Larreta bicéfalo y la guerra del lenguaje inclusivo

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta enfrenta una contradicción. Mientras en CABA construye con dedicación de orfebre un apoyo extendido capaz de convertir adversarios electorales en oficialismo porteño, Martín Lousteau es el ejemplo, y quiere llegar con esa estrategia a la candidatura presidencial, la búsqueda tan mentada de consensos del 70%, la gestión porteña de Larreta dispara cada tanto temas provocadores que no siempre se alinean con ese objetivo de ampliación de bases. La guerra contra el lenguaje inclusivo cae en esta categoría: contribuye a consolidar la identidad de origen de Larreta y su gestión pero lo aleja de su transversalidad presidencialista deseada. En este sentido, Larreta a veces se parece más a Patricia Bullrich, o a Mauricio Macri: un duro de la política especialmente en un área, el tema educativo. El perfil de su ministra de Educación, Soledad Acuña, acentúa ese efecto.

La nueva batalla contra el lenguaje inclusivo está floja de papeles y ese es un punto clave. La Ciudad no aporta evidencia estadística y científica que acompañe la decisión de terminar con el uso de la terminación “e”, “x” o “@” en las aulas por parte de los docentes con el argumento de la mejora del aprendizaje, tal como lo plantea la resolución que causó tanta polémica. Para la gestión de Larreta, hay una vinculación entre el uso de lenguaje inclusivo y los malos resultados en prácticas del lenguaje de las pruebas FEPBA y TESBA que evaluaron los aprendizajes de los alumnos del último año de primaria y de tercer año del secundario. Sin embargo, no muestra investigaciones e información estadística rigurosa sobre esa relación causa efecto o, como mínimo, esa correlación. Y esa cuestión es delicada para la gestión educativa de Pro y para su identidad en general que, desde que Macri era jefe de gobierno en la ciudad, viene basando parte de su estrategia de diferenciación con el kirchnerismo en la voluntad enunciada de recoger estadística y argumentos educativos libres de manipulación. Es decir, contraponerse a un “Indec educativo”.

Hubo un capítulo de esa estrategia de política educativa del larretismo que resulta una excepción: la pelea por la vuelta a las clases presenciales. Vale la pena analizar ese caso para contraponerlo a la polémica actual. Logró esquivar esa contradicción que complica la identidad política de Larreta en su estrategia presidencial. En ese reclamo, Larreta encontró la posibilidad única de cumplir un objetivo doble: dar la batalla cultural contra el sentido común kirchnerista, es decir, agradar a sus votantes históricos y, al mismo tiempo, estirar al máximo el apoyo en su favor por parte de una ciudadanía más general. Al “clases, hay”, las virtuales, con la que se defendía la cuarentena escolar estricta desde el polo filo kirchnerista de la opinión pública, Larreta le opuso su resistencia porteña, con reclamo ante la Corte inclusive. Desde la política, Larreta hizo propio, con éxito, el hit pandémico, “abran las escuelas”. En definitiva, le arrebató al kirchnerismo la defensa de la inclusión y de los derechos de infancia y adolescencia en un momento crítico como la cuarentena. El kirchnerismo y su certeza de hegemonía sobre los valores progresistas quedaron en piloto automático sin comprender que el contexto había cambiado.

La resistencia contra el cierre de escuelas le aportó a Larreta ese rédito ampliador de su techo electoral: el objetivo del regreso a las aulas reales era transversal a las identidades políticas de madres y padres angustiados por el impacto emocional y cognitivo de las cuarentenas estrictas y extensas en sus hijos, en plena pandemia. Hacer política para la gente confluyó de manera única con el proyecto del político. La desesperación vital de las familias dejó a un costado cualquier grieta y apoyó más o menos enfáticamente al político que mejor y antes, aunque no desde el principio, llevó esa bandera. Larreta se encontró con su momento: unió consenso, agenda real de la gente y diferenciación con el kirchnerismo.

Esa causa, además, tuvo otro aspecto productivo: se basó en evidencia aportada por la ciencia que fue dejando en claro, con el correr de los primeros meses de encierro, que las escuelas no eran fuente de contagio agravado de Covid y que su cierre generaba más padecimientos en la infancia y la adolescencia que los que provocaba la pandemia. Detrás del “abran las escuelas” no hubo un aprovechamiento político de datos estadísticos, o no hubo solamente eso: en definitiva, hacer política es, entre otras cosas, sacar ventaja de las ventanas de oportunidades que trae la realidad. Larreta aprovechó esa realidad sin forzarla.

El combate contra el lenguaje inclusivo es un caso muy distinto al menos en tres aspectos. Primero, consolida un polo de la grieta hasta casi arrinconar a Larreta y lo aleja de la puerta al cielo del consenso. Esa batalla tiene problemas para convertirse en bandera preideológica, preocupación colectiva parental que supere posicionamientos políticos de esos padres: no llega a traducir angustias masivas, vitales y profundas de padres y madres en relación a la educación de sus hijos. Una medida clara de esa angustia real en el caso de la lucha por las aulas abiertas fue que empujó a madres y padres anónimos a ocupar, en su reclamo, el centro de la escena político educativa, un hito, y desembocó en la fundación de Padres Organizados.

Desde Pro, hay versiones que indican que en el caso del batalla contra el inclusivo, hay encuestas y hay apoyo. Pero la escala es otra: el lenguaje inclusivo no es sistemático ni generalizado. No hay evidencia clara sobre su impacto en la vida emocional y cognitiva de los menores de edad. No conmueve a las familias en sus cimientos. En ese punto, se trata de una política educativa floja más cercana a una estrategia de posicionamiento político ideológico que a defensa de un derecho vulnerado de la infancia y la adolescencia, el derecho a aprender. Es decir, es más una batalla ideológica cultural que educativa para proteger a los menores.

Irrita a muchos por la pretensión de superioridad moral de parte de sus usuarios. Agita la conversación pública por el carácter cancelatorio que adquiere cuando se apropia de la virtud social. Indigna a sus oponentes por la discrecionalidad con la que sus usuarios escogen las causas nobles que valen la pena. Pero no conmociona al cimiento educativo.

Segundo, la batalla contra el lenguaje inclusivo despierta resistencia en los socios políticos de Larreta, lo que también lo aleja de la transversalidad que busca: Facundo Manes lo dejó claro. Y, finalmente, no se basa en evidencia contundente, el punto central.

CABA plantea argumentos de tres órdenes, tal como surge de la resolución oficial y también del comunicado de prensa que sintetiza la decisión. Primero, argumentos normativos: la resolución erige a la Real Academia Española como el árbitro al que recurrir para decidir una política educativa sobre cómo los maestros y profesores deben usar el lenguaje inclusivo en su práctica docente, no forzar las reglas del castellano, es decir: lenguaje inclusivo sí pero siempre dentro de las reglas de género y número aceptadas por la gramática de la lengua: por eso queda descartada la “e”, la “x” y el “@”, que desafían la concordancia entre género y número gramaticales. Segundo, los argumentos de autoridad con la referencia no sólo a la RAE sino también a los casos de Francia y de Uruguay, que avanzaron con prohibiciones o limitaciones semejantes, pero sin aportar los trabajos científicos que los justificaron en esos casos, si es que los hubo. Tercero, el argumento estrictamente pedagógico, el del aprendizaje y qué factores lo potencian o lo perjudican se queda en enunciaciones. “La deformación del uso del lenguaje tiene un impacto negativo en los aprendizajes, máxime considerando las consecuencias de la pandemia”, dice la resolución que, en toda esta argumentación, cita el “Informe técnico conjunto número IF 2022-20966127-GCABA-SSCPEE”, elaborado por tres áreas del ministerio de Educación porteño: la subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Planeamiento Educativo y Educación de gestión privada. Falta la investigación estadística y científica que respalde esa conclusión.

En la resolución, la limitación del inclusivo se extiende a todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta la secundaria. El caso de los primeros grados de primaria es relevante para mostrar cuán débil es la base científica de la decisión: la alfabetización temprana e inicial de los alumnos es de las áreas pedagógicas de mayor precisión científica. Ni el argumento normativo ni el de autoridad tienen que ver con el argumento pedagógico y científico en torno a la alfabetización.

“No hay evidencia”, afirma la doctora en Filosofía y Letras, Ana Borzone, investigadora principal del Conicet y una de las especialistas en alfabetización inicial más respetadas de Argentina, sobre la falta de datos estadísticos que permitan determinar que el lenguaje inclusivo es una de las causas de los bajos aprendizajes en lengua. Aunque Borzone coincide con la resolución de CABA en la dimensión evolutiva del modo en que las lenguas cambian y en la necesidad de mantener a las variantes del lenguaje inclusivo fuera de las aulas, sostiene que no hay datos sobre el impacto negativo del inclusivo sobre los alumnos en proceso de alfabetización en general ni sobre los alumnos disléxicos en particular. Para Borzone, en cambio, la escuela argentina produce alumnos disléxicos y bajo aprendizajes en lengua por el método elegido para alfabetizar y no por el lenguaje inclusivo: un tema que la resolución de CABA no aborda a pesar de que en ese punto hay evidencia rotunda.

La conciencia fonológica, la perspectiva de alfabetización más eficaz que atiende a la correspondencia de las letras y sus sonidos, para dar una idea somera, no incluye las variantes del lenguaje inclusivo a la hora de su implementación. ¿Ese contraste con la realidad de algún aula de primer grado donde un docente habla en inclusivo podría confundir a los alumnos en proceso de alfabetización? Borzone plantea que podría suceder pero no hay evidencia.

Para otro especialista de referencia en alfabetización que prefiere el off the record tampoco hay datos suficientes. Sostiene sí que la confusión puede darse en años posteriores de la escolarización, en la comprensión de la concordancia entre género y número gramaticales: con el lenguaje inclusivo, esa concordancia queda opacada.

La opacidad, especialmente la opacidad ortográfica, es un tema clave en la alfabetización. “Trabajos de investigación en el campo de uno de los aprendizaje escolares básicos, la lectura, han demostrado claramente que la opacidad de la ortografía tiene un impacto sobre el aprendizaje”: así se lee en “Coût de l’opacité de l’orthographe sur l’apprentissage de la lecture” (Costo de la opacidad de la ortografía en el aprendizaje de la lectura), un trabajo de Liliane Sprenger Charolles, miembro del Consejo Científico de la Educación Nacional de Francia, aparecido en la revista Cités, publicada por Presses Universitaries de France en mayo de 2021. La facilidad para aprender a leer es mayor en las lenguas en las que es mayor la regularidad de la correspondencia entre el grafema (la letra, para simplificar la explicación) y el fonema (su sonido).

Por ejemplo, el italiano y el finlandés son menos opacos que el inglés: por eso un niño finlandés o italiano aprende a leer antes de terminar primer grado mientras que un chico inglés va a necesitar más de un año. El grado de regularidad de la ortografía, de la correspondencia sonido - letra, define la facilidad del aprender a leer en cada lengua.

En ese marco, Sprenger Charolles, una lingüista de influencia en Francia, plantea que ciertas terminaciones del “inclusivismo” suman opacidad, es decir, dificultad para el aprendizaje. El tema también genera polémica en ese país. Lingüistas reconocidos apoyan esa tesis. Sprenger Charolles considera “justo” el cuestionamiento al lenguaje inclusivo. Sin embargo, en este trabajo deja claro que todavía quedan cuestiones abiertas y que “sería prudente evaluar el impacto en la lectura de la escritura inclusiva que contribuye a que nuestra ortografía sea más opaca”.

¿Impacta realmente? ¿Cuánto impacta? ¿Cuántos docentes usan el lenguaje inclusivo en el aula? ¿El ministerio de Educación de CABA recogió datos sobre ese uso? ¿Se perjudican tanto los chicos como para introducir ese disciplinamiento en maestros y profesores? Sin esos datos, la resolución de CABA carece de la virtud de la racionalidad libre de sesgos que sí se daba en la vuelta a clases. Más que aprovechamiento de una oportunidad real, hay cierto oportunismo político en eso de dar por resuelto un tema que todavía se debate y que no cuenta con evidencia más tajante.

El ministerio de Educación encabezado por Soledad Acuña suele ser la plataforma de lanzamiento de esos misiles de tono más polémico que bajan de la gestión de Larreta en versión halcón. ¿Por qué? Hay varios motivos. Un poco porque la batalla cultural contra el kirchnerismo, desde el macrismo, nació jugándose en parte en cuestiones centrales del problema educativo, el mérito, la calidad de los aprendizajes, la evaluación estandarizada como brújula para la política educativa. Esos son temas consolidados en su electorado más fiel. Otro poco porque en el corrimiento de la agenda hacia la derecha, Milei y sus libertarios se apropiaron de la resistencia a las políticas de género y al lenguaje inclusivo. Milei llevó esa resistencia a su extremo más conservadora con el rechazo a la “ideología de género” que en la región se escuchó primero en Brasil, cuando en la campaña presidencial empezaba a asomarse la figura de Jair Bolsonaro y buena parte de sus simpatizantes empezaron a resistir el avance de la “ideología de género” en las escuelas. En 2019, Bolsonaro ordenó prohibir la llamada ideología de género en la educación básica, es decir, contenidos de educación sobre género y sexualidad, consideradas “adoctrinamiento”.

La gestión educativa de Larreta y Acuña busca recuperar algo de esa resistencia para despegarla del polo libertario y retomar debates atendibles que definen las preocupaciones de su electorado. La misma resolución propone, citando a la RAE, “no debe forzarse a las estructuras lingüísticas del español para que se convierta en espejo de una ideología pues la Gramática española que usamos no coarta la libertad de expresarnos o de interpretar lo que expresan los demás”.

La resolución también intenta canalizar inquietudes razonables de sus votantes aunque se queda en el camino: disciplina y cierra preguntas. ¿La libertad de uso del lenguaje inclusivo perjudica a la libertad de expresión de quienes optan por no usarlo? ¿El lenguaje inclusivo es una avanzada de la cultura de la cancelación y hay docentes que abusan de la asimetría que define su relación con los alumnos? ¿Puede la política educativa resolver esas cuestiones con imposiciones en la caja negra del aula que no controla? ¿Tiene sentido esa imposición? Y una última cuestión: ¿cómo procesa la escuela las tensiones sociales irresueltas, por ejemplo, la fluidez de las identidades de género y su expresión en el lenguaje de parte de la adolescencia porteña? En realidad, la resolución de CABA apunta a responder preguntas de este tipo, para devolverle la autoridad política a la gestión educativa.

En las decisiones más polémicas de CABA en educación también se juegan cuestiones de personalidad política: Acuña se le anima a encontronazos ideológicos con la corporación docente y la académica, inclusive cuando no es necesario. En 2017, el lanzamiento de la Secundaria del Futuro, que proponía un plan para establecer prácticas profesionalizantes en las escuelas sorprendió a buena parte de los docentes y directivos. El proyecto tenía vetas interesantes pero carecía de precisiones relevantes y planteaba dudas razonables. Por supuesto, generó el rechazo de los gremios docentes y de un estudiantado que todavía se movilizaba discrecionalmente y con ímpetu si la causa y el causante, en este caso el Pro de Caba, caía por fuera de sus sesgos. Hubo tomas de escuelas durante semanas por parte de alumnos que leían en la reforma “trabajo precarizado” obligatorio para los alumnos de secundaria.

Hoy que la crisis educativa se conecta también con la crisis laboral esa polémica quedó reducida al mínimo y el sentido común del presente está más cerca de Acuña, que como táctica muchas veces primero tira y después apunta, hasta que el tiempo juega a su favor, en el mejor de los casos. Hay algo de juego de espejo entre su perfil y el modo en que gestiona y el de su marido, Diego Kravetz, el jefe de gabinete de Néstor Grindetti en Lanús: una visión pragmática de la gestión política, objetivos territoriales claros, lenguaje directo y por momentos crudo y la estamina necesaria para aguantar los cascotazos hasta que escampe y correr la frontera de lo decible aunque no siempre esté la evidencia. Una power couple de la política Pro.

El electorado porteño viene siendo leal a Pro. A la hora de juzgar la decisión de frenar el avance del lenguaje inclusivo, sus simpatizantes asumieron esa decisión como fortaleza. Se vio en las redes sociales. Para ese universo, la cuestión es la resistencia en el contexto de una cultura de la cancelación que impone su visión del mundo imponiendo a su vez una nueva gramática que encripta, con nuevos signos, algunos de ellos sin fonemas propios, nuevas identidades de género. La resistencia se redobla en la medida en que esa gramática cayó en la grieta: es sostenida con mayor insistencia por un sector de la opinión pública kirchnerista o filokirchnerista. Los simpatizantes de Pro ven una continuidad entre el ingreso cuestionable a las aulas del caso Maldonado y el uso del lenguaje inclusivo por parte de algunos docentes.

Larreta enfrenta una decisión. O los temas educativos terminan contribuyendo a la consolidación de la identidad originaria de las gestiones Pro, o de Juntos por el Cambio en el mejor de los casos, que desde hace años tiene la carta ganadora cuando disputa el territorio de Caba que banca esa visión del mundo. O esos temas educativos salen definitivamente de la polarización, no importa qué intereses y tabúes se toquen. Es decir, el riesgo presente es correr el riesgo de terminar haciendo kirchnerismo de datos para agradar a un electorado antikirchnerista. La otra opción es plantear un salto hacia el futuro con debates realmente estructurales, por ejemplo, el de cómo se enseña a leer y a escribir en la Argentina. No fingir que se pregunta acerca de porqué los chicos no aprenden sino preguntarlo en serio.

Por Luciana Vázquez

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• Horacio Rodríguez Larreta
• Nota de Opinion

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