Ley ómnibus: el oficialismo apura el debate y negocia el respaldo de los bloques aliados para evitar un dictamen de rechazo del kirchnerismo

El Gobierno de Javier Milei busca acelerar el tratamiento del proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados y conseguir el respaldo de sectores clave de la oposición para encaminarse hacia su primer logro legislativo.

Para despejar la incertidumbre en torno a la viabilidad política y a la instrumentación de las reformas de Milei, la conducción de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso apurará desde este lunes las negociaciones para consensuar modificaciones en capítulos medulares del proyecto de “Ley de Bases” con Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal, los bloques que le podrían permitir construir una mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara baja, para llevar su debate al recinto antes de fin de mes.

Si obtiene el acompañamiento de esos tres desprendimientos de Juntos por el Cambio, que se resisten a dar su aval a libro cerrado e imponen condiciones para convalidar el megaproyecto, sobre todo, en el estratégico capítulo previsional, en la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por la emergencia y en la suba de retenciones, los libertarios evitarán que el kirchnerismo y la izquierda, promotores del voto negativo para tumbar las reformas del Estado y de la economía, reúnan el mayor número de firmas para el dictamen de rechazo.

Con el fin de aprovechar el crédito social de Milei en la primavera de su gestión, el oficialismo se puso como meta lograr un dictamen de mayoría el próximo jueves. Según les anticiparon jefes libertarios a representantes de la UCR y Pro, no descartaban llevar el proyecto al recinto el sábado 20 de enero, antes del paro convocado por la CGT. Es una carrera contra reloj. “Imposible”, les avisaron desde el campamento de los bloques afines a LLA.

En el bloque libertario, en tanto, reconocen que se enfrentan a un desafío mayúsculo, pero confían en lograr acuerdos para destrabar el debate. “Ahora hay que apurar y poner primera a fondo. Podemos tener dictamen el jueves. Es una ingeniería difícil”, afirma un alfil de LLA y uno de los encargados de negociar con la oposición. Calculan que podrían “reunir 135 o 138 votos a favor” en el recinto. Luego, vendrá la disputa por la votación en particular de un proyecto con más de 600 artículos. Será una batalla desgastante, tema por tema, para la cual el oficialismo requerirá mostrar pericia a la hora de negociar si quiere evitar una derrota en el recinto en temas troncales.

En el Gobierno deslizan que “la prioridad son los votos en el recinto”, pero aclaran que es “improbable” que los tengan si no construyen una mayoría en las comisiones. “El kirchnerismo y la izquierda no tienen mayoría en comisiones. Si no logramos despacho de mayoría es porque probablemente algunos de los tres bloques ‘afines’ se dio vuelta”, apuntan desde las filas de LLA.

Por eso, en lo que se anticipa como un frenético sprint legislativo, Menem retomará este lunes las tratativas. En esa carrera de obstáculos, está acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien se encargó de recibir los reclamos de los gobernadores y prometió cambios en el articulado relativos a la pesca, el biodiésel y los hidrocarburos, y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi. Los tres, según pudo saber LA NACION, activarán “diálogos subterráneos” con emisarios de la oposición para negociar.

En principio, accedieron -a pedido de la oposición- a que se incorpore a la discusión la voz de organizaciones sectoriales y de la sociedad civil afectadas por el proyecto. Lo harán desde este lunes. El resto de la semana continuarán las reuniones plenarias de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales. “Vamos a ver si lo conseguimos”, dicen cerca de Menem. Por lo bajo, no descartan que el Ejecutivo amplíe las sesiones extraordinarias.

En los sectores aliados no creen que esta semana se logre un dictamen que pueda atravesar el ripio de una sesión sin modificaciones. De hecho, la UCR pide más tiempo para debatir en el plenario de comisiones. “Estamos viendo los plazos. Que no nos corran, queremos ayudar”, remarca un diputado radical.

LLA necesita que el texto del proyecto que lleven al recinto reúna los 129 votos de antemano. “Depende del oficialismo”, deslizan los legisladores que forman parte de esta unión transitoria, que piden sentarse a dialogar con quienes toman las decisiones. Tienen buen trato con Menem y sus laderos, pero entienden que sus interlocutores no tienen la capacidad de cambiar una sola coma del proyecto.

Según indicaron fuentes del oficialismo a este medio, no está previsto que se arme una “mesa política” para negociar retoques en la ley, tal como piden el Pro, la UCR y el bloque de Pichetto. En principio, Menem seguirá manteniendo cumbres bilaterales con los referentes de cada bloque para elevar las solicitudes al Poder Ejecutivo. Por ahora no delegó en Oscar Zago, presidente del bloque de LLA, la tarea de recopilar los pedidos de los espacios para definir una estrategia.

Negociaciones

Si bien repiten que “nada sobra” en la ley de ómnibus, las espadas libertarias en el Congreso admiten que procuran garantizarse las reformas urgentes. Resta saber cuán flexible será Milei, que hasta ahora prefirió mostrarse intransigente y desgastar ante la opinión pública a los diputados que se resisten a sus reformas. De hecho, el Presidente volvió a atacar este domingo al Congreso. Y generó la reacción de Rodrigo De Loredo, jefe de bloque de la UCR, Martín Tetaz e Ignacio Torres, gobernador de Chubut y referente de Pro, quienes salieron a cruzarlo.

El paquete fiscal es “intocable” para el Gobierno, pese a que estarían dispuestos a revisar el esquema de retenciones y hacer retoques mínimos ante los reclamos de los gobernadores. Los articuladores de los libertarios también lucen propensos a negociar la delegación de facultades –aceptarían acotar los plazos– o postergar la reforma electoral –resta saber si mantendrán la eliminación de las PASO, que tiene más acompañamiento–, pero avisan que “no hay margen” para dar marcha atrás con la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. Ese será el tema más espinoso: “Va a llevar más tiempo de discusión. La caja de la Anses representa el 65% del gasto. No hay plata y no vamos a emitir para pagar”, avisan.

Desconcierto en la oposición

Mientras tanto, la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal reclaman que el Gobierno empodere a un interlocutor para ordenar la discusión. “Nos desconciertan”, repiten entre los 94 legisladores que buscan lograr un pack único de modificaciones para presentarle al oficialismo.

La lógica con la que opera el Gobierno no deja de sorprender a este mosaico de diputados que no se siente cómodo con un rechazo total y busca llegar a un punto común con LLA. “Hacen concesiones unilaterales y por los medios cuando son el resultado de pedidos de la oposición”, braman desde la bancada de la UCR.

Más allá de los matices, la mayoría de los jefes del triunvirato de aliados de LLA avisan que no pretenden emprender el camino del obstruccionismo. No quieren reflejar la idea de que ponen palos en la rueda en el amanecer de la gestión de Milei y temen correr el riesgo de quedar asociados al kirchnerismo, que encarna la oposición más intransigente. “Son la mancha venenosa”, grafica un cacique radical respecto de Unión por la Patria.

Ante la falta de articulación del Gobierno y la “inexperiencia” de las espadas legislativas del oficialismo, Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal, tomaron las riendas en las negociaciones tras bambalinas. Organizaron encuentros en sus oficinas con referentes del oficialismo, como Menem, y emisarios de Pro y la UCR –incluso desfiló por allí el exdiputado Mario Negri– para explorar la chance de diseñar una estrategia común. Coinciden, sobre todo, en que deben darle a Milei las herramientas para gobernar y garantizarle el paquete fiscal, clave para la pretensión de Luis Caputo del déficit cero.

Bajo el criterio de “semaforización”, la bancada de Pichetto, Pro y los radicales se aprestan a definir qué capítulos apoyan y cuáles rechazan del proyecto de “Ley de Bases” para presionar al Gobierno. El desafío será encontrar coincidencias para la votación en general y en particular.

Entre las objeciones y pedidos de cambios de los tres bloques, hay cinco o seis puntos en común. Por caso, están dispuestos a apretar hasta el final para discutir la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria –pretenden que los ajustes tengan una cláusula gatillo por inflación para que los beneficiaros no pierdan poder adquisitivo– y la suba de retenciones, que afecta, sobre todo, a las economías regionales y sectores clave de la producción.

Tampoco tienen intenciones de acompañar la reforma política (sobre todo, el sistema de circunscripciones uninominales), la delegación de facultades por dos años (piden acotarlo a uno), reclaman rediscutir el esquema para la privatización de empresas públicas (sugieren exceptuar principalmente a YPF y Banco Nación). También quieren cambios en el blanqueo, como agregar un premio para los buenos contribuyentes.

Si bien hay coincidencias, Pro y la UCR conviven con sus propias internas. Esa fragmentación complica la tarea del Gobierno. El viernes el bloque radical, que lidera De Loredo, se reunió para cohesionar posiciones. A través de un comunicado, advirtieron que no avalarán “el fuerte aumento de las alícuotas en los derechos de exportación” y la “suspensión de la movilidad jubilatoria”.

“Esta medida perjudica significativamente los ingresos de nuestros jubilados y pensionados, que ya vienen siendo fuertemente castigados en el poder adquisitivo de sus haberes. Consideramos que es prioridad proteger sus ingresos contra la inflación”, apuntaron desde la bancada de la UCR, que se comprometió a trabajar “en pos de soluciones equitativas que protejan los intereses de todos los sectores afectados” por la ley ómnibus.

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