La ofensiva ampliada que sacude el plan económico de Milei

La primera escena se representó el martes, durante la reunión de la Comisión de Trabajo del Senado. Allí, después de la elección de autoridades, la presidenta Carmen Álvarez Rivero (Pro) intentó dar por cerrada la convocatoria y amagó con retirarse. El kirchnerista Mariano Recalde, vice de esa comisión, le advirtió que él tomaría la conducción para avanzar en los dictámenes de las leyes jubilatorias. La cordobesa debió volver sobre sus pasos pero ya había perdido el control del debate. El peronismo, con el acompañamiento de Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, avanzó impiadoso y le dio su aval a los proyectos que otorgan un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones, elevan el bono para la mínima de $70.000 a $110.000, y prorrogan la moratoria que venció en marzo.

Esa misma noche se produjo la segunda escena, cuando los gobernadores de todas las provincias entendieron que se había agotado el plazo que le habían dado a la Casa Rosada para responder a sus reclamos de mayor distribución de fondos, y decidieron dar un paso más al presentar en el Senado sendos proyectos de ley para ampliar las partidas de ATN y cumplir con la coparticipación del impuesto a los combustibles. La revuelta que se había iniciado la semana anterior en la cumbre del CFI ahora tenía una traducción concreta. “Hay consenso mayoritario para avanzar en el Congreso. No es una amenaza, ya no hay marcha atrás”, aseguró un gobernador moderado que aclara que las propuestas no agravan el déficit.

Al día siguiente tendría lugar el tercer acto en la Cámara de Diputados, en una sesión que trascendió porque terminó con insultos y empujones como viene ocurriendo últimamente, pero que tuvo un trasfondo más importante. Pese a las escasas expectativas previas de que se pudiera abrir el debate, un amplio conglomerado que se nutrió de opositores furiosos al Gobierno pero también de actores que hasta hace poco eran aliados, logró el quórum para iniciar una sesión que pareció un Lollapalooza legislativo. Cada sector tenía su propia iniciativa y había en el temario desde los emplazamientos por el financiamiento universitario y la emergencia en el Garrahan, hasta las retenciones y el cambio del huso horario del país.

El oficialismo quedó como testigo en una sesión donde los proyectos pasaban casi sin filtro y que no terminó en una verdadera catástrofe para el Gobierno porque emergieron todas las diferencias que anidan entre las distintas tribus opositoras. Si bien varios abonaron la teoría de una entente entre libertarios y kirchneristas para abortar el debate, puede ser una lectura que sobreestime la capacidad de acción que tenía en ese momento LLA. No había quién pudiera negociar nada en nombre de nadie. Sólo hubo una confluencia de intereses en evitar la regulación de los DNU, unos por las necesidades del presente; los otros, por las de un supuesto futuro. Hay una convicción en ambos campamentos de que cada vez va a ser más difícil lograr mayorías en el Congreso y que los decretos terminarán siendo la alternativa para gobernar.

La escena de cierre se daría el jueves otra vez en el Senado, y nuevamente con los proyectos jubilatorios, pero en Presupuesto y Hacienda (además de una iniciativa sobre discapacidad). Su presidente, el libertario Ezequiel Atauche, se resistía a convocarla pero fue desbordado por un operativo comando que le tomó la comisión. El vice, el peronista Fernando Salino, asumió el control y permitió la firma del dictamen en todos los proyectos. Atauche le pidió a Victoria Villarruel que no mandara al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, para que no validara la reunión, en un gesto desesperado para restarle legalidad. La vicepresidenta lo envió igual, aunque con el mandato de expresar que no era reglamentario el debate. Sin cámaras, en medio de un clima enrarecido y con todos los puentes cortados, las iniciativas quedaron en condiciones de ser tratadas en el recinto.

La inédita secuencia de episodios demostró cómo se profundizó el corrimiento de los aliados del oficialismo, que empezaron a jugar sin ruborizarse en confluencia con los opositores más duros. También que empezó a imperar un desorden operativo en el Congreso, en el que las comisiones son desbordadas por la arremetida de las mayorías, y en el que las sesiones están regidas por una dinámica aluvional y muchas veces violenta. En esa lógica tumultuosa, las minorías oficialistas llevan las de perder. Los tecnicismos parlamentarios se agotaron como vías de dilación.

Pero lo más preocupante es que esa seguidilla de traspiés exhibió una pasividad y una impotencia alarmantes en el Gobierno. Nadie hizo llamados preventivos ni hubo gestiones políticas. Se rompió el mecanismo de contención que tantas veces había salvado a la Casa Rosada de derrotas sonoras. La resignación que imperó en las filas libertarias fue inédita.

Un diputado que participó de la sesión del miércoles retrató: “Estábamos como espectadores, nos podían haber aprobado cualquier cosa. Nunca nos había pasado antes”. Un senador que intentó frenar la ofensiva en su cámara admite que “la ola opositora es grande y muy difícil de frenarla. Lo novedoso es que se sumaron los gobernadores a esta ofensiva, entonces es imposible resistir”. El Senado, especialmente, está fuera de control, y la oposición olió sangre. Allí LLA tiene seis legisladores, la vicepresidenta está fuera de juego, Karina Milei no tiene intérpretes y las promesas de Guillermo Francos a los gobernadores ya no rinden.

Esta semana el cuadro podría agravarse. El oficialismo tiene información de que la nueva alianza que los enfrenta prepara una megasesión para el jueves, en la cual podrían convertir en ley los tres proyectos jubilatorios y darle media sanción a las dos iniciativas de los gobernadores. “Viene para una goleada 5 a 0”, ilustró en clave futbolística un senador del espacio. Todos los proyectos tienen destino de veto presidencial, tal como anticipó el propio Milei, así que habrá que ver qué potencia tiene la ofensiva para insistir después.

En el oficialismo hay dos predicciones. Están los que minimizan los alcances de la embestida y sostienen que sólo es una expresión del malestar de los gobernadores porque no les abren la canilla de fondos, y del enojo de legisladores que tenían más aspiraciones en el reparto de las listas electorales. Confían en que no habrá tiempo ni voluntad para insistir. Para ellos se trata de escaramuzas preelectorales.

Otros, en cambio, aseguran que “esta vez va a ser mucho más difícil sostener los vetos porque perdimos el núcleo que el año pasado nos permitió resistir”. El término “resistir” aparece muy recurrentemente en la terminología del Gobierno, asociado a la necesidad de pasar el turbulento interregno hasta octubre, un camino que le puede resultar muy pedregoso si no enfría la dinámica adversa.

Pero el problema mayor para Milei es que esta arremetida de viejos enemigos y entrañables exaliados impacta en las expectativas del mercado, que observa con preocupación cómo queda bajo asedio el corazón del programa económico: el equilibrio fiscal. Según el oficialismo, el proyecto de discapacidad es tres veces más costoso que los previsionales, y la moratoria implicará la incorporación de 500.000 nuevos jubilados. Para los fondos de inversión, son señales de que el Gobierno no puede garantizar sustentabilidad a futuro de su programa.

Además, todo esto ocurre en un momento de renovada inquietud por el triángulo de las expectativas frustradas: tipo de cambio + falta de acumulación de reservas + déficit de la cuenta corriente. Si a eso se le agrega la intranquilidad que aportó la detención de Cristina Kirchner porque le permitió recuperar protagonismo, y el fallo adverso por YPF, se puede entender por qué los últimos informes de las grandes calificadoras son tan cautas. Se trata de una enorme paradoja: el gobierno más liberal de toda la historia argentina parece retener mayor confianza y expectativa entre los votantes que entre los operadores del mercado. Quizás porque unos no tienen más alternativa que creer, y los otros sí tienen opciones para invertir.

En la Casa Rosada anidan algunas miradas drásticas sobre todo este proceso. En uno de los sectores internos más influyentes compartieron este diagnóstico: “El Gobierno atraviesa la peor crisis de gobernabilidad desde la asunción del presidente Milei, y la situación empieza a generar inestabilidad en la economía a cuatro meses de la elección. La relación política del Ejecutivo con el Congreso y los gobernadores aliados está absolutamente fuera de control”. Parece un dictado de Cristina Kirchner, pero surge de las entrañas del poder.

Santiago Caputo viene expresando su preocupación por la gobernabilidad y el incumplimento de los pactos con los aliados. Entiende que todo lo que ocurrió esta semana es producto de esos descuidos, que atribuye directamente al tándem de Lule y Martín Menem. Quizás un eufemismo para no decir Karina Milei. En su equipo disimulan y dicen que los Menem no le cuentan todo lo que pasa a la secretaria general. Otro capítulo de la novela clásica “el culpable es el entorno”.

Hace un mes, hubo una suerte de cumbre entre Caputo y la hermana presidencial para ordenar la interacción entre la gestión y la estrategia electoral. Fue un fracaso absoluto, porque desde entonces la desconexión se ahondó. Solo alcanza con un detalle: el asesor le bloqueó el contacto a Lule Menem y directamente cortó la conversación.

En la vereda karinista atribuyen esta agitación a que Caputo viene perdiendo incidencia interna, como se evidencia en los cierres de lista en las provincias. Allí está dominando claramente la estrategia de los Menem de competir con LLA en todos los lugares posibles, más allá del vínculo político que haya con el gobernador local.

El ejemplo más reciente fue el cierre de alianzas en Corrientes, en donde a pesar de la enorme sintonía con Gustavo Valdés se resolvió ir con un candidato propio y no compartir listas (fue un caso testigo que generó un fuerte impacto en el chat de gobernadores, porque muchos pensaron que si así trataron al que más acompañó al Gobierno, qué le espera al resto).

El argumento oficial fue que “Valdés quería poner de candidato a su hermano y si lo acompañábamos hubiésemos avalado otra expresión de nepotismo”. Los caputistas sostenían que había que cerrar con el radical y sumar a Camau Espínola, quien también se quedó del otro lado. Francos, el interlocutor natural con los gobernadores y con la oposición, busca hacer equilibrio entre las dos alas, pero no está en desacuerdo con la idea de “fortalecer lo propio”. Quizás guarde algún rencor con Santiago Caputo.

En este enfrentamiento de miradas, hay un elemento central: la prescindencia de Milei hace que cada sector se sienta tributario de su pensamiento. Las Fuerzas del Cielo aseguran que el mandato principal del Presidente es priorizar la gobernabilidad como sostén del plan económico y que su foco está exclusivamente puesto en las elecciones nacionales de octubre. Las Fuerzas de la Tierra, en cambio, traducen que acordar con los gobernadores es “pactar con la casta” y que necesitan construir un andamiaje propio más fuerte para no depender de vínculos volátiles y caros. Los dos sectores creen interpretar el mandato de un líder que no parece intuir un riesgo detrás de estas disputas.

Es natural una colisión de estas características, porque es la primera vez que los libertarios enfrentan el desafío de tener que estructurar una oferta electoral, mientras que al mismo tiempo deben gobernar. Aunque muy relacionadas entre sí, son dos ciencias distintas. Y el Gobierno parece tener mejor resuelta la primera ecuación que la segunda.

Si bien hay indicios evidentes de estrés en el programa económico, no sólo por lo monetario y financiero, sino por la falta de señales más robustas de recuperación productiva, no parece que ese cuadro termine de configurar un clima adverso para los libertarios de cara a octubre. Le podría alcanzar con la estabilización macro y la reducción de la inflación.

Hay allí una clave que define la disputa de octubre: cuál es la pregunta ordenadora de la elección. Si el Gobierno impone su eslogan “kirchnerismo o libertad”, ganará la batalla, porque eso implicaría que el debate girará en torno del pasado y prevalecerá una comparación entre la situación actual y la del gobierno anterior, donde sale muy favorecido.

Si por el contrario, el peronismo prevalece con la idea “Milei o patria”, la discusión será en torno del presente, de los déficits de la gestión, del impacto del ajuste y de los riesgos de recesión y desempleo. Según las encuestas, la memoria negativa del último mandato peronista sigue vigente y los libertarios tienen logros para mostrar y dominar esa disputa de marcos narrativos. Además influye que LLA mantiene una promesa vigente que deberá cumplir, mientras que el peronismo todavía no logró articular una propuesta alternativa y renovada que supere el mero rechazo al plan libertario.

La segunda variable es la que hoy genera más dudas, incluso que lo electoral. Ahí la pregunta central gira alrededor de la capacidad de LLA de garantizar la continuidad del plan de gobierno que se trazó Milei, no sólo para la transición hasta diciembre, cuando se renueven las cámaras, sino especialmente para la segunda mitad de su mandato. Porque esa partida ya se está jugando a partir de ahora y empieza en las definiciones electorales.

¿Está Milei imaginando que un gran triunfo electoral diluirá las resistencias y hará volver a los viejos aliados mansos y resignados a su redil? ¿No va a necesitar de una configuración política más voluminosa que la que le puede aportar LLA, aún después de una victoria en las urnas? ¿Explora la idea de una tonificación de su equipo ministerial para afrontar el desafío de las reformas que planea?

Las respuestas dependerán de cómo terminen configuradas las listas, porque eso definirá los contornos del oficialismo para una etapa decisiva. Cuánto componente violeta puro tendrá, cuánto reciclado, cuánto aliado. También será clave el sostenimiento de los vínculos con los gobernadores cooperativos, a sabiendas de que ni con el mejor resultado posible el Gobierno logrará mayorías propias en el Congreso. Cuán lesionadas quedarán esas relaciones, hasta qué punto habrá competencias consensuadas.

La nueva oposición ampliada ya está jugando la partida de la segunda mitad del mandato. Milei también. Por eso el empinamiento de la disputa se aceleró. No sólo está en juego el resultado electoral. Lo que se decide también es la ecuación de fuerzas para los próximos dos años.

Por Jorge Liotti

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