La responsabilidad de los magistrados

Se critica a dos magistrados por ordenar la prisión preventiva de Isabel Perón en la investigación de la Triple A, alegando que se exceden y sobreactúan, consecuencia de la politización y falta de independencia de la Justicia. Tienen razón, pero estos males existen desde hace mucho tiempo -recordar por ejemplo la sugestiva detención y liberación de Menem- y no van a cesar porque aquí se moderen.

Quizás esto sirva para que, al sufrir en carne propia, todos reflexionen sobre la importancia de una Justicia confiable.

Por otro lado se está cumpliendo la ley inexorable de que nuestros ex presidentes terminan en los estrados judiciales.

Aunque no confío en que esta Justicia investigue demasiado, el debate será positivo (una gran mayoría piensa así, según una encuesta realizada recientemente por la encuestadora OPSM).

En algún momento la Argentina tiene que conocer cuándo, cómo y por qué se resolvió la represión ilegal, la secuencia de los hechos, cuáles fueron sus causas y cuáles sus responsables, próximos y remotos. Y, también, qué situación enfrentaban quienes tomaron estas terribles decisiones.

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Se podrá revisar la responsabilidad que le cabe al Estado cubano en la promoción de insurgencia argentina y en la coordinación internacional de la guerrilla, lo que, en la peregrina tesis de la Corte Suprema de Justicia, avalaría la calificación de "lesa humanidad" de sus crímenes.

No es menor el tema de la destrucción de las vías legales, que se consumó el 25 de mayo de 1973 cuando se disolvió la Cámara Federal en lo Penal -que entre 1971 y 1973 había juzgado y condenado a centenares de subversivos- se liberaron a condenados, se dictó la ley de amnistía y se derogaron leyes antisubversivas.

También se podrá indagar por qué los amnistiados continuaron atacando al gobierno constitucional.

Se profundizará el fallido intento de López Rega de rearmar la Cámara Federal, por el que llegó a reunirse con ex camaristas. También, qué hizo o pudo hacer la Justicia durante el gobierno constitucional, en el que no dictó una sola condena.

Se puede investigar la responsabilidad de Perón, que primero fomentó la insurgencia hablando de una juventud maravillosa, y luego intentó frenarla; también corresponderá indagar por qué fue resistida la legislación que propuso el mismo Perón para reemplazar las leyes anuladas, pese al marco de legalidad que creaba, que finalmente llegó tarde y fue inútil.

En otras palabras, se podrá revisar la responsabilidad de quienes destruyeron o hicieron imposibles las soluciones legales de la represión, pues, aunque ello de ninguna forma justifica lo que ocurrió después, indica que hubo más responsables.

También se podrá analizar por qué, luego de la reanudación de la democracia en 1983, la Conadep sólo investigó hasta el 24 de marzo de 1976, en una decisión que provocó la extensa y fundada renuncia de Favaloro, hasta ahora nunca dada a conocer.

Y quizá lleve a reflexionar sobre el tema de la prescripción de los delitos de lesa humanidad, y la curiosa interpretación de nuestra Corte Suprema, que contradice la postura que existe en la comunidad internacional, como explicó recientemente en LA NACION el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo.