1
La Justicia pide al Gobierno que detalle cómo utilizó los fondos del fideicomiso que debía destinar a las rutas
El juez Lijo solicitó informes al Ministerio de Economía y otras dependencias; aceptaron como querellantes al gobernador Quintela y a la diputada Tolosa Paz
5 minutos de lectura'
LA NACION
El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de pedidos al Gobierno, en el marco de una causa que investiga la subejecución de fondos de un fideicomiso destinado a mantener las rutas nacionales, recursos que, en parte, se utilizaron para alimentar el equilibrio fiscal que destaca gestión del presidente Javier Milei. El magistrado le solicitó datos al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, sobre las colocaciones financieras realizadas con dinero recaudado por impuestos que debía destinarse a la red vial.
En una decisión que rubricó a última hora del viernes, el juez Lijo pidió “al Ministerio de Economía de la Nación, que, la mayor brevedad posible, tenga a bien remitir: los expedientes y actos por los cuales se formaron y emitieron las instrucciones al Banco Nación con motivo del fideicomiso creado por el decreto 976/01, desde el 01/01/2024 a la fecha; el detalle de las colocaciones financieras dispuestas con fondos SisVial; un detalle por provincia y por obra de la aplicación de esos fondos; la ejecución presupuestaria de los proyectos Bapin 130023, 130026 y 130027 discriminada por fuente de financiamiento”.
El decreto 976 es el de creación del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), en el año 2001, por el que se estableció un fideicomiso que toma recursos del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico de financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación y el Banco Nación actúa como fiduciario. Los “proyectos Bapin” a los que hace alusión Lijo son trabajos paralizados en las rutas nacionales 5 y 3, que suman $23.000 millones.
Lijo pidió informes también a la Dirección Nacional de Vialidad, dependencia a la que le solicitó “los expedientes de obras de los proyectos” en las rutas nacionales 5 y 3, y de obras “en rutas nacionales que atraviesan la provincia de La Rioja, desde el 10/12/2023 a la fecha”. En La Rioja, la lupa judicial está sobre la ruta nacional 76. Se pidieron informes sobre “todo lo relativo al convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) sobre la RN 76 suscripto con la Administración Provincial de Vialidad, las razones de su falta de renovación y las tareas de mantenimiento ejecutadas por la Provincia pendientes de pago, y el estado de las bases imprimadas sin carpeta asfáltica en la obra de la RN 76 y las medidas adoptadas para su preservación”.
Según reveló LA NACION el 9 de agosto, desde que Milei asumió el poder, la tasa de subejecución del SisVial es del 73,8%. En 2024, se ejecutó solo el 11,3% de lo recaudado ($40.668 millones sobre $360.238 millones); en 2025, se ejecutó el 39% ($270.592 millones sobre $692.514 millones recaudados); entre enero y mayo de 2026, solo se utilizó para sus fines el 18,5% de los fondos del fideicomiso ($83.144 millones sobre $450.500 millones). La suma es de $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones ejecutados.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió en una entrevista con el medio “El Diario de La Pampa” que parte de los recursos del SisVial no se destina al mantenimiento de rutas. “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, afirmó en esa entrevista, publicada también el 9 de agosto.
Tras la información difundida por este diario sobre la ejecución del fondo destinado al mantenimiento de rutas, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz radicó una denuncia en la que pidió investigar los posibles delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En su fallo del viernes, Lijo (titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11) aceptó como querellantes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada Tolosa Paz, ambos enrolados en el peronismo. “Fui aceptada como querellante en la denuncia que le hice al ministro de Economía, ‘Toto’ Caputo, por el manejo del dinero del SisVial, por el dinero que se cobra con el impuesto al combustible y que, según denunciamos, es desviado a la timba financiera”, dijo Tolosa Paz. “Celebro que también hayan aceptado al gobernador Ricardo Quintela como querellante, porque no va a naturalizar el abandono de las rutas nacionales en La Rioja”, añadió la diputada.
Desde que asumió Milei, varios jueces ordenaron al Gobierno que repare las rutas. Este mes, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, dictaminó que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debe reparar de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 a su paso por el departamento General López, en el sur de Santa Fe. Fue el sexto fallo en ese sentido, en los últimos 14 meses, en distintas provincias del país.
LA NACION
Más leídas de Política
2El Gobierno apura la jura de dos camaristas para ampliar su control sobre los tribunales que investigan casos de corrupción
3La Iglesia lanza un llamado al Gobierno por la morosidad: “No se puede decir que no interesa”
4Renunció el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso tras el avance oficialista sobre el organismo