Centeno, testigo protegido: el chofer fue trasladado a un domicilio secreto y está custodiado por "los lobos"

Oscar Centeno , el autor de los llamados cuadernos de las coimas , entró anoche al programa de protección de testigos. Según pudo saber LA NACION, el ex chofer de Roberto Baratta se encuentra en un domicilio reservado junto a parte de su familia.

Su ubicación es estrictamente confidencial. También se definieron diversos dispositivos de seguridad para el resto de los familiares y se tomaron las precauciones pertinentes para garantizar la seguridad de todos.

Tanto Centeno como su familia son custodiados por los "Lobos", un grupo especial del Servicio Penitenciario Federal. Se trata de efectivos especialmente capacitados para el trabajo en protección de testigos. Parte de ellos fueron formados en Canadá y luego instruyeron al resto del equipo para estas tareas específicas.

Si bien la rutina de la familia de Centeno se vio trastocada repentinamente, el programa de protección a testigos trabaja para generar una buena adaptación para todas las personas que entren en este circuito. Los niveles de seguridad se irán modificando de acuerdo a cómo evolucione el riesgo.

"Estamos en la etapa provisoria, hay que evaluar bien todos los riesgos. Dependemos de lo que Centeno nos transmita y de que el juez y el fiscal nos den más datos de la causa para evaluar con más detalle los riesgos", explicó a LA NACION Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación.

"Con esa información, trazaremos el plan que se le ofrecerá a Centeno, Hay que recordar que el ingreso y permanencia en el programa es voluntario", detalló el funcionario.

En cuanto al cambio de identidad, Benítez sostuvo que es una posibilidad, pero que también dependerá de la evaluación de riesgos. "No es algo inmediato, hay que medir con mucho criterio esta decisión. Se hará todo lo necesario para neutralizar los riesgos y permitir la adaptabilidad de las personas que ingresan al programa", explicó.

Cómo funciona el programa

Bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el programa está abocado a preservar la seguridad de imputados y testigos que colaboren "de modo trascendente y eficiente" en una investigación judicial federal y que se encuentren en situación de peligro para su vida o integridad física.

La ley 25.764, que creó el programa, está dirigida a personas que colaboren en causas relativas al narcotráfico, el secuestro extorsivo, el terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, y la trata de personas.

Sin embargo, el texto de la normativa aclara que "a requerimiento de la autoridad judicial" se podrán incluir otros casos siempre y cuando se trate "de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable".

Existen unos 228 imputados y testigos dentro del programa, sin contar a los "asociados", es decir, familiares o personas cercanas a la persona protegida, cuyas vidas también podrían correr riesgo.

Para ingresar al programa, hay dos requisitos: que la información que provean sea trascendente y eficaz, lo cual es determinado por una autoridad judicial, y que, mediante una evaluación de la Dirección del programa, se determine que efectivamente la vida del testigo corre riesgo.

Cabe aclarar que, a diferencia de lo que determina la ley del arrepentido, la persona que entra al programa de protección no acuerda ninguna reducción de pena.

Niveles de seguridad

El programa establece medidas de seguridad de acuerdo a la situación de riesgo de cada persona. Esto es determinado en la entrevista de evaluación, que la realiza el director del Programa.

Estas medidas pueden ir desde otorgarle a la persona un teléfono monitoreado y un botón antipánico, hasta una relocalización en un alojamiento reservado. Si el riesgo es elevado, y el caso lo requiere, también se puede llega a cambiar la identidad de la persona y del grupo familiar y disponer una reubicación.

En el caso de que se necesite un traslado, las personas permanecen en lugares fijos dispuestos por el Ministerio durante las primeras 48 horas, y luego son enviados a establecimientos reservados, que son elegidos de acuerdo a lo que se requiera en cada caso. El Ministerio cuenta con un fondo de dinero para sustentar estos gastos.

Concretamente, la ley prevé las siguientes medidas, según el nivel de seguridad requerido:

• La custodia personal o domiciliaria
• El alojamiento temporario en lugares reservados
• El cambio de domicilio
• La asistencia para la gestión de trámites
• El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar
• El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios.

La ley establece que la asistencia económica sólo se otorga por seis meses. Pasado este período, se le puede brindar a la persona protegida ayuda para conseguir un trabajo que le permita mantenerse mientras continúe dentro del programa. En tanto, también se le brinda asistencia psicológica, teniendo en cuenta el estrés que implica para los testigos el cambio de vida al que ingresan.

La permanencia dentro del Programa es voluntaria, pero una vez que la persona acepta ingresar, debe cumplir ciertas normas, como mantener la confidencialidad, permitir un examen socioambiental, no asistir a lugares que impliquen poner en riesgo su protección. El incumplimiento de estas normas puede derivar en que sea expulsado del programa.

El apoyo de las fuerzas policiales para la protección de las personas que entran en el programa es coordinado con el Ministerio de Seguridad.