Las Abuelas de Plaza de Mayo y los nietos recuperados temen que liberen a implicados en crímenes durante la dictadura

La reciente difusión de un listado elaborado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con 1111 presos que estarían en condiciones de acceder a la libertad condicional o prisión domiciliaria puso en alerta a sobrevivientes y familiares de las víctimas de la última dictadura cívico militar (1976-1983). Entre esos nombre, figuran un centenar de condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese periodo.

"Esta sensación de indefensión que padecen nietas y nietos restituidos se reitera cada vez que quienes cometieron el delito de apropiarlos, secuestrarlos y asesinar a sus padres cuentan con el beneficio de volver a sus casas sin haber completado sus condenas en la cárcel", advirtieron las Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado. "Los controles de las prisiones domiciliarias son casi nulos y, en muchos casos, estos criminales ya han violado ese beneficio en otras oportunidades".

La inclusión en este listado por sí sola no implicaría que los presos mencionados sean automáticamente beneficiados con la libertad o la prisión domiciliaria, ya que esto es protestad de la justicia. Sin embargo, Abuelas consideró "preocupante que desde el mismo Servicio Penitenciario Federal se sugiera a la justicia otorgar ese privilegio para criminales de lesa humanidad".

La nómina incluye a emblemáticos represores que participaron del secuestro, torturas y desaparición de miles de disidentes durante el régimen. También exmilitares condenados por el robo y adopción ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres embarazadas en centros clandestinos de detención.

El exmarino Jorge "Tigre" Acosta, uno de los jefes navales responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada, principal centro de tortura, detención y maternidad clandestina durante la dictadura; el responsable de la apropiación de Victoria Donda, Adolfo Miguel Donda; el expolicía Julián Simón y el excapellán Christian Von Wernich aparecen en la lista del Servicio Penitenciario Federal difundida la semana pasada.

"Desde el martes tengo miedo, no estoy tranquilo", dijo Guillermo Pérez Roisinblit -nieto restituido en 2000- en referencia a la posibilidad de que su apropiador, el ex agente de inteligencia de la Fuerza Aérea Francisco Gómez, sea beneficiario con la prisión domiciliaria y aparezca en su casa.

"Imaginen qué puede estar pensando este criminal que, cuando se enteró que vendría a Abuelas me amenazó de muerte", agregó Pérez Roisinblit. Gómez mantuvo cautiva a la madre de Guillermo, hasta el momento de ser trasladada para dar a luz en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA. Entonces, Pérez Roisinblit testificó contra él en el juicio por la desaparición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo que terminó con su condena a 12 años de prisión.

El Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, aclaró que la lista fue elevada al Poder Judicial en el marco del seguimiento que este hace del sistema carcelario, afectado por una sobrepoblación de reclusos. "Esta sugerencia de enviar a los genocidas a sus casas nada tiene que ver con el intento de resolver la problemática de superpoblación carcelaria", dijeron las Abuelas de Plaza de Mayo y opinaron: "Por el contrario, refleja los retrocesos en materia de Memoria, Verdad y Justicia impartidos desde el gobierno nacional".

El comunicado concluyó: "A casi 42 años del golpe de Estado más sangriento de nuestro país, exigimos que se continúen los procesos de juzgamiento a los genocidas, que se respeten las condenas en cárcel común y efectiva; que se aceleren y concreten los juicios que esperamos hace cuarenta años, y que nuestros nietos y nietas puedan vivir finalmente en libertad".

Con información de agencia AP