Las causas de corrupción contra el kirchnerismo se frenan mientras se define el futuro de los jueces trasladados

Mientras la Corte Suprema se apresta a definir mañana el destino de tres jueces que tuvieron incidencia directa en las causas de corrupción del kirchnerismo, la gran mayoría de estos juicios avanzan a paso lento y algunos se encuentran virtualmente paralizados a la espera de definiciones.

En su mayor parte, los expedientes ya dejaron atrás la etapa de instrucción y fueron elevados a juicio. Es en esa instancia donde fue revertido el traslado del juez Germán Castelli, que intervenía en la tramitación del juicio oral por la causa de los cuadernos, y donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada. Y es la instancia en la que la Justicia argentina enfrenta las mayores dificultades para avanzar y producir sentencias.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a abordar este martes la situación de Castelli y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, todos involucrados en causas que tienen como protagonista a la vicepresidenta. La decisión motivó críticas del presidente Alberto Fernández contra la Corte.

Mientras tanto, los juicios ya sufren retrasos. El caso de los cuadernos de las coimas, uno de los megaexpedientes de corrupción más importantes de Comodoro Py, fue elevado a juicio hace un año por el fallecido Claudio Bonadio. Hoy está en manos del Tribunal Oral Federal 7, que hace poco más de una semana dejó de estar integrado, al menos hasta que se pronuncie la Corte, por el juez Castelli, cuyo traslado fue revertido por un decreto presidencial. Pero aunque el caso fue elevado a juicio hace más de un año, el TOF 7 todavía no ordenó nuevas medidas de prueba y lejos está de poder fijar una fecha para que el proceso comience.

Según reconstruyó LA NACION, la fiscal del caso de los cuadernos ante el tribunal oral, Fabiana León, contestó más de un centenar de planteos en el último año. Aunque ella dictaminó –en la mayoría de los casos– en contra de los pedidos de las defensas relacionados con las medidas cautelares (pedidos para salir del país, pedidos por inhibiciones y embargos), el tribunal todavía tiene una gran cantidad de resoluciones pendientes, algunas desde diciembre del año pasado.

"No pasa una semana sin que se mueva la causa", dijo una fuente de la fiscalía a LA NACION. El tribunal, sin embargo, apunta a la falta de recursos. Los jueces Herminio Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y el ahora removido Germán Castelli pidieron recursos humanos y materiales a la Corte Suprema para trabajar en el caso. Y aseguran que, además, están a la espera de los fallos de la Casación sobre una serie de planteos determinantes para la causa para poder avanzar. "Sin esos planteos resueltos es difícil avanzar en la producción de nuevas medidas de prueba", argumentan.

La Sala I de la Cámara de Casación tiene pendiente resolver planteos de los cuales dos son considerados claves por las defensas, porque apuntan a derrumbar la validez probatoria de las declaraciones de los arrepentidos. Uno es sobre la constitucionalidad de la ley del arrepentido y otra cuestiona la validez de las declaraciones de arrepentidos tomadas por Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Las defensas de Julio De Vido y de exfuncionarios y empresarios involucrados en el caso pidieron que estas sean declaradas nulas.

La semana pasada se llevó adelante una audiencia entre las defensas de quienes presentaron planteos y los jueces de la Sala I de la Casación Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña.

Mientras esos movimientos podrían alterar el rumbo de la causa de los cuadernos, en Comodoro Py fue archivada la semana pasada una de las causas que apuntaba a investigar la llamada "operación puf", una supuesta maniobra llevada adelante por dirigentes del kirchnerismo para debilitar la causa.

Esa investigación había sido iniciada por una denuncia del fiscal Stornelli, quien presentó transcripciones que recibió de manera anónima de una conversación entre el diputado Eduardo Valdés y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, detenido en el penal de Ezeiza, en la que hacían mención a él y a Bonadio. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó el caso por "inexistencia de delito".

A Martínez de Giorgi le toca intervenir –por subrogar el juzgado de Claudio Bonadio– en uno de los tramos restantes del caso de los cuadernos que queda en instrucción, relacionado con el lavado de dinero llevado adelante por el exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz y su entorno de testaferros en el territorio nacional. En esa causa Martínez de Giorgi trabaja con Stornelli, quien no recibió una buena noticia la semana pasada, cuando su colega archivó el caso.

Pero, además de la ralentización en el avance de la causa de los cuadernos, otros procesos orales que involucran a Cristina Kirchner y sus hijos avanzan a paso muy lento. El juicio por las causas Los Sauces y Hotesur –elevadas a juicio entre octubre de 2018 y comienzos de 2019 y que serán abordadas en un mismo proceso oral– tampoco tiene fecha de inicio prevista. Las fuentes judiciales a cargo de ese proceso aseguran que, como mínimo, hasta finales de 2021 "es imposible" que este sea iniciado.