Ley ómnibus en el Congreso: con reclamos de sectores civiles terminó otra jornada de debate en Diputados

• Después de tres días de exposiciones, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de ley ómnibus retomó la tarea este lunes, desde las 10.
• Participaron del debate representantes de integrantes de empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y distintos sectores de la sociedad alcanzados por las disposiciones que plantea la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
• Los invitados plantearon sus observaciones en bloques de cinco minutos cada uno. Se alternaron las presentaciones virtuales y presenciales, dado que algunos expositores son del interior del país.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, dijo hoy que las reformas estructurales que necesita la Argentina son “grandes y dolorosas”, al pedir al Congreso que acompañe el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias.

”Hace mucho tiempo vengo diciendo que las reformas estructurales que necesita hacer la Argentina son muy grandes y muy dolorosas, que la gente va a tener que aceptarlas si quiere empezar a construir un país normal porque si no vamos a continuar siendo decadentes un poco todos los días”, dijo el dirigente empresario en diálogo con la prensa. En este mismo sentido, Grinman destacó el rol importante del Congreso e instó a las distintas fuerzas políticas a dejar de lado sus diferencias para “tratar de entender” que la mayoría del pueblo argentino eligió el modelo de país que impulsa el presidente Javier Milei.

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer rechazó la ley ómnibus en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y dijo que esa iniciativa “se fundamenta en falacias planteando que la Argentina es un aquelarre para plantear la emergencia en todos los aspectos habidos y por haber”.

Tras ratificar el paro y movilización dispuesto por la CGT para el próximo 24 de enero, Daer sostuvo que el capítulo cuarto de la ley, que toca temas laborales, “no ataca privilegios”, y consideró que “ataca derechos individuales, colectivos, limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y por supuesto debilita a los sindicatos”.

Actores del sector cultural, industrial, productor y Pyme, plantearon sus objeciones y pocos apoyos a los puntos del proyecto de ley oficialista llamada ley ómnibus. Queda ahora el análisis por parte de los diputados de cada una de las exposiciones de los sectores civiles para votar a favor o plantear mejoras a la iniciativa de La Libertad Avanza.

La diputada Myriam Bregman se quejó en medio de las alocusiones de los referentes de los diferentes sectores sobre la ausencia de figuras del oficialismo claves.

“Tiene que estar el equipo económico, el oficial y el extraoficial. (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger. Tienen que venir a exponer y la política económica de conjunto tiene que ser lo que guíe este debate, porque si la principal extorsión que está haciendo el presidente de la Nación es que si no se discute la ley ómnibus se descalabra la economía”, reclamó.

El diputado nacional y jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió a la presidencia del plenario de comisiones tener en cuenta la posibilidad de flexibilizar la cantidad de minutos que tienen los exponentes de la sociedad civil que, desde hoy, están haciendo sus observaciones sobre la ley ómnibus. “Podríamos ser más flexibles”, manifestó.

La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJyP) de la Conferencia Episcopal Argentina expresó hoy su “preocupación” por las medidas contenidas en el DNU del Gobierno y advirtió que el proyecto de ley ómnibus promueve “una delegación de facultades legislativas” al Ejecutivo que, de aprobarse, “configuraría un posible escenario que dañaría en forma grave la conformación de la República”.

El organismo de la Iglesia católica, integrado por laicos, dijo en un comunicado que “es imprescindible la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado, conforme lo establece nuestra Constitución para asegurar un marco republicano, con la escucha a los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos en temas particulares que de alguna manera son afectados por las medidas propuestas”.

Resaltó que incluir las voces de estos sectores de la sociedad civil en el debate puede ser un “aporte para delinear alternativas superadoras”, sobre todo “aquellas que afectan a los más débiles, los más pobres, las infancias, los jubilados, las personas con discapacidad”.

“Expresamos nuestra preocupación al tiempo que reiteramos nuestra puesta al servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan dar el debido cauce a las propuestas del PEN”, indicó la CNJyP ante el ya vigente DNU y el debate que se lleva a cabo desde la semana pasada en comisiones legislativas sobre la denominada Ley ‘Bases’.

“Junto con Sergio Palazzo y otros diputados y diputadas, presentamos un proyecto de declaración para expresar el rechazo a las propuestas de privatización de empresas y sociedades de propiedad estatal y de venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. El proyecto de ley propone, sin ningún tipo de análisis ni pauta, la privatización de 41 empresas y sociedades del Estado, entre las que están YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, AR-SAT, AySA, Correo Argentino y Ferrocarriles Argentinos. La venta de estas empresas tendría consecuencias muy graves e irreversibles para el Estado y para derechos de usuarios. Además, gran parte registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía”, resumió Julia Strada, al comunicar la elevación de la iniciativa en medio del plenario de comisiones.

El director de 1985, Santiago Mitre, tuvo una efusiva intervención en el plenario, dijo que el cine “no pide fondos, se autogestiona”, pero lo que sí pide es que no se modifique la ley ni se toquen organismo como el INCAA. “Pide que se mantenga la ley que le permite seguir autofinanciándose”, precisó. Antes, Marrale consideró que no tiene nada que ver con bajar la inflación meterse en áreas del arte y la cultura y se preguntó si películas como 1985, El Secreto de sus Ojos y la performance de los actores argentinos sería la misma si el Gobierno avanzara con este proyecto.

En el marco del debate, el discurso más “encendido” fue el de Rodolfo Llanos, de la Asociación de Emprendedores, que acusó a los legisladores a los gritos y los responsabilizó por el nivel de pobreza.

Hablando en tercera persona, Llanos les dijo a los diputados presentes: “El señor que está delante de ustedes con traje y corbata es un señor que sabe lo que es dormir en la calle. Este señor que está delante de ustedes sabe lo que es esperar que McDonalds tire la comida para comer”. Luego, apuntó: “Cuando hablan de derechos, y la gente como yo tuvo que matarse para conseguir un empleo”.

Algo que llamó la atención del debate, es la gran variedad de temas en la maratónica jornada. En tanto, desde la transmisión se podían ver a muchos de los diputados charlar entre sí mientras exponían los diferentes actores que exponían. “Los legisladores están más atentos a sus celulares y no a los diferentes actores que exponemos las problemáticas que tenemos en los diferentes sectores”, dijo en medio de su exposición Alejandro Gramajo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Entre sus reclamos, señaló que “en el DNU se anununcian emergencias en diferentes planos” pero “no habla de cómo atender la emergencia alimentaria”. Además, denunció que “no se entregarán alimentos a los comedores comunitarios” y que “se desfinancia la política de urbanización de barrios populares al sacar el aporte solidario al dólar”. Luego, señaló: “Cuando el Estado se retira del los barrios populares aparece el narcotráfico”.

Ante esto, la diputada de LLA Lilia Lemoine lo quiso interrumpir al decirle que mentía, y Luis Espert dejó que Gramajo continúe su exposición.

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (C.A.P.I.P) se pronunció en contra de las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional, y sostuvo que “nos afectan directamente a las economías regionales, que no resistimos 15% en derechos de exportación”.

Agregaron que en este rubro las modificaciones promovidas por el Ejecutivo “afecta el equilibrio entre los distintos productos e inhibe la elaboración de productos con valor agregado”, lo que los “lleva a exportar nuevamente materias primas”.

Por su parte, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), resaltaron que el sector ha “logrado tener 0% de derechos de exportación, y no podemos gravar una economía regional con todas estas complicaciones con un impuesto más”.

“Entendemos los esfuerzos que necesita hacer el país”, refirieron, pero cuestionaron el “aplicar derechos de exportación a la actividad de las economías regionales cuando justamente necesitamos duplicar exportaciones y seguir dando valor agregado”.

“Todo ese esfuerzo debe estar vinculado a poder ser competitivos”, concluyeron.

A su vez los representantes del Complejo Nucleoeléctrica sostuvieron que “no se entiende por qué el Gobierno pretende llevar a una privatización a una empresa eficiente económicamente, que se ha desarrollado tecnológicamente y con capital humano impresionante que no se va al exterior”.

Desde la agrupación de Pymes, Emprendedores y Productores para el crecimiento argentino (PEP) y la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha), plantearon que en su sectores están “diseñados para contratar, no para despedir gente”, y que por ello consideran necesaria “la eliminación de la multa en relación a la ley de empleo como un tema central para pymes a la hora de contratar”.

“La multa genera al momento de contratar un pasivo contingente, y son la espada de Damocles de las pymes”, en referencia a que la legislación laboral pro trabajador de acuerdo a su posición obstaculizaría la demanda de trabajo.

En el mismo sentido se expresó el titular de Café Martínez, Marcelo Salas Martínez, quien afirmó que “si nos lo permitieran podríamos generar 3.500 y hasta 7.000 puestos de trabajo en los próximos tres años”.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil expresó hoy su rechazo “total y absoluto” a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que pretende el “traspaso” de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, incluida en el proyecto de Ley “Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”, porque “colisiona con elementales principios constitucionales”.

El rechazo quedó plasmado en una acordada suscripta hoy por 24 de los miembros de la Cámara Civil cuyo contenido será puesto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales, y Legislación General, la Cámara de Diputados, el Senado, y el Ministerio de Justicia.

“La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil manifiesta su profunda preocupación frente al proyecto de ‘traspaso’ de la Justicia Nacional incluido en el artículo 439 del ´Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos´, que se encuentra actualmente a estudio del Congreso de la Nación”, sostuvieron los jueces en la Acordada a la que accedió Télam.

El titular de la Juventud de la Unión Cívica Radical porteña, Agustín Rombolá, aseguró hoy que el presidente Javier Milei “desprecia profundamente” a las instituciones democráticas y que las medidas que está tomando “son contrarias a los intereses del pueblo argentino” y “malas para la democracia”. Además, dijo que se sumarán al paro de la CGT para el 24 de enero.

“Es un mes muy malo para Argentina y para la política. Las medidas que vienen llevando adelante son contrarias a los intereses del pueblo argentino, a la clase media, a los trabajadores, jubilados y jóvenes, también son malas para la democracia”, indicó a Radio Provincia Rombolá sobre el primer mes de gobierno de Milei.

“Hay un montón de personas que él critica y que se han comportado colaborativos con los delirios que está exponiendo en la sociedad, como el DNU, como el proyecto de la Ley ómnibus y aun así los insulta, lo cual demuestra un elevado nivel de violencia, una desconexión con la realidad o con algún criterio táctico que podría ampliar para que le vaya mejor en la arena política del debate”, analizó.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, se mostró este lunes a favor de bajar la edad de imputabilidad, tras plantear la necesidad de trabajar sobre un nuevo Código Penal y Régimen Penal Juvenil. Esto se da en el marco del anuncio que formuló el domingo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. El funcionario nacional anticipó que este año presentará un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sin distinción según el delito cometido.

Santilli recordó que ya presentó un proyecto en el Congreso que trazaba los lineamientos para abordar la problemática. “Debemos tener un nuevo Código Penal y Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad, tener penas más contundentes y evitar la excarcelación”, expresó. “El que las hace las tiene que pagar”, sostuvo el legislador nacional y referente bonaerense del espacio.

Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, dejó entrever, tanto en su primera alocución en la reunión parlamentaria como en diálogo con C5N, que “se dice que hay una mesa negociando cambios” de la ley ómnibus. “¿Dónde está? ¿Quiénes están haciéndolo? ¿Es cierto que hay oficinas pagadas por empresarios? Me parece que estamos retrocediendo más de 20 años”, dijo el diputado opositor.

“Los debates se dan en el Congreso, en ningún hotel ni en ninguna oficina particular”, agregó Martínez. “No solo no sabemos quiénes elaboraron este proyecto, sino que se está negociando y nadie quiere hacerse cargo del dictamen de las comisiones”, prosiguió.

El diputado reclamó: “Tenemos que seguir insistiendo para que vengan [el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás] Posse, [el ministro de Economía, Luis] Caputo y [Federico] Sturzenegger, los tres responsables de esta ley ómnibus”.

Una veintena de organizaciones ecologistas, sociales e indígenas, entre las que se encuentran Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, lanzaron una petición para reunir firmas contra la modificaciones de las leyes ambientales contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley ómnibus “ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina”.

“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección”, aseguró Diego Salas, director de programas de Greenpeace en un comunicado de la ONG. “Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos. Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos viviendo”, agregó.

Luego de que la semana pasada, durante los primeros encuentros del plenario, hubiera fuertes cruces entre el diputado José Luis Espert y referentes de la Izquierda y hasta el exvicecanciller, Santiago Cafiero, luego de que el legislador oficialista cortara manualmente el micrófono de sus colegas, el Congreso implementó un nuevo sistema.

“La metodología que acordamos es de cinco minutos por cada expositor. A los cuatro minutos, nosotros vamos a avisar”, explicó el legislador nacional Gabriel Bornoroni. Y agregó: “A los siete minutos el sistema corta el sonido”.

En el comienzo del plenario de comisiones, varios diputados de la oposición reclamaron que el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, se apersone en el Congreso para dar información respecto del megaproyecto. A su vez, los ediles solicitaron que se extienda la discusión algunas jornadas más.

La diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman resaltó la relevancia de la reunión que se llevará adelante este lunes: “Es importante para que puedan exponer los distintos sectores que son sumamente afectados por este tema. Vamos a estar dándole un lugar a Unidos por la Cultura, sectores de la salud mental”.

“Esta ley y el DNU nos perjudican a todos los sectores de la sociedad menos a los más, más, ricos”, agregó a menos de media hora de iniciarse el plenario. Bregman criticó al Gobierno: “No son flexibles. Ellos tienen un plan de guerra, por eso comenzaremos un plan de lucha hasta derrotar el ajuste de Milei”. “Hay que ver si pueden poner todos los puntos, por eso es tan importante lo que hacen los sectores de la oposición”, advirtió.

Este domingo, antes de emprender su viaje a Davos, el presidente Javier Milei volvió a pedirle al Congreso que sean aprobados el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y el paquete de la ley Bases, al advertir que “el déficit cero no es negociable” y que si eso no sucede “el ajuste que habrá que hacer será mayor”.

”Cuanto mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura”, advirtió ayer el mandatario en diálogo con radio Mitre y añadió que el Gobierno “entiende” que “el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal”.

Milei señaló que con el conjunto de la ley Bases “se hizo mucho más que en muchísimos años de lo que lleva esta democracia, y todo en favor de las ideas de la libertad y el bienestar individual”. Y alertó que “si la ley no avanza, el déficit cero no es negociable” porque “entendemos que el problema es el Estado y los políticos generando déficit fiscal”.

”Si nos encontramos en un contexto más adverso, ya sea porque tiene que caer más la actividad o baja menos la tasa de interés, o tuviéramos un menor acceso a los mercados de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos y, por ende, como no se negocia el déficit cero, el ajuste que habría que hacer es mayor”, graficó.

El Presidente advirtió que en el Congreso “o se ponen los pantalones largos para que los argentinos estén mejor o el mercado nos pasa la factura” y señaló que la responsabilidad es del Poder Legislativo para “hacer las cosas bien o dedicarse a hacer ‘fulbito’ para la tribuna mientras que le arruinan la vida a los argentinos como han hecho durante los últimos 40 años”.

El plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados recibirá este lunes a representantes de la sociedad civil, alcanzados por la iniciativa, tras aceptar un planteo en ese sentido por parte de los legisladores de la oposición, especialmente de Unión por la Patria (UxP) y la Izquierda, formulado a lo largo de la semana pasada.

El oficialismo no descarta aprobar antes del 25 de enero el proyecto para darle tiempo al Senado a sancionarlo dentro del período extraordinario de sesiones, que vence el 31 de enero.

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