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Lavado: molestó a EE.UU. el uso de datos confidenciales
Considera que el gobierno argentino utilizó la información con fines políticos; retiró su colaboración
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LA NACIONHugo Alconada Mon
En sigilo y fuera de la controversia pública, el gobierno de Estados Unidos interrumpió la entrega a las autoridades argentinas de información sensible de inteligencia sobre operaciones financieras de personas y empresas privadas, ante la sospecha de que los datos son usados por el Gobierno para sus propios fines políticos. Así lo confirmaron a LA NACION cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas.
El quite de colaboración fue decidido por la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, al verificar que los datos confidenciales que le solicitó desde Buenos Aires la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el candidato opositor Francisco de Narváez salieron a la luz en julio de 2009 en medios de comunicación muy cercanos al Gobierno. Hasta hoy hubo intentos por parte de la Argentina de revertir esta interrupción de datos, que continúa vigente.
Estados Unidos suspendió ese flujo de información de inteligencia que contiene reportes de operaciones sospechosas cuando desactivó el llamado "memorando de entendimiento" existente entre la Fincen y la UIF, por entonces bajo el mando de la contadora de la Policía Federal, Rosa Falduto. La decisión norteamericana ocurrió cuando verificó que los datos, que requerían su autorización para ser transferidos de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron del peor modo, lo que vulneró el principio de confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción de información entre los diferentes países (de lo que se informa por separado).
La difusión de los datos reservados de inteligencia enviados por la Fincen a pedido de la UIF -que por las normas Egmont puede requerir esos datos sin una orden judicial previa- ocurrió por medio del diario Página 12 . Esto ocurrió el 5 de julio de 2009 en una nota titulada "Los negocios del patán" y el artículo sostenía que el Departamento del Tesoro "también investigaba" a De Narváez, tras recibir reportes de supuestas operaciones sospechosas que habrían sido reportadas por el Citibank y el JP Morgan Chase.
Es decir que esto se publicó una semana después de que De Narváez derrotó al ex presidente Néstor Kirchner en las urnas en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. Los Estados Unidos tomaron nota de esto y actuaron en consecuencia, según reconstruyó LA NACION.
"Desde Fincen reclamaron cómo se «escapó» la información y por qué no se le avisó que se enviaba la información a la Justicia", detalló una fuente argentina al tanto de lo que calificó como "cortocircuito". "La filtración ocurrió cuando la información ya estaba en sede judicial. Pudo ser algún funcionario de Tribunales o la SIDE", abundó, en alusión a la Secretaría de Inteligencia. "Pero como la UIF era su interlocutor directo, la UIF recibió el reclamo y la secuela", añadió.
La salida de Falduto y el arribo a la UIF de José Sbattella, entre enero y febrero de este año, no revirtió la situación, aunque a fines de septiembre último la Fincen envió a un grupo de expertos a Buenos Aires. Evaluaron reactivar el flujo, lo que se plasmó en un borrador de un nuevo acuerdo bilateral, más estricto, pero que no se firmó aún por decisión de Washington.
Sin reciprocidad
La ruptura de ese canal de comunicación vedó a la Argentina de obtener información privilegiada para avanzar en investigaciones propias sobre lavado o terrorismo. Por ejemplo, sobre operaciones sospechosas en la Triple Frontera. Uruguay, por el contrario, utilizó datos aportados por Washington en una pesquisa que terminó con el arresto y procesamiento de un conocido contador local, Raúl Weissman, acusado de lavado de dinero del narcotráfico.
La decisión unilateral de la Fincen llevó a una situación peculiar: la UIF sigue enviando reportes de operaciones sospechosas (ROS) a su contraparte de Washington, cuya reciprocidad se mide "con cuentagotas", según graficó un funcionario argentino. "Lo de De Narváez fue un error que nos excomulgó", reconoció la fuente consultada.
El traspié argentino cuenta con antecedentes. En 2004, Fincen suspendió el intercambio de información con México también por una filtración política de datos sensibles. Pero el flujo se renegoció al cabo de una semana, mientras que en el caso argentino el freno de esa información comenzó en 2009 y podría extenderse hasta 2011. No parece existir voluntad de una rápida resolución del tema como lo fue el caso mexicano.
Formalmente, las autoridades norteamericanas justificaron la demora ante sus interlocutores argentinos en que esperaban que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) completara su evaluación sobre la Argentina -que se definió el 22 de octubre último-, para luego sí definir qué rumbo tomar con la UIF.
Por los carriles informales, sin embargo, desde Washington se dejó trascender que su parsimonia ante el envío de información sensible responde a la "desconfianza" que despierta la UIF -como la caracterizó un informante ante la consulta de LA NACION-, en su versión más proactiva y polémica en manos de Sbattella.
