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Senado: duro debate por el proyecto que recortaría más fondos a la Ciudad
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LA NACIONGustavo Ybarra
La puja entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por los recursos que recibe la Capital tuvo un nuevo capítulo en el Senado con un duelo entre funcionarios del Ministerio de Seguridad, que defendieron el recorte de fondos para financiar la policía, y los senadores de Juntos por el Cambio, que denunciaron la arbitrariedad y la inequidad de la medida.
La polémica también se trasladó al capítulo jurídico del debate, en el que constitucionalistas discreparon sobre la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para disponer por decreto y de manera unilateral la coparticipación federal de alguno de los 24 distritos.
El debate continuará mañana, a partir de las 13, y se espera que el Frente de Todos avance con la firma del dictamen al proyecto de ley que convierte en una partida del presupuesto nacional los fondos que la Nación le gira a la Capital por la transferencia de las funciones de la Policía Federal al distrito.
La iniciativa, que el oficialismo pretende llevar al recinto de la Cámara alta la semana próxima, fija en $24.500 millones la partida para el presente ejercicio, una cifra sensiblemente menor a la pretendida por la administración de Rodríguez Larreta, que se actualizará de acuerdo a una fórmula compuesta en una relación de 80-20 por los índices salarial y de precios al consumidor.
El tramo inicial de la discusión en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda correspondió a los funcionarios de la cartera de Seguridad, quienes defendieron la decisión del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, Daniel Fihman, secretario de Coordinación, Bienestar y Control del Ministerio de Seguridad, dijo que los $24.500 millones surgen del convenio firmado por la Ciudad con el Gobierno de Macri, y cuestionó esa cifra por no tener un sustento teórico.
En ese sentido, dijo que la Ciudad ha recibido más fondos aún si se toman en cuenta el valor de los bienes muebles e inmuebles. "La inversión que en su momento no fue valorizada, y que es importante que se conozca, alcanza la suma de casi 27 mil millones", afirmó.
En la misma línea se manifestó Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, al remarcar que el traspaso entre Macri y Larreta se realizó "sin contar con un informe técnico que explicite cuáles fueron los criterios que utilizó en ese momento el Gobierno nacional para definir cuáles son las estructuras necesarias".
Por su parte, Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, dejó entrever un exceso de personal policial en la Ciudad. Tras estimar en 32.000 los efectivos, dijo que los parámetros de la ONU estiman un promedio de 300 policías por cada 100.000 habitantes.
"Este cálculo nos daría que con 9000 efectivos la policía de la ciudad de Buenos Aires podría estar satisfaciendo las necesidades de regulación en seguridad", agregó.
"¿El Gobierno está sugiriendo que tenemos que retirar agentes porque tenemos muchos?", lo cruzó la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital). "Expliciten que les gustaría ver que haya menos policías o policías peor pagados", se sumó Martín Lousteau (UCR-Capital).
El legislador también rechazó las cifras de los funcionarios nacionales, al afirmar que la base que tomó el Gobierno para calcular la transferencia es equivocada.
"Deberíamos estar discutiendo sobre los números para saber cuáles tienen que ser los montos transferidos y no que sea algo que se hace de la noche a la mañana y sobre un cálculo que es muy discutible", sentenció Lousteau.
El tramo final del plenario estuvo centrado en el debate jurídico sobre la facultad del poder central para disponer por decreto de las cuotas de coparticipación federal de impuestos.
La intervención del constitucionalista Andrés Gil Domínguez generó polémica cuando consideró que la decisión presidencial de recortar en un punto la coparticipación de la Ciudad fue posible porque sigue demorada la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, en mora desde 1996.
"Las modificaciones no se pueden realizarse sin la aprobación de la provincia o de la Ciudad", lo cruzó el constitucionalista Antonio Hernández. "El decreto es abiertamente inconstitucional porque el Presidente no tiene competencia en la materia", agregó el exdiputado radical.
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