Los ex represores sólo están seguros en el país

Es una paradoja. La Argentina, uno de los pocos países del mundo que juzgó y condenó a los responsables de una dictadura en 1985, es hoy el lugar más seguro para los ex represores.

Pero si la Corte confirma el fallo que hace dos semanas declaró nulas e inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida, los militares argentinos que participaron en la represión ilegal no tendrán dónde esconderse. Tampoco vivirán tranquilos en estas tierras, porque cualquier juez que tuviera pruebas en su contra podría arrestarlos por miles de delitos que quedaron sin juzgamiento por las leyes exculpatorias, dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 y derogadas 11 años después.

Sólo en el continente africano y en Oceanía no se investigan -o investigaron- los hechos atroces cometidos en el país por la última dictadura.

Hay causas abiertas contra argentinos por torturas, secuestros y genocidio en las justicias española, italiana, francesa, alemana, suiza y norteamericana, y una comisión parlamentaria israelí intenta descubrir el destino de 2000 judíos argentinos.

Los ex represores sólo están a salvo -por ahora- en nuestro país. La Interpol (policía internacional) tiene una lista de más de 100 ex represores que, por pedido de magistrados europeos, deben ser detenidos allí donde se los encuentre. Fuera de la Argentina, que como defiende el principio de territorialidad y considera que los militares ya fueron juzgados, se opone a los arrestos por órdenes de jueces extranjeros.

Cuando en agosto último, el mayor retirado del Ejército Jorge Olivera, acusado de la tortura y posterior muerte de la ciudadana francoargentina Marie Anne Erize, fue detenido en Roma, a pedido de Francia, y el capitán de corbeta retirado Ricardo Miguel Cavallo fue arrestado en México por solicitud de la justicia española, que lo acusó por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura, la Armada reaccionó rápidamente. En el más hermético de los silencios dispuso que volvieran al país todos los agregados navales en el exterior que, por su actuación durante la dictadura, corrieran riesgo de ser detenidos por jueces extranjeros.

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El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal porteña dictó sentencia en el juicio argentino más importante del siglo XX. Jorge Rafael Videla fue condenado a reclusión perpetua; Emilio Eduardo Massera, a prisión perpetua; Orlando Ramón Agosti, a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola, a 17 años de encierro, y Armando Lambruschini, a ocho años de cárcel. El objeto del juicio estuvo constituido sólo por 700 casos que, oportunamente, la fiscalía seleccionó para acusar a los ex represores. La sentencia de la llamada "Causa 13" fue confirmada por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 1986.

El 2 de diciembre de 1986, el pleno de la Cámara Federal porteña dictó un segundo fallo por hechos cometidos durante la dictadura. Entonces, condenó a Ramón Juan Alberto Camps a 25 años de prisión; a Ovidio Pablo Riccheri, a 14 años de reclusión; a Miguel Osvaldo Etchecolatz, a 23 años de prisión; a Jorge Antonio Bergés, a 6 años de encierro, y a Norberto Cozzani, a cuatro años de cárcel.

Fueron los dos únicos juicios del país con relación a la represión ilegal que culminaron con sentencia. Como conclusión de todo lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar resultaron diez personas condenadas, de las cuales hoy ninguna se encuentra cumpliendo la sentencia. Todas fueron indultadas por el ex presidente justicialista Carlos Menem el 29 de diciembre de 1990.

El 10 de octubre de 1998, la Corte Suprema reconoció el derecho de los familiares de desaparecidos a buscar, en cualquier organismo del Estado, mediante el auxilio de la Justicia, los datos que existan sobre las circunstancias que rodearon la muerte de aquellas personas y el destino de sus cadáveres. Por eso, en una docena de tribunales del país se llevaban adelante los llamados "juicios por la verdad", que no persiguen penalmente a los responsables de la dictadura sino que investigan el destino de las víctimas de la represión ilegal.

Hace tres años, varios jueces federales comenzaron a investigar un delito que quedó excluido de las leyes de punto final y de obediencia debida: el robo de bebes. Videla, Massera y otros jefes militares ya no están seguros tampoco en la Argentina. Fueron procesados, están detenidos o cumplen arresto domiciliario e irán a juicio oral.

Por Laura Zommer

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