
Renunció el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso tras el avance oficialista sobre el organismo
Gabriel Esterelles alegó “motivos personales”; este lunes, la Comisión Bicameral que supervisa al organismo técnico avanzará con una reorganización de la OPC a dos semanas de la presentación del Presupuesto 2027
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Después de que el oficialismo limitara las competencias de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), renunció su director general, Gabriel Esterelles. Su salida se produjo en medio de una reorganización del organismo técnico que continuará este lunes, cuando la Comisión Bicameral que supervisa su funcionamiento se reúna para cerrar la auditoría interna, modificar el reglamento, establecer un nuevo plan de trabajo y designar nuevos coordinadores en áreas claves.
Aunque Esterelles alegó “motivos personales”, su alejamiento se conoce después de que La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados avanzaran con una fuerte restricción de las atribuciones de la OPC y a apenas dos semanas de que venza el plazo para que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.
La reunión fue convocada para este lunes a las 11.30 por el presidente de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, el senador libertario Agustín Monteverde, y su vicepresidente, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch. El temario incluye además la continuidad administrativa y operativa de la OPC y el tratamiento de su programa presupuestario.
El reemplazo de Esterelles deberá definirse mediante un concurso público, al que podrán presentarse quienes reúnan los antecedentes requeridos. Esterelles ocupaba la dirección desde 2023 y le restaban dos años en funciones.
A mediados de junio, la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria, controlada por LLA y sus aliados, firmó una resolución que incrementó el control político sobre el funcionamiento de la OPC. También dispuso la apertura de una auditoría que elaboró un informe preliminar sobre la organización administrativa del organismo.

Ahora, la Bicameral se dispone a cerrar esa auditoría y avanzar con las recomendaciones que surgieron de ella. La convocatoria incluye modificaciones al reglamento interno y la designación de los coordinadores Administrativo y Técnico y de Relaciones Institucionales y Parlamentarias.
Los movimientos se producen a 15 días de que venza el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, uno de los debates en los que la OPC suele intervenir con informes y estimaciones propias.
Universidades y discapacidad
Entre los cambios impulsados a mediados de año, la Comisión Bicameral estableció que las áreas técnicas de la OPC ya no podrán elaborar informes extraordinarios sin su autorización previa. La decisión acotó la capacidad del organismo para responder a pedidos urgentes de diputados y senadores.
La modificación llegó después de que la OPC publicara informes técnicos que contradijeron estimaciones utilizadas por el Poder Ejecutivo para cuestionar proyectos sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario. En líneas generales, el organismo calculó costos fiscales inferiores a los difundidos por el Gobierno.
Sus estimaciones llegaron hasta la Justicia. En marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal citó datos elaborados por la OPC al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir de manera “inmediata” con la Ley de Financiamiento Universitario.
TOMARON POR ASALTO LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN Y LA ESTÁN DESMANTELANDO. SUS ACTIVIDADES YA NO SON PÚBLICAS.
— maxi ferraro (@maxiferraro) August 30, 2026
Solicito a la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al presidente de la… https://t.co/LWufUqZiY0
La OPC fue creada en 2016 como un organismo técnico de asesoramiento al Congreso en materia económica y presupuestaria. Entre otras funciones, calcula el costo fiscal de los proyectos de ley, revisa las cuentas públicas, estudia modificaciones impositivas y analiza la evolución de la deuda. Sus informes no son vinculantes, pero funcionan como una referencia durante los debates legislativos.
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