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La oposición acusó al Gobierno de aprovechar el Mundial para aumentar por decreto el gasto público
El Poder Ejecutivo dictó un DNU por el cual amplió el presupuesto en $1,5 billón; denuncian que el oficialismo tiene paralizada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para evitar el control
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LA NACIONLaura Serra
Ya es un clásico: en un contexto inflacionario, el Poder Ejecutivo apeló una vez más a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para cubrir los gastos presupuestarios acumulados a fin de año. Sin embargo, en este último decreto –el 829/2022- el Gobierno no sólo aumentó el gasto –en este caso por un total de $1,53 billón- sino también dispuso otra importante suba de la deuda pública por poco más de un billón de pesos.
“En pleno Mundial de Fútbol y a 16 días de terminar el año, el Gobierno emite un DNU para subir el gasto y autorizarse a sí mismo a contraer más deuda”, advirtieron los diputados de la UCR encabezados por su jefe de bloque, Mario Negri, y Lisandro Nieri, este último miembro de la Comisión de Presupuesto.
Los opositores se sienten impotentes ante cada decreto del Gobierno: el kirchnerismo, que controla la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo –encargada de supervisar los decretos del Poder Ejecutivo-, sólo la convocó una vez en todo lo que va del año. Como consecuencia de esta parálisis, ya suman 68 los decretos sin aval legislativo.
“El Gobierno nacional saltea el control del Congreso mientras hace la pantomima de pedir diálogo a la oposición”, despotrican.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) realizó un detalle minucioso del articulado y de las 627 páginas anexas que constituyen este último decreto. Allí da cuenta que el Gobierno dispuso un incremento en el cálculo de recursos por $406.242,4 millones y un aumento de gastos por $1.513.667,0 millones.
“Esto determina una desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de $1.107.424,6 millones”, señala ASAP, que detalla que en el mismo decreto las fuentes aumentan en $2,2 billones y las aplicaciones financieras en $1,09 billón.
Entre los principales aumentos presupuestarios figuran:
- *Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: se incrementa el presupuesto vigente en $486.961,3 millones, básicamente destinados al pago de prestaciones previsionales, asignaciones familiares, para el programa de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), entre otros rubros.
- *Servicios de la Deuda Pública: se aumentan los créditos en $426.435 millones.
- *Ministerio de Desarrollo Social: se refuerza el presupuesto en $124.975,2 millones, de los cuales $75.519,7 millones son asignados al programa Potenciar Trabajo y $45.561,4 millones a Políticas Alimentarias. Además, los gastos en personal aumentan en $2.596 millones.
- *Ministerio de Seguridad: se aumenta el presupuesto vigente en $114.009,7 millones.
- *Presidencia de la Nación: se amplían los créditos por 57.312,6 millones, de los cuales $52.561,5 millones son destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad principalmente para la atención de pensiones no contributivas.
- *Ministerio de Educación: se refuerzan las partidas en $44.231,1 millones.
- *Poder Judicial de la Nación: se amplían los créditos en $17.160,0 millones. Se destinan $15.560,0 millones al Consejo de la Magistratura y $1.600,0 millones a la Corte Suprema, en ambos casos principalmente para Gastos en Personal.
- *Ministerio de Transporte: se aumentan los créditos en $16.988,2 millones.
En el articulado del DNU aparecen algunos datos que, para la oposición, son por demás controvertidos. Uno de ellos es el que prorroga el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País por $48.000 millones. Se trata de los subsidios que reciben las empresas de transporte provinciales para sus respectivas tarifas.
“Este es un monto muy por debajo de lo que las provincias esperaban. Se condena al interior del país a pagar un boleto mucho más caro que en el área metropolitana”, despotricó el mendocino Nieri.
Por otra parte, el diputado radical advirtió que este último decreto confirma que los planes Soja I y Soja II, por los cuales el Ministerio de Economía subsidió a los exportadores de soja para inducir la liquidación de sus cosechas, serán afrontados con mayor emisión del Banco Central, que tomó títulos de deuda pública del Tesoro. “Esa deuda pública será afrontada con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es decir, con plata de los jubilados, como así también de los Fondos Fiduciarios”, denunció.
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