Elecciones 2019: las urnas blindaron a Cristina Kirchner y su libertad está prácticamente asegurada

Más allá de las especulaciones sobre el desenlace de sus causas por corrupción, las urnas blindaron judicialmente a Cristina Kirchner. Si como senadora ya era complejo el trámite para que se ejecuten los seis pedidos de prisión preventiva en su contra, como vicepresidenta electa su libertad está prácticamente asegurada mientras el peronismo mantenga su mayoría en el Congreso.

La detención de una vicepresidenta en ejercicio solo puede ocurrir después de un juicio político en el Congreso que la destituya de ese cargo. La ley de Fueros, sancionada en 2000 después del escándalo por los sobornos en el Senado, establece que en el caso del presidente o vice no alcanza solo con el desafuero (como ocurre con los legisladores), sino que estos funcionarios tienen que ser removidos de sus cargos mediante un juicio político antes de ser detenidos.

Las causales para iniciar un juicio político contra una vicepresidenta incluyen conductas que justifiquen un mal desempeño, la comisión de un delito durante el ejercicio de su cargo o la comisión de un delito fuera del cargo que ejerce en ese momento.

A diferencia del desafuero, el juicio político incluye distintas etapas: desde la aprobación en comisión y luego la votación en el recinto hasta el juicio político en sí mismo. Durante ese proceso, la Cámara de Diputados se transforma en el ente encargado de la acusación. Desde la llegada de la democracia nunca han prosperado los pedidos de juicios políticos contra presidentes y vicepresidentes.

Cristina Kirchner acumula seis pedidos de prisión preventiva -todos ordenados por el juez Claudio Bonadio- y 12 procesamientos confirmados en los tribunales de Comodoro Py. Pero solo uno de todos esos procesos ya está en juicio oral, la etapa más avanzada de los expedientes judiciales. En el juicio por el caso conocido como Vialidad Nacional, que se reanudará el 4 del mes próximo, la expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita que entregó obras de manera irregular al empresario Lázaro Báez.

Hay otras causas que ya están en las vías del juicio oral, pero que todavía no tienen fecha de inicio, como por ejemplo los casos conocidos como Hotesur y Los Sauces, unificados en el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5. En ese juicio se investigan los negocios hoteleros de la familia Kirchner con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de alquileres de plazas hoteleras.

Los cuadernos de las coimas, uno de los casos más resonantes, también tiene designado un tribunal oral, pero todavía no hay fecha de inicio. El TOF N°7 ya tiene el expediente, pero todavía resta la resolución de decenas de recursos que impondrán las defensas antes del comienzo del proceso que seguramente demorarán su inicio, por lo menos, hasta 2020.

El Frente de Todos, sin embargo, puede quedarse tranquilo sobre la situación judicial del presidente electo. Alberto Fernández es uno de los pocos dirigentes de ese espacio que puede presumir de su tranquilidad en materia judicial, ya que no tiene ninguna acusación en los tribunales de Comodoro Py.

El exjefe de Gabinete fue salpicado por dos escándalos, pero ninguno lo involucró desde el punto de vista legal. El primero, allá por 2007, cuando se descubrió que la entonces secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti (que Fernández había llevado al gobierno) usaba fondos públicos para distintos gastos personales suyos y de sus familiares. Y el último escándalo ocurrió ese año, después de las elecciones, cuando se descubrió que el kirchnerismo financió su campaña (Fernández cumplía con la recaudación) con fondos provenientes de la mafia de la efedrina.

Por Iván Ruiz

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