La Procuración dictaminó que el amparo de la Ciudad por la coparticipación federal debe tramitar en la Corte
LA NACION
La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal donde debe tramitar el recurso de amparo que presentó la ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno nacional en reclamo para que se declare nulo e inconstitucionalel decreto que lo privó de parte de los fondos de la coparticipación federal.
El dictamen fue firmado por la procuradora ante la Corte Laura Monti, que concluyó que "el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal".
Argumentó que la propia Corte reconoció de manera general que la posibilidad de que la acción de amparo tramite ante sus estrados siempre que se trate de un caso de su competencia originaria
Mencionó entre los antecedentes de la Corte en ese sentido en un fallo -por mayoría- del 4 de abril de 2019- en el que se planteó un conflicto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba sobre una ejecución fiscal.
Allí la Corte entendió que la Ciudad "tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Por eso es que la procuradora fiscal ante la Corte dijo que toda vez que la Ciudad demanda al Estado Nacional, "la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia".
Ahora la pelota volvió al campo de la Corte, que tiene que decidir su próxima jugada: darle traslado a la Nación para que se pronuncie sobre la medida cautelar que pidió Horacio Rodríguez Larreta para que dejen de descontarle fondos coparticipables.
Tras el decreto 735 de Alberto Fernández de hace 15 días se dejaron de enviar unos 150 millones de pesos diarios a la Ciudad para pagar el aumento de sueldo a los policías bonaerenses.
El porcentaje de recorte de la coparticipación es del 1,18% y significa para la Ciudad, a valores de 2020, la pérdida de 36.000 millones de pesos.
Por eso es que Rodríguez Larreta presentó un amparo en la Corte para anular ese decreto y pidió como medida cautelar que se dejen de lado los descuentos y que les devuelvan lo descontado, más los intereses.
La Ciudad le dijo a la Corte que en al Constitución "no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación".
Y le señaló: "La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad de Buenos Aires".
Los coeficientes sucesivamente asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron siempre establecidos mediante actos bilaterales entre la Ciudad y el Estado Nacional, destacó la Ciudad.
"En tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna", señaló el escrito.
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