La política de “lenguaje claro” en las sentencias volvió a exponer las diferencias entre Ricardo Lorenzetti y los demás jueces de la Corte
Una mayoría formada por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda dictó lineamientos sobre cómo escribir fallos, pero su colega escribió que la decisión fue “precaria” y “limitadísima”
LA NACION
Ni siquiera la necesidad de que los jueces escriban sus sentencias de manera clara logró poner de acuerdo de manera unánime a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Las diferencias dentro del tribunal entre la mayoría integrada por el presidente, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y el juez Juan Carlos Maqueda, por un lado, y el magistrado Ricardo Lorenzetti, por el otro, se expusieron una vez más. En este caso el motivo fue una resolución del máximo tribunal para fortalecer el uso del “lenguaje claro” en los fallos.
La disidencia de Lorenzetti fue lapidaria con lo sostenido por sus colegas: habló de una decisión “limitadísima”, “meramente declarativa”, “precaria” e “impropia”, en un tono infrecuente para el trato entre magistrados.
La mayoría de la Corte aprobó el 10 de octubre pasado la resolución 2640, que dispone una serie de lineamientos generales para la redacción de sentencias en lenguaje claro y además crea una comisión interna para elaborar informes y una propuesta que complemente esas reglas generales. Asimismo, prevé monitorear las sentencias para recopilar los tecnicismos y detectar oportunidades de mejora en la claridad de los fallos.
Rosatti tiene una preocupación particular sobre este asunto. De hecho, su tesis como Doctor en Historia de la Universidad Católica Argentina (UCA) es sobre el lenguaje de la Corte y allí consideró que la falta de entendimiento hace que las sentencias se malinterpreten o desoigan y cuestionó el lenguaje de los fallos.
A la resolución de la mayoría, le siguió la disidencia de Lorenzetti, que en nueve carillas pulverizó la iniciativa de sus colegas. Dijo que el lenguaje claro en las sentencias se impulsó desde hace 20 años en la Argentina, cuando él presidía la Corte, y que una decisión del tribunal debería sistematizar lo existente en el país y en el derecho comparado en este sentido. “Lo que se propone lamentablemente es limitadísimo, meramente declarativo”, escribió el juez.
Recordó que como política de Estado el lenguaje claro comenzó en 2004 y se aprobó en la primera Conferencia Nacional de Jueces de 2006, en Santa Fe, cuando Enrique Santiago Petracchi presidía al Corte y Lorenzetti la integraba. Relató que luego fue abordado el asunto en otras acordadas de 2007, 2008 y 2013.
Lorenzetti criticó la iniciativa de sus colegas porque dijo que puede ser útil para un protocolo interno, pero no para una acordada con efectos generales, porque “no se puede dictar una norma supeditada a lo que determine una comisión”. Dijo que es “una decisión precaria, que debe completarse a futuro” y señaló que “lo extraño es dictar una norma para regular a quien la emite”.
“Es más claro hacer las sentencias con claridad que redactarlas de modo oscuro y dictar una norma para decir que sean claras”, ironizó Lorenzetti, que llamó a reconocer los antecedentes en esta materia del lenguaje claro, sobre todo, las normas dictadas por los poderes judiciales de 15 provincias, varios países latinoamericanos y los manuales de la Procuración del Tesoro, entre otros avances.
“La propuesta se enfoca en los aspectos menos relevantes de esta cuestión ignorando la riqueza del tema”, criticó el juez que dijo que el discurso jurídico debe ser expresado en términos comprensibles, distinguiendo sus destinatarios. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de poner límites en la regulación del lenguaje, para no interferir en la independencia judicial.
La disidencia de Lorenzetti es una evidencia pública más del funcionamiento de la Corte en estas cuestiones de gestión. Tal vez la grieta más evidente quedó expuesta el 20 de abril pasado, cuando la mayoría separó de su cargo al administrador de la Corte, Héctor Marchi, y Lorenzetti salió en su defensa con una disidencia en la que señaló que “desprestigia a la Corte sancionar a funcionarios que cumplen con la ley”.
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