría de la Mujer, donde, según confirmaron las autoridades, permanecía alojada.
El caso
El expediente fue iniciado en 1986 por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo e incluyó la denuncia de 21 casos de sustracción de menores durante el período 1976-1983.
Tiempo después, una investigación propia de la mencionada asociación de derechos humanos aportó datos e involucró al matrimonio de Omar Alonso y María Luján Di Mattía por haber anotado como propia, en agosto de 1977, a una beba que habría nacido en cautiverio en un centro clandestino de detención.
En su momento, la Justicia dispuso el procesamiento de la pareja, al considerar que incurrió en los delitos de "sustracción de menor, suposición de estado civil y falsedad ideológica de instrumento público".
Por esos cargos, ambos resultaron sobreseídos por falta de mérito.
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