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Los cuadernos de las coimas | Revés para Calcaterra y otros empresarios que alegan que no pagaron sobornos sino “aportes de campaña”
La Cámara de Casación les rechazó los recursos con los que buscaban llevar su planteo a la Corte; antes, la misma cámara había avalado la hipótesis de los aportes con un fallo que luego revirtió
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La Cámara de Casación rechazó los recursos extraordinarios con los que Ángelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros empresarios pretendían llegar a la Corte Suprema para salir del juicio por los Cuadernos de las Coimas.
A todos ellos les queda sin embargo la posibilidad de ir directo, “en queja”, al máximo tribunal, aunque con menos chances de ser escuchados.
El argumentando que esgrimen para eludir el juicio es que las sumas de dinero entregadas a exfuncionarios kirchneristas en 2013 y 2015 no eran coimas sino aportes de campaña no declarados.
Esa hipótesis tuvo eco en los tribunales en junio del año pasado, cuando la Sala I de la Cámara de Casación, con los votos de Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, sostuvo que, tal como solicitaban las defensas, el caso debía pasar de la Justicia penal a la electoral, donde solo podrían ser sancionados con una multa económica. Esa decisión, meses más tarde y luego de muchas críticas, fue revertida por la propia Cámara de Casación, tras haber escuchado argumentos antes ignorados.
Ahora, la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos y dos de los jueces que antes habían favorecido a Calcaterra (Petrone y Barroetaveña), declaró inadmisibles una serie de recursos extraordinarios presentados por las defensas de los empresarios, cerrándoles el paso hacia la Corte Suprema.
En total, los jueces rechazaron cinco presentaciones: las que hicieron las defensas de Calcaterra, su colaborador Héctor Javier Sánchez Caballero -ex CEO de IECSA- y los empresarios Armando Loson, Jorge Balán y Hugo Dragonetti. Todos ellos serán juzgados en la megacausa de los cuadernos, que está previsto que empiece en noviembre de este año.
Barroetaveña y Petrone rechazaron los planteos con el argumento de que no había arbitrariedad en las decisiones impugnadas, ni una cuestión federal para ser analizada por la Corte. Hornos, por su parte, sostuvo que no se dirigían contra una sentencia definitiva.
El camino de Calcaterra
En junio del año pasado, con la causa ya tramitando ante Tribunal Oral Federal 7, la Sala I de la Casación admitió el planteo que el abogado de Calcaterra, Ricardo Rosental, había presentado por primera vez ante la jueza electoral María Servini en 2022. La decisión sacó al empresario y a su colaborador del juicio oral y abrió la puerta a que otros implicados intentaran presentaciones similares.
En aquel momento, los jueces señalaron que las fechas en las que se había entregado el dinero coincidían con las campañas de las elecciones de 2013 y 2015. Argumentaron también que no estaba claro por qué la situación de Calcaterra era distinta de la de otros empresarios -Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich- que habían sido desvinculados durante la instrucción de la causa por el juez Julián Ercolini, luego de haber sostenido que las suyas eran contribuciones no declaradas para distintas campañas electorales y no sobornos.
En noviembre de 2024, por mayoría, la Sala I dio marcha atrás luego de que el fiscal Raúl Pleé cuestionara la decisión en un dictamen al que adhirió la Unidad de Información Financiera (UIF), que participó del proceso.
Los jueces Petrone y Barroetaveña resolvieron anular el fallo de junio. Dijeron que no había sido tenido en cuenta un argumento de la UIF que aludía a las declaraciones de los arrepentidos Ernesto Clarens y Carlos Wagner, de las cuales surgía que los empresarios hacían pagos “para beneficiarse de las licitaciones de obra pública”.
El juez Mahiques, en cambio, mantuvo su postura inicial. Dijo que la fiscalía no esgrimió una fundamentación suficiente porque no tenía “un perjuicio concreto” que justificara lo que reclamaba.
El recorrido de este planteo -desestimado ayer por la Casación- se inició en septiembre de 2022, con la presentación de Calcaterra ante la secretaría electoral del juzgado de Servini (la jueza que controla las elecciones presidenciales).
El fiscal Ramiro González y la jueza admitieron la versión de los aportes de campaña. Su postura fue duramente cuestionada por la fiscal de juicio, Fabiana León, quien consideró “curioso” el alineamiento de la jueza y del fiscal con los intereses del empresario de la construcción.
El juicio por la causa Cuadernos -originada a partir de los registros manuscritos del chofer Oscar Centeno y la investigación de LA NACION- comenzará en noviembre de este año, según lo previsto. Se investigan presuntos pagos de coimas entre 2003 y 2015 e involucra a unos 160 exfuncionarios, empresarios, ejecutivos de empresas, testaferros, intermediarios y familiares que prestaron su nombre para operaciones sospechadas de corrupción.
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