Lavado de dinero: el Senado demora la aprobación de un proyecto de ley reclamado por un organismo internacional

El candidato propuesto por el gobierno de Javier Milei para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, pidió esta tarde en el Senado la rápida sanción del proyecto que modifica la ley de lucha contra el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas y advirtió que, de no hacerlo antes del próximo 3 de marzo, Argentina podría caer en la denominada “zona gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por países con legislaciones blandas a la hora de castigar ese tipo de actividades.

El reclamo cayó en saco roto, ya que tanto el Frente de Todos como la UCR se negaron a darle luz verde en comisión al proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados en abril del año pasado y que el kirchnerismo decidió dejar en el olvido a mediados del año pasado, a pesar de que el texto fue enviado al Congreso a fines de 2022 por el gobierno de Alberto Fernández a pedido del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

La iniciativa modifica la ley de lucha contra el lavado de activos provenientes de delitos para adecuarla a las exigencias del GAFI, organismo que el próximo 3 de marzo visitará el país para hacer una revisión. El texto fue incorporado por el gobierno de Milei en el temario de sesiones extraordinarias, razón por la cual el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Pernales y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con la intención de emitir dictamen y dejarlo listo para su tratamiento en el recinto la semana próxima.

Al exponer ante la comisiones, Yacobucci alertó sobre las consecuencias de demorar la sanción de la ley. “Argentina es, junto con Omán, el anteúltimo país que queda sin ser evaluado; el país ya pidió dos prórrogas y sabemos que el GAFI no va a dar nuevas prórrogas”, advirtió el candidato a presidir la UIF, organismo encargado de controlar y vigilar los movimientos financieros sospechosos de encubrir el blanqueo de activos obtenidos por delitos como la corrupción, el terrorismo y la trata de personas.

En ese sentido, consideró que la adecuación de la legislación a los dictados del GAFI “es fundamental para lograr el despegue del país”. “Si no sale este proyecto, lamentablemente en lo económico los ciudadanos van a sufrir las consecuencias”, advirtió, aludiendo a que el FMI exige el cumplimiento de esas directivas como parte de las condiciones para acordar con las autoridades argentinas.

Sin embargo, la prédica del funcionario designado se encontró con la resistencia del radicalismo y Pro, que volvió a la carga con los cuestionamientos que había hecho al texto cuando se discutió en Diputados.

Así, los radicales Víctor Zimmermann (Chaco) y Maximiliano Abad (Buenos Aires) y la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) plantearon sus dudas sobre la autonomía que tendrá la UIF si se mantiene al organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía, pidieron que dependa del Ministerio de Justicia o de la Procuración General de la Nación, y la designación de su titular en manos del Presidente previa realización de una audiencia pública no vinculante.

“Creo que no debiéramos tener una designación por parte del Poder Ejecutivo para los miembros de la UIF, presidente, vice y consejo asesor; sino que debería hacerlo un organismo ad hoc o con acuerdo del Senado”, dijo Zimmermann.

Por su parte, Abad aseguró que si se coloca a la UIF bajo el control de la Procuración General “mostramos la importancia que le damos a la persecución de estos delitos al dejarla en manos de los fiscales”.

El radical bonaerense también criticó “la amplitud de la figura penal” establecida para los delitos de terrorismo, advirtiendo que podría dar lugar a persecuciones judiciales, y reclamó dejar de manera explícita en la ley que la UIF deba ser querellante en los considerados delitos graves. “El Estado tiene que estar presente con sus herramientas y sus instrumentos para perseguir el crimen organizado”, afirmó.

Atentos a que se trata de un proyecto enviado por el gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo evitó las críticas a la iniciativa, pero rechazó avanzar con la firma del dictamen cuando Yacobucci y el presidente de la Comisión de Justicia, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), pidieron acelerar el tratamiento.

De hecho, el Frente de Todos no dijo nada cuando la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), preguntó las causas por las cuales se había demorado el tratamiento el año pasado. El kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén), anterior presidente de la Comisión de Justicia y responsable de que el proyecto nunca más fuera tratado, no se dio por aludido y guardó silencio ante la consulta de la senadora.