Lago Escondido: el impacto en los tribunales de los chats filtrados y las charlas subterráneas entre jueces

“La Justicia es muy importante para la democracia. La política tiene que entender que a todos nos conviene una Justicia independiente. Y los jueces tienen que ser jueces, volver a determinadas conductas: hace falta una condena a determinadas prácticas corruptas”, dijo Ricardo Gil Lavedra desde el escenario del imponente Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA. Y trató de seguir: “Yo creo…”. No pudo. Lo interrumpieron los aplausos. No fue más explícito que eso, pero no hizo falta.

Un día antes Cristina Kirchner había sido condenada por corrupción, por primera vez, por jueces a quienes, ante la inminencia del veredicto, ella acusó de ser un “pelotón de fusilamiento”. Era la noticia de la semana y probablemente del año. Pero en paralelo, ese auditorio que escuchaba a Gil Lavedra y a sus excompañeros de la Cámara Federal recordar la proeza del Juicio a las Juntas estaba atravesado por otra noticia: la filtración de supuestos chats en los que jueces federales, un fiscal, un funcionario de la oposición, exmiembros de Inteligencia y empresarios buscaban tapar un viaje que habían compartido al Sur. Según los mensajes filtrados, falsificando pruebas incluso en la Justicia.

En los chats, los protagonistas de los supuestos intercambios aparecen acordando la versión a instalar sobre el viaje y hablando sobre cómo manipular la causa penal. Los mensajes incluyen audios, en los que se reconocen las voces de varios de los involucrados.

“Todo el mundo está consternado”, dijo a LA NACION, en el hall de la Facultad de Derecho, un funcionario de Comodoro Py varias veces blanco de las críticas del kirchnerismo, el miércoles pasado, cuando acababa de terminar la presentación del libro de Gil Lavedra. “Esto es de una incomodidad terrible. Está todo muy pervertido”, afirmó. En público los colegas de los protagonistas de los chats no dicen una palabra, pero en privado todos hablan del tema. Varios afirman estar sorprendidos; algunos por los detalles del viaje que salió a la luz; muchos, por la “torpeza” de los mensajes.

“Sorprendido, sí, pero tampoco desafía las leyes de Newton, ¿no?”, dijo un funcionario con muchos años en Comodoro Py.

En este caso parte del impacto que tuvo la filtración en el mundo de la justicia penal se debió a que los protagonistas del viaje no son personajes marginales de los tribunales, todo lo contrario: Carlos Mahiques, por ejemplo, es juez de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal (esta semana tuvo audiencias en las que no mencionó con los colegas de su sala una palabra del tema, relataron en Py); su hijo, Juan Bautista Mahiques, fue nombrado por Horacio Rodríguez Larreta como fiscal general de la Ciudad y es además el presidente de la Asociación Internacional de Fiscales; integró el Consejo de la Magistratura y fue el subsecretario de Mauricio Macri que tenía a su cargo las relaciones con el Poder Judicial; Julián Ercolini es el juez que elevó a juicio los casos Vialidad y Hotesur-Los Sauces, y que declaró por primera vez que a Alberto Nisman lo mataron. Es, además, el director de la carrera de Administración de Justicia de la UBA. Pablo Yadarola es juez en lo penal económico; Pablo Cayssials, magistrado del estratégico fuero en lo contencioso administrativo.

Tres altos funcionarios de Comodoro Py dijeron a LA NACION que hablaron con protagonistas de la historia y que algunos están “golpeados”. Uno de ellos le dijo a un grupo de colegas que estaba arrepentido por lo infantil de sus actos. Los arrepentimientos expresados, por lo que supo LA NACION, tienen que ver más con las formas que con el fondo de lo revelado.

Los implicados en el caso de los chats decidieron no hablar con la prensa. Unificaron la comunicación en el ministro de Justicia y Seguridad porteño, D’Alessandro, según dijo uno de ellos a LA NACION. “Por una razón táctica. Por ser un funcionario político con mayor margen de exposición”, explicó. El funcionario de Larreta, que participó del viaje, denunció una “operación tragicómica de inteligencia” de la “mafia kirchnerista”. En los tribunales, Yadarola había presentado una denuncia por la filtración el 3 de diciembre. D’Alessandro dijo además que los chats, incluso de audio, estarían adulterados. “Yo los quiero, pero no es una gran defensa”, se sonrió un juez de Comodoro Py.

En paralelo, siguió avanzando la causa de Bariloche, a cargo de la fiscal María Cándida Etchepare, que imputó a los jueces Ercolini, Yadarola, Mahiques y Cayssials; a D’Alessandro, al fiscal Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas por el viaje que hicieron ellos junto a dos altos directivos del Grupo Clarín, el 13 de octubre pasado, a Lago Escondido.

La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, decidió la semana pasada que por el momento no se iba a involucrar en este caso. “No vamos a decir nada”, dijo Marcelo Gallo Tagle, en el acto de la UBA, a LA NACION. Los magistrados que aparecen en los chats son socios de la asociación. Una fuente de la conducción de esa organización -hoy en manos de la lista Bordó, la más crítica del kirchnerismo-, agregó que no opinarán “ni a favor ni en contra” y destacó el origen irregular -al parecer, por un hackeo- de la información divulgada. En la Asociación debería funcionar una Comisión de Ética que nunca se conformó.

La lista Celeste, opositora a la Bordó, emitió en las últimas horas un comunicado en el que expresó su preocupación por lo que muestran los chats revelados, titulado “No todos somos lo mismo”. La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) publicó una declaración en la que reclamó que los “organismos constitucionalmente establecidos investiguen todo acto que ponga en duda la independencia de cualquier integrante de los poderes judiciales”, y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales reafirmó públicamente los “principios éticos que deben guiar a la magistratura” y llamó a los jueces a mantener siempre una “conducta irreprochable”.

En Comodoro Py hay un sentimiento generalizado de que nadie dejará su cargo por esto. Dicen que hay que esperar a ver qué pasa en Bariloche. A la Corte no llegaron, al menos formalmente, pedidos de reunión ni de licencia de ninguno de los involucrados, dijeron fuentes del tribunal. El Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de revisar la conducta de los jueces, está frenado. No solo no se reúne, sino que ni siquiera está constituido. En cuanto a Juan Bautista Mahiques y al ministro D’Alessandro, se descuenta que la Legislatura, donde el oficialismo porteño tiene mayoría, no avanzará contra ellos. Horacio Rodríguez Larreta respaldó públicamente a su ministro.