Las constructoras están a la espera del llamado judicial para reconocer los sobornos

Por estas horas, varios constructores argentinos se dedican a leer. Miran y miran los textos para ver si su nombre o el de su empresa están en alguna de las crónicas que le dan cobertura a la causa de los cuadernos de las coimas, la que más los preocupa de las surgidas en los últimos años.

Si aparece alguna mención, entonces sí, tienen decidido caminar mansos a Comodoro Py, en busca de un refugio legal, y allí confesarán sus pecados. Cohecho, que es lo mismo que decir soborno o coima, no más que eso, pero un delito al fin.

Prácticamente todos los hombres de la construcción que participaron de los años de obra pública kirchnerista han tomado la misma decisión. Solo cuando se haga público algún llamado a su compañía, entonces recién pretenden ir a la Justicia. Mientras tanto, esperan inquietos.

Varias constructoras saben que en los tribunales federales las cédulas a sus domicilios están por llegar. Decenas ya han sido mencionadas, especialmente en la declaración que entregó hace dos viernes Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

El empresario dijo que en una oficina de la calle Venezuela se repartían las licitaciones y que a esa suerte de mesa blue de la construcción iban Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco.

La gran mayoría, dispuesta a ir a Tribunales, reconocería sus culpas. Pero no hay tanta voluntad; nadie irá sin que el juez se lo pida.

Hay otro universo, el que conformaban los corredores viales en épocas de Claudio Uberti, el hombre que manejó el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) desde 2003 hasta 2007, cuando se fue del gobierno por el escándalo de las valijas de Antonini Wilson.

Esos consorcios, que manejaban las rutas por peaje entonces, se quedaron en la concesión hasta 2010 cuando fueron reemplazados por otros que se quedaron hasta el mes pasado. En cada uno de los corredores existía una unión transitoria de empresas (UTE), que tenía un objeto único, integrada por varias constructoras. Todas aquellas concesiones fracasaron. Por un lado, se congeló la tarifa y por el otro, se acumularon deudas recíprocas. El final de todo aquel proceso fue con el concurso preventivo de cada una de ellas.

Pero lo que temen los constructores es que la búsqueda judicial de los consorcios que pagaban 150.000 dólares por mes cada uno, según lo que contó Uberti, termine por llevar la responsabilidad hacia arriba y siga por los socios. Entonces sí, serán varios los ejecutivos que tengan que desfilar en busca de una atenuación de la pena, a cambio de contar los hechos. Prácticamente ninguno tiene como estrategia de defensa la negación de los hechos.

Tras la salida de Uberti, el mundo de las rutas por peaje pasó a depender de Vialidad Nacional, un territorio que dominó con mano férrea José López. Entre los constructores temen como a nada los dichos del exsecretario de Obras Públicas. El testimonio, reservado como ninguno por el juez Claudio Bonadio, podría ampliar la lista de empresas implicadas.

"¿Dónde termina esto?", se preguntaba un constructor. Entre ellos consideran que son más de cien las constructoras que participaban, con mayor o menor frecuencia, del mercado blue de las licitaciones. Cuentan que había varias que no pertenecían al bloque de punta, sino que, de vez en cuando, participaban en alguna licitación. Creen que no sería justo que se las trate igual que a las que manejaban el bolillero.

Adiós al lobby

Pero no terminan ahí las desventuras en las que han caído los constructores. "Hemos perdido la capacidad de lobby", dijo uno de los empresarios que, estima, pasará por Comodoro Py en poco tiempo. Según su visión, la posibilidad de negociar con el Estado algún tema del contrato o de la obra, hoy es prácticamente nula. El Gobierno está mejor parado frente a ellos, pero claro, no tiene dinero como para sacar provecho de la debilidad de los hombres de los ladrillos.

En la Justicia, la citación a los empresarios no parece ser prioridad. Consideran que ya saben y conocen todo lo que tienen que saber de ese mundo. Saben que pagaban, a quién le entregaban el dinero -y hasta en algunos casos dónde-, cuánto era el importe que devolvían y cómo era el sistema de reparto. Les faltan algunas fichas y tienen que ver cómo conseguían ese dinero en épocas de cepos y restricciones. Quién era el financista de estas millonarias operaciones es lo único que aún no tienen del todo claro.

Por lo tanto, la pregunta de muchos es qué pasará con el juzgado cuando lleguen a confesar sus pecados sin nada nuevo que contar. El temor crece; si no son tomados como arrepentidos colaboradores no habrá reducción en la pena.

Otro de los problemas que varios ven a mediano plazo es el recambio de las principales figuras en las compañías constructoras. Sucede que suelen ser empresas de familias en las que el número uno tiene un papel fundamental en los proyectos, pero también en el poder de lobby y en la generación de confianza con los bancos que financian. Las inquietudes de las entidades financieras respecto de cómo seguirá el futuro de cada una sin su hombre fuerte, y en medio de un escándalo de pago de sobornos, es uno de los interrogantes que deberán despejar. Todas las constructoras necesitan, y mucho, de los bancos.