Las incompatibilidades que motivaron las advertencias

Cuando dio su primer informe ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, debió responder preguntas que, por escrito, le habían hecho sobre el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron.

Como parte de la empresa Compass Lexecon, una firma especializada en competencia, Chambouleyron fue testigo de parte de empresas energéticas (gas y electricidad) en 10 juicios contra el Estado argentino ante el CIADI.

"Tengo conocimiento de los antecedentes profesionales del ingeniero Chambouleyron, por medio del ministro de Energía, que propició su designación", respondió Peña, ante el cuestionamiento del Frente para la Victoria (FPV).

Ante la consulta de LA NACION, fuentes del ministerio afirmaron que el funcionario no había sido testigo de las empresas sino perito de parte en la tasación de las inversiones hechas por las empresas.

La Oficina Anticorrupción (OA) se pronunció en un caso que involucra al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Antes de asumir dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas. En el expediente de la OA, iniciado por una consulta del propio ministro, se determinó que no puede intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con APL y sus clientes.

Otra funcionaria que deberá ponerse límites para no incurrir en un caso de conflicto de intereses es Carolina Castro, subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa. La OA abrió un expediente, a pedido del Ministerio de Producción, porque Castro es accionista de las empresas Orly (cerealera) e Industrias Guidi (autopartes), con líneas de crédito en trámite ante el Estado nacional.

La OA resolvió que la funcionaria "deberá abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas" con las empresas de las que es accionista.

A Guillermo Riera, subsecretario de Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gabinete, la OA le indicó que su empresa de consultoría en comunicación, G-Digital, no podrá ser proveedora de ningún organismo de la Jefatura de Gabinete.

El expediente se inició por una consulta del propio funcionario, que detalló que entre noviembre de 2013 y junio de 2015 su compañía había sido contratada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La OA resolvió que ya no podrá ser proveedor de la Ciudad ni de los Estados nacional y provinciales.

• En el marco de una denuncia realizada por el FPV contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por la importación de gasoil, la Justicia llevó a cabo un operativo en las oficinas de Puerto Madero de YPF con el objetivo de requerir información.

LA NACION

• Mauricio Macri

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