El poder sin límites
Hace ya casi 20 años, el politólogo Guillermo O'Donnell se anticipaba en su descripción de las democracias delegativas a un modelo que podemos aplicar perfectamente al kirchnerismo.
Decía en un trabajo publicado en el Journal of Democracy , en 1994: "Las democracias delegativas se basan en la premisa de que quien sea que gane una elección presidencial, tendrá derecho a gobernar como él [o ella] considere apropiado". "El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses."
Para este tipo de gobiernos, las elecciones son plebiscitos que transforman votos en legitimaciones activas que superan todo límite, incluso los constitucionales, arrasando con el respeto de las libertades, los derechos y las instituciones. Es que para estos gobiernos es derecho lo que ellos quieren que lo sea, por ejemplo, a través de decretos o de leyes sustentadas en mayorías automáticas.
"Un proyecto de cambio necesariamente tiene que modificar el aparato institucional. Cada cambio histórico [...] debe modificar el cuadro institucional de manera que asegure la hegemonía más amplia de los sectores populares", le dijo Ernesto Laclau -sustento en mucho del modelo kirchnerista- a La Nacion el 8 de enero.
No podemos confundirnos. Es en el marco de estas citas donde se inscribe la atribución de poderes de control al papel de diarios al secretario de Comercio, que consuma el exceso de una ley inconstitucional.
Sin eufemismos, se trata de un medio de control directo sobre la prensa. No hay otra razón para controlar todo el papel para diarios. Si antes se trataba de argumentar sólo por una empresa, ahora está claro que lo que se advertía era realidad: cualquier diario argentino puede depender del Gobierno para ser leído por los ciudadanos. Y no hay peor peligro que el monopolio ejercido por el Estado, por cuanto la razón última del derecho a expresarse es poder hacerlo aun contra la opinión de quienes gobiernan.
Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce a la libertad de expresión como un derecho fundamental, no lo está planteando como una prerrogativa exclusiva de los grandes medios de comunicación, sino como un derecho humano de todos los individuos a expresarse e informarse, requisito indispensable para la democracia. Por ello, no se trata de defender corporaciones, sino libertades.
Plantado en su modelo, el kirchnerismo se ha transformado en el nuevo intermediario entre nuestros derechos y el ejercicio de nuestras libertades. Pero las libertades no necesitan intérpretes, sino sólo garantes. Y para esto está la Constitución.
Es verdad que el voto otorga poder, pero la única razón del poder de quien gobierna debe de ser el bien común. En este caso, trabajando en las urgencias de los argentinos que pasan por la desigualdad, la falta de vivienda, la inseguridad, la inflación, que no se hacen invisibles porque se trate de evitar que aparezcan en los diarios. Sería deseable que el Gobierno reconociera en esos problemas, y no en la prensa, a los verdaderos enemigos de la sociedad.
El autor es diputado nacional por el peronismo disidente
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