La Procuración de Entre Ríos dictaminó que la candidatura que llevó al poder a un intendente en 2023 fue ilegal

La Procuración de Entre Ríos dictaminó hoy que la candidatura de Mauricio Germán Davico para ser intendente de Gualeguaychú, que lo llevó en definitiva al cargo, fue ilegal. Ahora el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJER) deberá resolver el planteo que inició con una catarata de impugnaciones durante las PASO de 2023.

Davico es amigo personal del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y exintegrante del grupo de cumbia Ráfaga.

Davico asumió como intendente de la ciudad de Gualeguaychú hace un año y cinco meses, pero recién el último 13 de Mayo el Procurador Adjunto de Entre Ríos dictaminó que su candidatura fue ilegal.

Según explicó César Ariel Cesario en el dictamen de 21 páginas, Davico no reunía los requisitos con los requisitos establecidos en la normativa vigente para competir como candidato por el Ejecutivo de la ciudad del sur entrerriano. Reconoció “la admisibilidad y procedencia de la acción de inconstitucionalidad planteada por los actores por entender que el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos ha dictado una resolución en franca violación a la Constitución Provincial”. También sostuvo que “la consecuencia de ello deberá ser la declaración de nulidad por inconstitucionalidad”.

Su opinión es consecuente con cada una de las intervenciones que el Procurador General de la Provincia, Jorge Amilcar García, realizó durante el derrotero de impugnaciones que comenzó cuando Davico apenas era precandidato a intendente dentro de la interna de Juntos Entre Ríos, de la mano de la figura de Rogelio Frigerio, que aspiraba como conductor del espacio en la provincia.

Afiliados radicales y de Pro presentaron recursos de inconstitucionalidad pero los planteos fueron declarados improcedentes por considerarse que Davico no era candidato, sino “precandidato”. El principal argumento del Tribunal Electoral de Entre Ríos para desestimarla fue que los precandidatos “no persiguen un triunfo para ocupar un cargo electivo, sino el derecho a participar de la elección general”.

En el trayecto previo a las elecciones generales de ese año, Davico sumó nuevas impugnaciones: entre ellas una acción presentada por referentes de La Libertad Avanza Entre Ríos (entre ellas la actual diputada provincial Liliana Salinas), junto a las correspondientes apelaciones a la resolución negativa del Tribunal Electoral frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto antes de las PASO.

Toda la campaña electoral del actual intendente de Gualeguaychú estuvo signada por la acusación de la ilegalidad de su candidatura, aunque Davico se salió con las suyas y resultó elegido como el candidato del espacio Juntos, primero, y como presidente comunal en octubre de 2023.

La Junta Electoral Departamental resolvió en el mismo sentido que antes de las PASO: le dio lugar al planteo de quienes impugnaron, considerando que Davico no acreditaba residencia en la ciudad (era intendente de una localidad vecina a Gualeguaychú -Pueblo General Belgrano- desde 2015) y que no se garantizaba la alternancia democrática que consigna la Constitución Provincial ya que se trataba de un tercer período consecutivo como intendente.

Desde el espacio político de Davico sostuvieron que el dictamen es “insólito y atemporal”. En diálogo con Radio 2820 Darío Carrazza, uno de los integrantes del equipo legal y técnico del intendente, aseguró: “No conocí una maniobra igual en los casi 40 años que tengo de profesión”, a la vez que aseguró “no estar preocupado” por la resolución de la situación.

El Tribunal Electoral de Entre Ríos habilitó la candidatura de Davico pocos días después de la polémica suscitada por una foto que daba cuenta una reunión entre la entonces presidenta del STJER –la vocal Susana Medina- con quien fue el candidato a gobernador de Juntos Entre Ríos: Frigerio.

Luego de aquella polémica vinieron las reuniones con otros candidatos. Medina, además comandaba el Tribunal Electoral que habilitó a contrarreloj la presencia de Davico en las elecciones generales de las que resultó ganador. El nombre de Susana Medina sonó fuerte tiempo después, cuando surgió una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no le alcanzó, ni siquiera con el argumento de que una mujer debía ocupar el lugar que dejaba Elena Highton.

Inmediatamente después de la definición del Tribunal Electoral, fueron interpuestos nuevos recursos para apelar la habilitación, los cuales continuaron su derrotero hasta llegar al escritorio del Procurador Adjunto -Interino- César Ariel Cesario, el pasado 5 de mayo.

Cuando el reclamo llegó a la Justicia, Medina se excusó de intervenir, argumentando que había integrado el Tribunal Electoral, aunque condujo el proceso judicial que no llegó a ningún puerto antes de los comicios generales de octubre de 2023. Frente al cambio de presidencia en el STJER, los abogados que impulsaron los recursos que apelaron la definición del Tribunal Electoral, solicitaron que se corra traslado del expediente, a fines del año pasado el pedido fue contestado y solicitaron el dictamen correspondiente a la Procuración, como paso previo al fallo del máximo órgano judicial entrerriano.

Para definir si la candidatura de Davico fue ilegal en 2023, y las consiguientes consecuencias que esto podría haber acarreado durante este año y medio- hace falta reunir una mayoría de al menos cinco de los nueve votos de los miembros del STJER.

¿Qué hará el mayor órgano judicial de esa provincia? La salida más elegante de un conflicto abonado por el propio accionar de sus miembros en diferentes instancias de este peregrinar podría ser declarar abstracto el asunto, ya que la candidatura de Davico como tal no existe.

En declaraciones posteriores al dictamen de la Procuración, Davico deslizó esa posibilidad: “Es un dictamen no del Poder Judicial, sino de un auxiliar de la justicia, es no vinculante. Primero estoy ocupado con la gestión, y este tema es abstracto, la gente ya me eligió. No sé cuál será el fin, deslegitimar a los ciudadanos”, opinó.

Cabe preguntarse si el Legislativo local requerirá la presencia de Davico para dar cuenta su situación judicial en materia de ética política y si esto tendrá algún correlato posterior. También vale decir que si la resolución fuera otro revés para Davico, podría ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que debería ser habilitado también por el STJER, y lo que dejaría –en una resolución sin precedentes- a la viceintendente de esa ciudad, Julieta Carrazza, como jefa del Ejecutivo de Gualeguaychú. Vale decir que la candidatura de Davico también sentó un antecedente, una manera de hacer política electoral nunca antes vista en la Provincia.

Otra alternativa es que el Poder Judicial deje transcurrir el tiempo, como lo ha hecho hasta este momento. Lo cierto es que la política de los hechos consumados, el mensaje confuso a la sociedad y el debilitamiento de las instituciones democráticas, han sido garantizados por el accionar judicial entrerriano.

Por Paola Robles Duarte

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