La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado

En diciembre del 2023, al mismo tiempo que el gobierno libertario asumía, el asesor presidencial Santiago Caputo conseguía un nuevo empleo. Y no en el Estado. En un movimiento inusual, en vez de ocupar un lugar como funcionario público, comenzó a figurar como el único empleado registrado de la sociedad Zefico, vinculada a un amigo de su padre.

La novedad es que la empresa Zefico SA fue reportada ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por una serie de operaciones sospechosas, ante el riesgo de un posible lavado de activos. El reporte se realizó el 30 de julio, según pudo confirmar LA NACION, como parte de las obligaciones a las que están sujetas las entidades bancarias.

Zefico fue constituida por Pablo Costa, padre de Lucas Costa, un íntimo amigo de la infancia de Santiago Caputo.

Pablo Costa era, a la vez, amigo de su padre, ya fallecido, Claudio Caputo, que era el escribano del empresario.

Al momento de la contratación de Santiago Caputo, en enero de 2024, Zefico jamás había tenido empleados ni movimientos comerciales. Hasta hace algunos meses, nunca tuvo operatoria.

El nacimiento de la empresa fue en 2021, con la firma del escribano José Domingo Mangone, quien también intervino en el armado de Anker, la consultora de Luis Caputo, ministro de Economía y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Frente a la consulta de LA NACION, fuentes cercanas a la familia informaron que Zefico se trataba de una sociedad armada para poner a su nombre las propiedades rurales de la familia.

En cambio, otra firma, Camalu SA, también bajo la titularidad de Pablo Costa y en la que trabajan sus hijos, concentra las operaciones comerciales del negocio agropecuario, es decir, la compra y venta de granos como soja, maíz, trigo, y de ganado.

La familia Caputo y Costa se conocen porque eran vecinos en el country Martindale, en Pilar.

LA NACION consultó a Santiago Caputo y a Pablo Costa sobre el reporte que llegó a la UIF, pero ninguno de los dos contestó hasta el momento de la publicación para dar precisiones sobre la operación observada. Fuentes cercanas al asesor presidencial, contactadas para el artículo, también evitaron contestar.

El reporte fue porque entre abril y junio de 2025, a Zefico ingresaron unos US$800.000. Fue la primera vez que se registraron movimientos de dinero en la sociedad.

La inyección de capital se hizo vía dos transferencias, de dos de los tres socios de la empresa (que son los hijos de Pablo Costa). Lucas y María Costa aportaron, cada uno, US$400.000.

Frente a esta situación, en la entidad bancaria se activó una alerta y se consultó a los implicados por la proveniencia de los fondos. Ellos contestaron que se trató de una donación del padre.

En consecuencia, Pablo Costa también fue consultado por el origen del dinero. Su explicación fue que se trató de una donación de su madre. Presuntamente, esta le habría regalado US$1.500.000, monto del cual repartieron US$500.000 a cada hijo. De allí, supuestamente, provenían los fondos frescos de Zefico.

El banco, que se trata de uno de primera línea, debió entonces consultar a la madre de Pablo Costa, de nombre María.

Ella no explicó de dónde había salido el dinero, pero proveyó una declaración jurada del período enero-diciembre 2023, presentada a mediados de 2024, en la que aparecía el monto como parte de su patrimonio, en concepto de dinero en efectivo.

Ahí surgió un problema: los especialistas que debían analizar esta información contaban con una declaración jurada de 2021 (que repasaba los movimientos de 2020) en la que su patrimonio estaba en cero, no tenía propiedades y nada explicaba cómo había crecido.

Del contraste también se extrajo otra conclusión: no podía tratarse de fondos provenientes del blanqueo, ya que ese comenzó en 2024 y la DDJJ era de 2023.

María no brindó más información sobre los fondos, por lo que el banco debió realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF. Este es un documento inusual, que están obligados a presentar los bancos, casas de cambio, escribanos e instituciones financieras, cuando identifican movimientos indicativos de riesgo de lavado de activos.

La UIF, con el reporte de operación sospechosa, deberá realizar evaluaciones e informes que podrían concluir en una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o unidades en el extranjero. La UIF hoy está liderada por Paul Starc, exfiscal federal. Su nombramiento estuvo promovida por el propio Santiago Caputo.

Pese a no brindar información sobre los fondos, la familia sí brindó documentos públicos en los que se dejaba constancia de las donaciones sucesivas en la familia (aunque no se explicaba por qué no se había realizado una donación directa de abuela a nietos).

La escribana que dio fe de esas operaciones, en febrero de este año, se llama Inés Caputo. Es, efectivamente, la hermana de Claudio Caputo y tía de Santiago. Incluso, fue quien tendió puentes con Nicolás Caputo cuando su sobrino era más joven, para ayudarlo a entrar a la política de la mano de Pro, como contaron Manuel Jove y Maia Jastreblansky en su libro “El Monje”.

Un dato adicional: tanto la escribanía de los Caputo como Zefico tienen la misma dirección, en Avenida Santa Fe 1385, aunque en distintos pisos. La primera, en el 11 y la segunda, en el 6.

La entidad bancaria solicitó más información varias veces, incluso instrumentó el formulario 931 para comprender la composición laboral de la empresa, pero los socios no lo presentaron, amparados en la nueva normativa que no los obliga a hacerlo.

El dinero ya no se encuentra en Zefico, según pudo confirmar LA NACION. Cuando ingresó, fue a través de la figura de un mutuo. Quiere decir que los socios “le prestaron” el dinero a la empresa. Y luego, salió de las cuentas de la misma a través de transferencias a otras dos sociedades.

Estas son: Netafim Argentina SA y Tonka SA. La primera es una firma especializada en riego por goteo, perteneciente a un empresario llamado Pablo Coletti. La segunda es proveedora de la industria del gas y figura como presidente Pedro Alberto Friedrich. En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, este le donó al Estado un predio en Santa Cruz de 5000 hectáreas que fue convertido en la reserva federal “Piedra del Fraile”.

Caputo, que aparece como único empleado de la empresa, también figura en ARCA como activo en la tercera categoría de Ganancias, dado de alta al mismo tiempo que comenzó su relación de dependencia.

La categoría en la que se encuentra es de relevancia, porque si tan sólo percibiera un sueldo de Zefico (que es una sociedad anónima), tributaría en la cuarta categoría por su relación de dependencia y servicios profesionales. Pero, en su caso, su categorización implica que percibe ingresos adicionales, por fuera de un salario.

Como contribuyente, reporta ingresos como empleado, pero también percibe dinero por una participación societaria. El hecho de que la empresa solamente pague contribuciones patronales por él, y no otras cargas (como aportes a la seguridad social o a la obra social), abona que este sería el caso. Además, fuentes cercanas a la familia Costa indicaron, en agosto de 2024, que Caputo “participaba” como director desde antes, aunque no hay ningún acta disponible que de cuenta de su designación.

Caputo le factura servicios al Estado. De esta forma, no está obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio.

Por Camila Dolabjian

• Santiago Caputo

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