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Las fundaciones de Juntos por el Cambio reclaman no aprobar el proyecto de reforma de la Procuración
En un documento conjunto, los think tanks de PRO, la UCR y la CC advirtieron que el Gobierno busca presionar a la Justicia en favor de intereses personales; y dijeron que los cambios en la ley del Ministerio Público condicionan la independencia de los fiscales
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LA NACION
Las fundaciones políticas de Juntos por el Cambio -Pensar (PRO), Hannah Arendt (Coalición Cívica) y Alem (Unión Cívica Radical)- denunciaron en un duro documento la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia y reclamaron a los diputados nacionales que no aprueben el proyecto de reforma del Ministerio Público que ya fue votado en el Senado.
Si los planes que anunció el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo en el Congreso se concretan, señalaron los referentes opositores, “el oficialismo lograría designar cientos de nuevos jueces, cambiar al Procurador General de la Nación e intervenir el Ministerio Público Fiscal, afectando seriamente la independencia judicial y división de poderes”. Sobre el proyecto específico para cambiar la Procuración, indicaron que tiene “puntos absolutamente inaceptables”, que “elimina la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal” y “condiciona a los fiscales”.
La reforma que se encuentra trabada en la Cámara de Diputados amplía las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. “En efecto, la Comisión pasaría a cogobernar con el Ministerio Público. Esto configura una injerencia indebida de un poder del Estado sobre otro y es inconstitucional, dado que se contradice con el artículo 120 de la Constitución Nacional que define al Ministerio Público como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”, señalaron las fundaciones. Alertaron, además, que si se aprobara la ley, “la Comisión al día siguiente podría desplazar al procurador general interino, Eduardo Casal, y designar a otro afín al oficialismo”.
Otro de los puntos señalados es el debilitamiento de la figura del procurador general, al eliminar la mayoría agravada exigida para su designación, mientras que reduce el plazo de sus funciones. “El sistema de designación actual asegura la selección de un candidato independiente con idoneidad técnica y moral. También le otorga mayor consenso y legitimación democrática para cumplir la relevante función de llevar a cabo la política criminal del Estado y representar los intereses generales de la sociedad. Todo ello no puede quedar librado a una mayoría política circunstancial. Debe ser fruto de un amplio consenso”, resaltaron.
El “aspecto más peligroso”, según Pensar, Hannah Arendt y Alem, es la modificación de la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales. “Esta reforma le garantizaría una mayoría al oficialismo en el organismo facultado para suspender y remover a los fiscales. El Tribunal se integra con siete miembros: un representante del Poder Ejecutivo Nacional, tres representantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, un representante del Consejo Interuniversitario, un abogado de la matrícula y un fiscal. Sus decisiones se toman por mayoría simple, y en caso de empate define el Presidente, que es un representante del oficialismo en la Comisión Bicameral. Si se aprueba este proyecto, el kirchnerismo estará en condiciones de remover a cualquier fiscal que lo incomode con sus investigaciones”, denunciaron.
Los opositores advirtieron que “la presión sobre la Justicia en búsqueda de tribunales que dicten decisiones en favor de sus intereses personales, es una prioridad para el Gobierno”.
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