La UCR vuelve a la carga para limitar el poder de los sindicatos antes de un nuevo paro de la CGT contra Javier Milei
Martín Tetaz busca otra vez avanzar con una reforma que limitaría el poder de recaudación de los gremios; la iniciativa no prosperó el año pasado tras un acuerdo entre el Gobierno y la central obrera
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El diputado nacional radical Martín Tetaz, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, reabrió el debate para que solo los afiliados paguen la “cuota solidaria”. La medida reduciría drásticamente los ingresos de los gremios y afectaría su poder económico y de representación, ya que se trata de un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, y que es pactada con los empresarios en los convenios colectivos.
El año pasado, la UCR intentó sin éxito una reforma gremial más amplia, bloqueada por un acuerdo entre el Gobierno y la CGT. Ahora, con un nuevo paro general en puerta, el radicalismo ve una nueva oportunidad para avanzar.
“Solo se está discutiendo la cuota sindical y los descuentos en los recibos de sueldo”, aclaró Tetaz a LA NACION. En una reunión informativa, se presentaron seis proyectos sobre el tema. Cinco proponen limitar el descuento gremial exclusivamente a afiliados, mientras que uno, impulsado por la libertaria Marcela Pagano, busca únicamente eliminar la obligatoriedad de los aportes destinados a capacitación y seguros. Tetaz adelantó que la próxima semana se coordinará una nueva reunión con invitados y, posteriormente, se intentará emitir un dictamen.
El debate coincide con el deterioro en la relación entre el Gobierno y la CGT, que convocó a su tercer paro general contra la gestión de Javier Milei. La medida de fuerza se llevará a cabo el jueves 10 de abril, con un cese total de actividades por 24 horas. Un día antes, la central obrera se movilizará a la Plaza del Congreso en apoyo a la Mesa Coordinadora de Jubilados, que agrupa a 15 organizaciones multipartidarias y se manifiesta todos los miércoles. Según un comunicado de la CGT, serán “36 horas de acciones de protesta”.
Tetaz restó importancia a la coincidencia entre la discusión legislativa y la protesta sindical. “La CGT tiene un acuerdo con el Gobierno, así que eso que lo expliquen ellos. Nosotros no tenemos nada que ver ni con la CGT ni con el Gobierno”, afirmó. Sin embargo, en su entorno confían en que los libertarios podrían destrabar el dictamen como represalia frente a la actitud confrontativa de los gremios. No obstante, el oficialismo no ha dado señales en este sentido: sus representantes en la Comisión, Alida Ferreyra y Pablo Ansaloni, se mantuvieron en silencio durante la reunión. Ansaloni, además de legislador, es dirigente opositor en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Como informó LA NACION, Héctor Daer, uno de los líderes del triunvirato de la CGT, ratificó la ruptura de la tregua que habían pactado con el Gobierno a cambio de frenar la reforma sindical en el Congreso y mantener vigentes la cuota solidaria, los aportes extraordinarios y las reelecciones indefinidas. La tensión con la gestión libertaria aumentó tras la represión policial en la última marcha de jubilados y por la postura oficialista de no convalidar paritarias por encima de la inflación.
Los gremios perciben, además, un momento de vulnerabilidad en el Gobierno, que enfrenta el escándalo del caso $LIBRA, la reciente turbulencia cambiaria y la necesidad de consolidar su respaldo electoral en el primer año de gestión.
Desde Unión por la Patria (UP) y la izquierda rechazaron la iniciativa. Sus principales argumentos a favor de los sindicatos incluyen la presunta inconstitucionalidad de algunas reformas, el “rol social” de los gremios, su autonomía y la visión de que los proyectos tienen un “profundo sesgo antisindical”.
“No acompañamos la postura de varios legisladores porque vulnera el principio de autonomía sindical establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, sostuvo Hugo Yasky (UP). El secretario general de la CTA también defendió el financiamiento gremial: “El sistema sindical argentino protege tanto a afiliados como a no afiliados, y por eso existe la cuota solidaria”, explicó. Lo secundaron los referentes sindicales Sergio Palazzo (La Bancaria) y Mario “Paco” Manrique (Smata), ambos integrantes del bloque de diputados kirchneristas.
El último intento frustrado
El pasado noviembre, los libertarios lograron sortear un obstáculo que complicaba sus acuerdos parlamentarios. Mediante una maniobra política, respaldaron la iniciativa común impulsada por el macrismo, la UCR, los radicales de Democracia y la Coalición Cívica (CC), con la certeza de que no reuniría los avales necesarios para convertirse en dictamen. De este modo, el Gobierno cumplió con el pedido de Pro de apoyar el proyecto para limitar el poder de los gremios, sin romper el acuerdo tácito que mantiene con la CGT.
Sin embargo, al proyecto le faltó una firma para alcanzar la mayoría necesaria en la comisión. El oficialismo contó con el respaldo de Miguel Ángel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, quien, junto a su compañero de bancada, el sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila, se negó a firmar el dictamen. Su abstención frustró las chances de sus exaliados en Juntos por el Cambio de avanzar con un despacho que pudiera ser debatido en el recinto de Diputados.
Este mismo escenario se repitió durante el tratamiento de la Ley Bases. En esa ocasión, el radicalismo impulsó una ambiciosa reforma laboral dirigida a debilitar el poder sindical, pero tuvo que moderar sus aspiraciones luego de que Pichetto desarticulara los apoyos clave para su aprobación.
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