La UIF, cada vez más aislada del mundo: recibe menos de un tercio de la información que conseguía hace tres años

El giro que hizo la Unidad de Información Financiera (UIF) en su intervención como querellante en la causa Vialidad podría tener consecuencias en la relación del organismo con la comunidad internacional. En los hechos, la falta de confianza de otras entidades antilavado del mundo con la UIF argentina se nota en los números: la información internacional recibida por el organismo durante las gestiones de Carlos Cruz y Juan Carlos Otero (actual presidente) bajó notablemente: es solo el 29% de lo que conseguía hace tres años.

La información de inteligencia que intercambian las UIF que forman parte del Grupo Egmont circula a través de una plataforma encriptada llamada Red Segura Egmont. Existen cuatro tipos de intercambio de información: Divulgación Espontánea Enviada (DEE), Divulgación Espontánea Recibida (DER), Solicitud de Información Recibida (SIR) y Solicitud de Información Enviada (SIE). Las DER son el parámetro que mide la confianza de la comunidad internacional en cada organismo. La UIF pasó de recibir 262 DER en 2019, a 56 en 2020 y 76 en 2021.

Los principios de gestión del organismo anti lavado son dos: la confianza internacional, que se traduce en la información que recibe la UIF de otras entidades y agencias del mundo; y la eficiencia local, relacionada con la cantidad de informes producidos por la UIF para enviar al Ministerio Público Fiscal o a los jueces en sus investigaciones.

Según los números formulados por la propia UIF en sus informes de gestión anuales, no solamente recibieron menos información sino que también bajó su productividad. Según informa el propio organismo, en 2021 se elaboraron 474 Informes de Inteligencia. Esa cifra, a diferencia de la manera en que están presentados las DER, no es cotejada en el informe de gestión con la cantidad de informes producidos por las gestiones anteriores.

En 2018, por ejemplo, fueron elaborados 818 informes de inteligencia, y en 2019, 876. Es decir, el año pasado fueron elaborados casi la mitad. Además, las SIE (Solicitudes de Información Enviada) pasaron de 360 en 2019 a 146 en 2021 (aunque la cifra repuntó respecto de 2020, solo se emitieron 54). Los números de la gestión de Otero son similares a los de hace diez años atrás, cuando durante la gestión de José Sbatella la UIF entró en la lista gris del GAFI, que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”. La Argentina estuvo en esa lista entre 2009 y 2014. LA NACION intentó comunicarse con autoridades del organismo para esta nota pero no obtuvo respuestas.

Una fuente especializada en investigaciones sobre lavado de activos consultada por este medio dijo que en la pandemia bajó la productividad de los organismos como la UIF.

Desde que comenzó la gestión del Frente de Todos, la Unidad de Información Financiera (UIF) sufrió una seguidilla de cimbronazos: desde las recurrentes acusaciones por su supuesto desmantelamiento y fuertes internas políticas hasta la renuncia y el posterior recambio de sus autoridades. Entre enero de 2020 y octubre de 2021, el abogado Carlos Cruz presidió la UIF. Tras su salida entró Juan Carlos Otero, un abogado con trayectoria en el Consejo Asesor del organismo a quien señalaban como cercano a Máximo Kirchner.

Después de los cambios, el organismo que tiene a su cargo prevenir y combatir el lavado de activos buscaba evitar un mal rendimiento en la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), postergada por la pandemia para fines de este año. El estándar internacional del GAFI establece que las UIF deben ser autónomas y operativamente independientes de la política y el Gobierno, para garantizar estabilidad en las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo así como también la permanencia de su personal técnico.

El alegato formulado ayer por la UIF en el juicio oral donde está acusada Cristina Kirchner significó, en principio, un cambio de posición respecto de lo que venía sosteniendo la querella penal del mismo organismo en este juicio: cuando comenzó el juicio oral por la causa Vialidad la UIF tuvo una fuerte participación y sus abogados leyeron el requerimiento de elevación a juicio que habían formulado en primera instancia, en el que consideraban a la actual vicepresidenta como responsable por la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez. Ayer los abogados de la UIF eran otros -Leandro Ventura y Alejandro Irachet- y pidieron la absolución de la vicepresidenta y de sus entonces funcionarios nacionales. Solamente acusaron a los funcionarios de Santa Cruz por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”. En ese tramo del alegato reconocieron que “solo se corroboraron incumplimientos concretos en el marco de expedientes administrativos”.

Según supo LA NACION, como la querella de la UIF no desistió de su rol en este juicio, antes de exponer el alegato el organismo hizo consultas con abogados penalistas con el fin de evitar denuncias por denegación de justicia o prevaricato.

Pero además, la UIF ayer se contradijo con lo que sostuvo hace más de un año en otro juicio (el que se llevó a cabo contra Lázaro Báez por lavado de dinero). Durante el alegato de los abogados de la UIF en el juicio que enfrentó Báez por lavado de dinero, y por el que se le dictó una condena de 12 años de cárcel, los abogados del organismo antilavado habían dicho que el dinero tenía su origen ilícito en contratos de obra pública que Báez recibió durante los tres gobiernos kirchneristas. El organismo había dejado asentada una posición respecto de la acusación contra Báez por lavado de dinero y de dónde provenían los fondos ilícitos.

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