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Los curiosos misterios del grupo Edcadassa
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Fechas que no coinciden y la repentina aparición de cláusulas ventajosas indicarían que habría zonas oscuras en los contratos mediante los cuales la empresa Edcadassa se hizo cargo por 20 años del manejo de los depósitos fiscales de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mar del Plata y Mendoza.
Fuentes de la empresa donde el Ministerio de Defensa posee el 55 por ciento de las acciones, pero cuyo manejo está en manos de Villalonga Furlong, dijeron a La Nación que no hay tales zonas oscuras y que la modificación de las cláusulas, realizada en 1990, fue debidamente justificada.
En 1991, el entonces diputado peronista Franco Caviglia entregó a la Justicia documentos de Edcadassa e Interbaires (empresa que explota los free shops de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y que también integra el grupo) que, según expresó el periodista Nelson Castro, presentaban un marco jurídico adecuado para posibilitar la concreción de delitos como el contrabando.
Caviglia mencionó la posibilidad de que los directivos privados de esas firmas fueran, en realidad, testaferros del enigmático empresario Alfredo Yabrán.
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo también atribuyó la propiedad del grupo a Yabrán.
En Edcadassa, sin embargo, niegan todo y aseguran que Yabrán nada tiene que ver con ellos porque es totalmente ajeno a Villalonga Furlong, dijeron a La Nación que no hay tales zonas oscuras y que la modificación de las cláusulas, realizada en 1990, fue debidamente justificada.
En 1991, el entonces diputado peronista Franco Caviglia entregó a la Justicia documentos de Edcadassa e Interbaires (también de Villalonga Furlong, para la explotación de los free shops) que, según expresó al periodista Nelson Castro, "presentaban un marco jurídico adecuado para posibilitar la concreción de delitos como el contrabando." Caviglia mencionó la posibilidad de que los empresarios privados fueran testaferros de Alfredo Yabrán. Domingo Cavallo, también atribuyó la propiedad a Yabrán.
En Edcadassa niegan todo y aseguran que Yabrán nada tiene que ver con ellos. Voceros de la empresa aportaron datos a La Nación pero dijeron que el ejecutivo que podía otorgar una entrevista se encuentra por unos días en el exterior. Menos éxito hubo con los funcionarios: fue imposible lograr una entrevista con Saúl Bouer, jefe del equipo para la privatización de los aeropuertos que se desempeña en la Jefatura de Gabinete.
La pregunta era: ¿qué pasará con Edcadassa, que aún tiene 13 años de concesión, cuando los aeropuertos pasen a manos privadas? En Defensa, un funcionario recibió al cronista con la condición del anonimato. Con la misma condición, algunas personas proporcionaron elementos y las fotocopias de los documentos.
Los memoriosos sostienen que a fines de la década de 1950 alguien descubrió posibilidades interesantes en los galpones de Ezeiza donde se acumulaban las mercaderías. Lo interesante no eran los galpones en sí, sino su combinación con la Aduana. Es decir, el depósito fiscal, que por muchos años y salvo pocas excepciones, manejó la Fuerza Aérea.
Claro, el transporte aéreo de cargas estaba casi en pañales. El 16 de diciembre de 1988 nació en los papeles la Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud Sociedad Anónima, más conocida por una sigla que sería sinónimo de polémica: Edcadassa.
La constituían el Estado Mayor de la Fuerza Aérea y la empresa Villalonga Furlong, con participación estatal mayoritaria pero la operación en manos privadas.
Aquí surgen los primeros interrogantes. Según el estatuto de la sociedad del 16 de diciembre de 1988, se constituía por 20 años. Habría tres directores estatales y dos privados, pero el directorio sólo resolvería con el voto favorable de cuatro directores. No se podría designar ni remover al gerente general sin los dos votos de la parte privada.
"La gestión operativa y los negocios ordinarios -agrega el estatuto- estará a cargo de un comité ejecutivo formado por el vicepresidente y dos directores por la parte privada. El comité decide por mayoría simple y designa y remueve al gerente general." En la empresa aseguran que "el Estado controla y el socio privado aporta el "management. Edcadassa es un "leading case`. No se trata de una privatización. Aquí el Estado mantiene la propiedad de los activos y sólo privatizó el gerenciamiento de la actividad."
¿Dónde está el Anexo III?
2 de junio de 1989. Al gobierno de Alfonsín le queda menos de un mes de agonía. Mediante el decreto 773 el Presidente aprueba el acta constitutiva de la empresa cuya finalidad será "continuar con la explotación y prestación de los servicios de almacenamiento y depósito de cargas aéreas internacionales que ingresen o egresen de nuestra fronteras". Sin embargo, en este decreto aparece la primera sorpresa: el artículo 5° también aprueba "el contrato de concesión (número 293/88) celebrado por contratación directa entre la Fuera Aérea y Edcadassa, cuya copia autenticada se agrega como Anexo III, pasando a formar parte del presente decreto." Pero ese contrato de concesión 293/88 está fechado el 7 de julio de 1989: 35 días después, plena estampida radical. Un día antes de que Carlos Menem jure como Presidente.
"El Anexo III era ése, pero no constituía un instrumento público porque faltaba la inscripción y el sellado, por lo cual se le dio la fecha cierta: 7 de julio de 1989", explican en la empresa.
Otro misterio
Ahí no terminan los misterios. Hay dos contratos 293/88, porque el 2 de mayo de 1990, con el mismo número, aparece otro firmado por el comandante de la Fuerza Aérea, José Juliá, y los presidentes de Edcadassa, brigadier (R) Jorge Ricardo Ruíz, y de Villalonga Furlong, Ricardo Pasman. Los textos son casi idénticos, pero en el nuevo se modificaron dos artículos. Al 5° se le eliminaron dos párrafos y se aumentó de 600.000 a 750.000 dólares el canon mensual que Edcadassa paga al Estado.
Y en el 15° volaron los dos párrafos donde se establecía que "cualquiera de las partes podrá, unilateralmente y sin expresión de causa, declarar resuelto el presente contrato siempre que hayan transcurrido no menos de tres años de su entrada en vigencia definitiva".
"Esto permite presumir un beneficio exclusivo para la empresa, ya que el Estado no puede disolver el contrato sin indemnización. Y significa que a los tres años estaba amortizada la inversión del grupo privado operador de Edcadassa", sostiene una fuente.
La empresa proporcionó copia de una escritura de mayo de 1990, donde se explican las supresiones del artículo 15° en virtud de "la necesidad de compatibilizar los plazos contractuales y la necesaria seguridad jurídica". Lo cierto es que, debido a la modificación del artículo 15°, la empresa que hoy preside por segunda vez el comisario general (R) Antonio Di Vietri, ex jefe de la Policía Federal será un convidado de piedra cuando se privaticen los aeropuertos.
A menos, claro, que el Estado incumpla el contrato y afronte una indemnización que, según voceros vinculados con la empresa, ascendería a 200 millones de dólares.
Por lo pronto, la empresa aumentó en un 400 por ciento las tarifas de sus servicios para mercaderías importadas, que es su rubro de más peso.
Por Jorge Urien Berri
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