Las denuncias contra jueces y fiscales son récord en la provincia
Hay 122 investigaciones; desde 2016 provocaron la salida de 30 magistrados
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
En la provincia de Buenos Aires cada vez son más las denuncias contra jueces y fiscales provinciales. En la actualidad hay 122 investigaciones en trámite. Según el oficialismo, es la prueba de que la gestión de María Eugenia Vidal está dando una pelea contra las mafias judiciales como nunca antes se hizo. Según la oposición, lo que busca el gobierno, en realidad, es disciplinar a los jueces.
Las denuncias se incrementaron en los últimos años, según datos de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, el organismo que las nuclea. Y solo desde 2016 provocaron la salida de 30 jueces y fiscales. Más de la mitad se fue sin esperar una definición del jurado: renunció mientras avanzaban los procesos en su contra.
Las denuncias son de lo más variadas. Hay acusados de haber cobrado por liberar presos, de haber protegido a narcotraficantes y hasta de haber sido parte de bandas delictivas. Según el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, cuyo secretario es Ulises Giménez, en 2017 se iniciaron 51 expedientes, más que en cualquiera de los seis años anteriores, y en lo que va de 2018 se abrieron ya otros 47.
Desde 2016 tres magistrados fueron echados; siete, suspendidos; a uno le dispusieron un "apartamiento preventivo", y otro fue "licenciado". Además, 18 renunciaron, según números actualizados a fines del mes pasado.
En el oficialismo sostienen que hay un problema de base: muchos jueces provinciales llegaron a sus cargos promovidos por caudillos del PJ con quienes nunca cortaron el lazo político. Y dicen que eso, además de comprometer su imparcialidad, les dio protección todo este tiempo. La oposición, además de poner en duda las intenciones del oficialismo, es crítica de la actuación del procurador Julio Conte Grand. Según Justicia Legítima, "no resulta admisible" que él, que está "acusado de ejercer presiones indebidas sobre los jueces", lleve adelante los procesos de jury.
La crítica se debe a que en territorio bonaerense el sistema prevé que después de la apertura del juicio político (lo que ocurrió ayer respecto de Martín Ordoqui y Silvio Carzoglio), el procurador oficie como acusador impulsando el juicio político.
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