Los escraches, una moda entre la libertad de expresión y el delito

"El escrache es una conducta errada y un gran mal, producto de otro gran mal: la impunidad y el mal funcionamiento de las instituciones. Es un resultado no querido de la impunidad", afirma el constitucionalista Daniel Sabsay.

Tanto el secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, como los funcionarios judiciales y los abogados consultados por LA NACION coincidieron en que se debe garantizar la libertad de expresión y de manifestación, y en que la frontera entre el escrache y el delito -lesiones, destrozos, injurias- es bien nítida y no requiere una nueva norma o ley especial.

"Lo que le ocurrió la semana última al economista Roberto Alemann cuando lo reconocieron en el microcentro y fue atacado -afirma Alvarez, responsable directo de la Policía Federal- no fue un escrache, sino una agresión. La política del Gobierno es garantizar el derecho de opinión y manifestación de la gente, y la seguridad de los ciudadanos."

El constitucionalista Gregorio Badeni distingue dos vías en el escrache: la oral y la de los hechos.

"La oral está amparada por la libertad de expresión y de criticar, siempre y cuando no haya injurias, que es un delito, o la imputación de hechos delictivos (calumnias). Dentro de la libertad de expresión, una forma de manifestar el pensamiento es mediante actitudes. En Estados Unidos hubo un caso famoso de un joven que quemó la bandera norteamericana, y la Corte resolvió que entraba dentro de la libertad de expresión."

Si se pasa al plano de los hechos, agrega Badeni, "podemos encontrarnos con amenazas, daños sobre los bienes, lesiones (empujones, roces) y obstrucción del tráfico. La obstrucción del tráfico no sería delito si se produce en forma espontánea y no es el objetivo de la manifestación".

Badeni incluye entre los posible delitos el de la privación ilegítima de la libertad. Por ejemplo, si se impide salir de su casa o trabajo a la persona objeto de repudio.

Ese fue uno de los delitos que denunció el ministro de la Corte Adolfo Vázquez a raíz de un escrache frente a su domicilio.

Esa causa la lleva el juez federal Norberto Oyarbide y, si bien muchos creen que está archivada, una fuente judicial informó que aún se investiga si la custodia policial de Vázquez incurrió en incumplimiento del deber por no haber actuado.

En este punto es donde se escuchan algunas críticas. En realidad, datan del 19 de diciembre último, durante los saqueos en el conurbano en el día previo a la caída de Fernando de la Rúa, cuando los canales de televisión filmaban cómo se vaciaban pequeños supermercados sin que apareciera la policía bonaerense.

Luego de los últimos hechos, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que sostuvo que "el Gobierno tiene la obligación irrenunciable de evitar que los bienes públicos y privados, la integridad física e incluso la vida, se hallen en permanente riesgo".

Alvarez replica que la policía actúa. "Ya fue detenido el agresor de aquel policía golpeado en la Plaza de Mayo cuando caía Rodríguez Saá, y se recuperó el arma que le habían robado. En el caso de Alemann, lo agredieron en la calle y él se refugió en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Los policías estaban dentro de INAP cuando él entró. Es decir, no sabían qué ocurría afuera."

¿La Justicia debe actuar de oficio?

"Lo de Alemann me pareció un hecho paradigmático -explica Nicolás Becerra, procurador general de la Nación y jefe de todos los fiscales-, así que le pedí al fiscal que estaba de turno, el doctor Alfredo Delagiustina, que interviniera de oficio. Pero cuando fue a la comisaría se encontró con que Alemann había dejado expresa constancia de que no efectuaría una denuncia. Por lo cual no se podía actuar de oficio, pues, además no hubo lesiones y los insultos pertenecen al plano de lo contravencional. Sin embargo, el fiscal fue a hablar con Alemann, y si bien hay un acta donde consta que no recibió lesiones, el fiscal trabaja ahora con las filmaciones para ver si existió incitación a cometer delitos."

Alemann confirmó a LA NACION que no radicó una denuncia.

"¿Para qué? No sé quiénes son. Iba caminando, me reconocieron y me hicieron zancadillas y me gritaron: "¡No seas cobarde, te vamos a linchar!" Por suerte en el INAP estaba la policía. Avisé, en cambio, que el 23 la agrupación Hijos me hará un escrache a mí y a monseñor Juan Carlos Aramburu (ex arzobispo de Buenos Aires), que vive aquí cerca, en Belgrano R. La policía se comprometió a ordenar una custodia."

El diputado peronista Franco Caviglia tampoco radicó una denuncia cuando fue objeto de un escrache atípico. Si bien hasta hace poco fue un hombre de Cavallo, Caviglia viene denunciando la corrupción desde 1991, cuando integraba el Grupo de los Ocho y aportó pruebas a la Justicia sobre contrabando en Ezeiza y contra el traficante sirio de armas y drogas Monzer Al Kassar.

"No podemos judicializar la protesta. No creo que esto tenga una solución judicial. Por eso no radiqué una denuncia."

Un mes atrás, Caviglia tomaba un café en una confitería frente al Congreso cuando entraron cuatro personas a plantearle cómo las había afectado el corralito.

"En ese momento afuera había una manifestación y me reconocieron." La policía lo rescató.

Caviglia no califica su escrache de atípico. "No lo es si se lo ve desde la cólera de la gente con el sistema político. No diferencian entre personas, sino que manifiestan en contra del sistema en su globalidad. El detonante fue el corralito, que por primera vez afectó seriamente los intereses de la clase media. Los ajustes antes afectaban sólo a los más pobres. Esa misma clase media acompañó por conveniencia las políticas del menemismo, pese a que tenía conciencia de la corrupción."

Enemigo de judicializar los escraches, Caviglia propone, en cambio, "adoptar medidas políticas para que se respete la autoridad institucional y no se llegue a un estado de anomia y anarquía peligroso para la sociedad. Pero creo que en el corto plazo no hay una solución de fondo."

En la impunidad es donde Sabsay ubica el origen de los escraches.

"Con la impunidad pagan justos y pecadores. Al no haber premios y castigos y no aplicarse la Constitución y el Código Penal, todos son culpables y la sociedad se transforma en una sociedad sin reglas donde se quiere hacer justicia por mano propia."

El constitucionalista sostiene que hay que aplicar la ley tanto sobre los que "equivocadamente quieren ajustar cuentas, como sobre aquellos que deben ser penalizados y objeto de castigo".

Como considera que los delitos que pueden cometerse en algunos escraches ya están tipificados, Sabsay se opone a crear "una figura antiescrache". Lo mismo opina el penalista Ricardo Monner Sans.

Ante una pregunta, Alvarez responde que las únicas instrucciones que se ha impartido a la policía son las de proteger el derecho de manifestar y actuar ante los hechos violentos.

"La policía puede actuar en el momento, o inmediatamente después. Como en la cancha, cuando se evalúa si hay que ir a la tribuna o actuar al terminar el partido. Tras la acción policial interviene la Justicia."

A menos que una protesta se desmadre, lograr la actuación de oficio y en el acto de la Justicia puede ser un poco más difícil.

Un juez y un fiscal en lo penal explicaron, en riguroso off the record, que, dado el estado de ánimo reinante, no se les ocurriría enfrentar a la gente salvo en casos de clara violencia.

"Hace poco un colega -cuenta el juez- tuvo que ir al lugar donde un hombre fue baleado. Cuando los vecinos supieron que era el juez, empezaron a gritarle: "¡Corrupto!".

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