Ley ómnibus: el oficialismo convocó la sesión para el miércoles luego de que el Gobierno otorgara más concesiones a la oposición dialoguista

El Gobierno busca otorgarle esta semana la media sanción al proyecto de ley ómnibus y accedió a realizar más concesiones a la oposición aliada, que condicionó su apoyo a cambios concretos. Sin margen para seguir postergando del trámite legislativo, y ante la necesidad de mostrar avances concretos a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el domingo a la noche el Poder Ejecutivo aceptó, entre otras cosas, reducir de 11 a siete las facultades delegadas al Presidente, así como quitar la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro.

La reunión de Labor Parlamentaria podría llevarse adelante este miércoles por la tarde, en la que el oficialismo tratará de ordenar la sesión que se convocó para el miércoles a las 10, a pedido del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA). Si bien el mosaico de legisladores dialoguistas que serán determinantes para definir el futuro de la iniciativa se mostró conforme con la contrapropuesta, presionarán por sumar reformas en el recinto, como la eliminación del capítulo de privatizaciones.

A lo largo del día, el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, fue un ir y venir de referentes de los distintos bloques que componen el parlamento. Por la ingresó la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, quien destacó que en la cumbre con el titular del cuerpo se trataron “cuestiones operativas” de la sesión.

Cerca de las 14, la diputada radical Soledad Carrizo y el secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace, punteaban junto a Menem las mutaciones de la norma. Lo mismo hicieron el titular de Pro, Cristian Ritondo, y el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, cada uno por separado. A mediados de la tarde se sumó Santiago Caputo, el consultor estrella del presidente Javier Milei, una figura cada vez más gravitante en las negociaciones políticas con la oposición, quien desdibuja el rol del presidente de la Cámara y su equipo.

En paralelo, el jefe de la bancada UCR, Rodrigo de Loredo, y Karina Banfi, su vice, junto a Pamela Caletti, de Innovación, y los diputados de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, se reunieron para cohesionar posturas. A las 19, en tanto, los diez gobernadores de Juntos por el Cambio y aquellos peronistas no kirchneristas, más los líderes de las bancadas dialoguistas tenían previsto congregarse en el Consejo Federal de Inversión (CFI) con el objetivo de delinear una estrategia común.

Las nuevas modificaciones en el texto de la “Ley de Bases” se conocieron después de un fin de semana de intensas conversaciones entre el oficialismo y la oposición para allanar el terreno que deberá transitar la iniciativa en la Cámara de Diputados. El intercambio se intensificó tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar el capítulo fiscal de la iniciativa por la falta de apoyo de los gobernadores y legisladores. La UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal tienen previsto reunirse con el bloque de La Libertad Avanza (LLA) para definir cómo plasmar los cambios concedidos, que no figuran en el dictamen de mayoría que llegará al recinto. Según trascendió, podrían dejar por escrito las modificaciones y que el miembro informante de la sesión, antes de comenzar la votación, mencione las disidencias planteadas y proponga tratar un texto ya modificado.

El Gobierno aceptaría reducir las áreas que se declaran en emergencia y, con eso, bajar de 11 a siete la cantidad de facultades delegadas. La más cuestionada por la oposición era la que disponía poderes especiales para el Presidente Javier Milei en materia previsional. Tras la remoción del capítulo por el que se reformaba la fórmula de movilidad jubilatoria, muy objetado por todo el arco político con el argumento de que “el ajuste lo pagarán los jubilados”, se especulaba con que el Ejecutivo usaría esta emergencia para llevar adelante su propósito.

También se excluirá, en el capítulo de reorganización administrativa, la facultad de disolver a las empresas públicas, universidades, y entidades incluidas en el inciso c del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, como el INTA y el Conicet. De ese articulado se podría remover la capacidad del ejecutivo de modificar asignaciones específicas.

La transferencia de activos del FGS al Tesoro fue otro de los puntos duramente cuestionados por un sector de la oposición dialoguista, que si bien se mostró a favor de la medida, reclamaron que ese traspaso se realice compensando los pasivos de las provincias con el organismo y garantizando que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses. Por eso, el Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.

En la misma línea, el Poder Ejecutivo también accedería a eliminar el artículo por el que se derogaba la incompatibilidad para trabajar en sociedades de bolsa inmediatamente después de ser funcionario público; y se modificaría el artículo de fondos fiduciarios energéticos por el que se retrotrajo la derogación de la Zona Fría, la cual prevé un descuento de entre 30% y 50% en el gas residencial por redes para los habitantes de áreas desfavorecidas en términos climáticos.

Además, se podrían retirar las modificaciones al Código Civil y Comercial en conceptos de fondo como mora o teoría de la imprevisión, aunque prevalecerán las reformas sobre los procedimientos de divorcio, sucesiones, y contratos comerciales. Todas las transformaciones sobre el sistema electoral que se habían mantenido, principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales -se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado-, quedarían fuera del texto.

Si bien el Gobierno accedió a remover el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus, subsistiría la parte de impuestos internos, transparencia fiscal y otras medidas que podrían afectar a las cajas provinciales, como la asignación específica del impuesto PAIS, que no sería coparticipable, tal como plantearon los gobernadores tras la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

A pesar de que el Gobierno apuntaba a sesionar este martes, tanto fuentes de la presidencia de la Cámara como legisladores dialoguistas este mediodía ya hablaban de una postergación. “No dan los tiempos”, se sinceraban ante este medio.

Para ejercitar el rol que deberá poner en práctica esta semana, Menem probaba este lunes los comandos del recinto. Su primera y última intervención como ordenador de la sesión fue a fines de diciembre, cuando se eligieron las autoridades de la Cámara. “Podrían llegar a ser 40 horas de corrido”, señalaban en el entorno del presidente del cuerpo sobre la duración de la sesión.

Bajo este escenario, se descuenta que la iniciativa sea aprobada en general por el aval de este mosaico de más de cien legisladores, aunque el foco estará puesto en cómo se llegará a la votación en particular de cada uno de los puntos de la iniciativa. “Se puede complicar en el inicio, cuando el kirchnerismo y la izquierda hagan notar los vicios del proyecto y pidan que vuelva a comisiones”, advierte un experimentado negociador parlamentario.

La UCR todavía pone reparos en el paquete de privatizaciones de empresas públicas y apuesta a generar cambios en la definición de lo que se considera una manifestación y en materia de legítima defensa.

Lo mismo con el bloque que preside Pichetto, quienes apuntan a acompañar el rechazo de los radicales al paquete de liquidación de compañías del Estado, y forzarán otros cambios en el recinto. Buscan eliminar los capítulos de pesca, biocombustibles, transición energética y aquellos artículos que reforman el Código Civil. Además, tratarán de reducir aún más las facultades delegadas, sobre todo de seguridad, tarifaria y energética.

En Pro, por su parte, ya manifestaron su intención de apoyar el proyecto en general, aunque enviaron algunas “mejoras” en temas “de forma y de técnica legislativa”.

El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total, ya que consideran la quita del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una “trampa”. “Estamos a menos de 48 horas de la sesión y nadie sabe cuál es el texto que van a proponer en particular”, consideró Martínez esta tarde en la puerta del Palacio Legislativo.

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