Los fiscales apuntan a profundizar los vínculos de Báez con Cristina y Máximo Kirchner

El fiscal Diego Luciani continuará hoy, a partir de las 8.30, con su alegato en el juicio de la causa Vialidad. Será la cuarta de nueve audiencias que fijó el Tribunal Oral Federal 2 para que el acusador exponga sus argumentos para condenar a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros 11 exfuncionarios acusados por el direccionamiento de obras públicas viales al empresario patagónico entre 2003 y 2015.

En la causa todavía se esperan sorpresas. La acusación profundizará en los indicios que muestran la forma como se simulaban licitaciones para que ganara Lázaro Báez. Y también se espera que aparezcan nuevos mensajes de texto, que la semana pasada se transformaron en las pruebas de mayor impacto político.

La acusación avanza en el sistema de controles laxos para que Báez pudiera cobrar anticipos financieros incluso sin presentar avances en las obras y, además, cómo fueron los procesos licitatorios calificados de “ficticios” mediante las cuales el empresario patagónico recibió 51 contratos de obras viales.

Los fiscales buscan demostrar que, después de la muerte de Néstor Kirchner, Máximo y Cristina Kirchner no solo estaban al tanto de lo que ocurría con la obra pública en Santa Cruz, sino que la entonces presidenta avalaba que los funcionarios a cargo de gestionar esa área siguieran en sus cargos. Y sostuvieron que, en una obra en particular, Máximo Kirchner intervino.

Para los fiscales, las licitaciones eran un simulacro gracias a la “cortesía” de otras empresas constructoras, a las que calificaron como “acompañantes”. En el caso de Petersen Thiele y Cruz, de la familia Eskenazi, Luciani señaló que se presentó en 38 de los contratos, pero no logró ni una sola adjudicación. “Gran parte de sus ofertas fueron consideradas inválidas por exceder los montos oficiales”, dijo el fiscal. Durante la última audiencia profundizó en el capítulo “empresas acompañantes” y cuestionó los comportamientos que tuvieron las firmas Petersen Thiele y Cruz, Esuco (del empresario Carlos Wagner) y Equimac para simular que existía una competencia por las licitaciones.

Dio a conocer una planilla con ingresos de miembros de la familia Eskenazi (“Sr Eskenazi” “Matías Eskenazi” y “Sebastián Eskenazi”) a la quinta presidencial de Olivos entre los años 2007 y 2011. “Hemos detectado que durante el mismo período en el que se producían millonarias adjudicaciones de obra pública en favor del grupo, distintos integrantes de la familia Eskenazi visitaron la quinta presidencial de Olivos, donde residían Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, dijo el fiscal.

Las visitas se dieron mientras se llevaban adelante las licitaciones. Durante 2007 se contabilizaron 16 visitas. En 2008 fueron 18. En 2009 fueron 22, en 2010 cuatro y en 2011, una. Luciani recordó que durante el lapso estudiado la familia Kirchner obtuvo cuatro créditos millonarios por parte del Banco Santa Cruz, conducido por Eskenazi. “Los estrechos vínculos entre la familia Kirchner, Eskenazi y Báez son importantes para comprender los comportamientos de la firma Petersen aquí abordados. Esa empresa fue absolutamente funcional a los intereses del Grupo Báez”, agregó.

“Siempre que Esuco presentó ofertas lo hizo con montos mucho más altos y superó el 20% permitido en muchas ocasiones, con lo cual sabía que iba a quedar descalificada. Se entiende que semejante comportamiento se hizo absolutamente adrede”, dijo Luciani sobre las ofertas que hacía la empresa de Carlos Wagner, empresario involucrado como uno de los organizadores de la asociación ilícita investigada en la causa cuadernos. Equimac, de Cecilia Sztemberg, simuló competencia en siete de los expedientes licitatorios analizados por la fiscalía. La empresa también está implicada en el caso cuadernos. El fiscal adelantó que solicitará la extracción de testimonios para que se investiguen las responsabilidades de estas empresas en las maniobras investigadas.

El hecho de que Lázaro Báez cobró anticipos financieros antes de que comenzaran las obras es objetado como otra de las irregularidades. Era el único que tenía este beneficio, señalaron los fiscales y ratificaron empresarios contratistas del Estado que declararon como testigos en este juicio. Uno de los testigos en esta causa, el ingeniero Alejandro Mon, señaló que por una de las obras Báez cobró un anticipo financiero superior a los 14 millones de dólares cuando ni siquiera lo había solicitado. Además, los fiscales señalaron que el promedio para pagar a las empresas de Báez era de aproximadamente 60 días pasada la certificación de la obra, mientras que a otros proveedores se les pagaba en un promedio mayor a los 200 días.

Las designaciones de los exfuncionarios (algunos implicados en esta causa) al frente de los organismos que debían otorgar los contratos y controlar las obras, e incluso el nombramiento de Alessandra Minicelli (pareja de Julio De Vido) al frente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), fueron parte de la maniobra para direccionar los contratos y pasar por alto los controles, dijeron los fiscales. La mayoría de los contratos que recibió Báez, además, fueron gracias a convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Gubernamental de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Estos convenios fueron utilizados, en su mayoría, para otorgarle contratos a Austral Construcciones y las empresas que Báez controlaba.

En la audiencia pasada, Luciani acudió nuevamente (igual que en la primera) al informe de extracción del iPhone 6 del exsecretario de Obras Públicas José López, que fue secuestrado y peritado en el marco de la causa en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito. Ese material fue incorporado al expediente de la causa Vialidad a mediados del año pasado por pedido de Luciani. Los abogados del caso Vialidad tenían la prueba disponible. A varios de los letrados que intervienen en esta causa, sin embargo, los tomó por sorpresa cuando Luciani comenzó a exhibir los mensajes en la primera audiencia del alegato. El informe, de 9395 páginas, fue elaborado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad.

Algunos de los mensajes entre López y Julio Mendoza (mano derecha de Lázaro Báez) develan el operativo “Limpiar todo”, en relación con dejar las cuentas de Austral Construcciones cerradas, tras el triunfo de Mauricio Macri. En ese intercambio acordaron reunirse en Río Gallegos y hablaban de certificados para cobrar más de 250 millones de pesos. López le dice a Mendoza que deben mostrarle los datos “a la señora” para que “tome decisiones”. Cuando hablan de “Neutralización, despido, pago” sería la secuencia de suspensión de las obras y vaciamiento de la empresa Austral Construcciones.

En otros mensajes, López negociaba con Rocío García, entonces pareja de Máximo Kirchner, una reunión con él, y supuestamente era por pedido de Cristina Kirchner. Y para reforzar la hipótesis de que Máximo Kirchner intervino en este plan presuntamente delictivo, Luciani mostró el viernes pasado un intercambio de mensajes entre López, Matías Bezi (entonces asesor de Kirchner) y el arquitecto Roberto Gómez en el cual se refería que el hijo del matrimonio presidencial era el encargado de definir la ubicación de la pavimentación de 100 cuadras en la ciudad de Río Gallegos.

Otro rasgo que señalaron los fiscales a lo largo del repaso que hicieron por cada una de las licitaciones fue la celeridad con la que se llevaron adelante estos procesos licitatorios. En algunos casos los plazos fueron de tan solo 24 días desde que se abrieron las ofertas y se firmó el contrato.

Lázaro Báez no terminó a tiempo las obras que le fueron adjudicadas y en más de la mitad de los contratos que están bajo análisis de la Justicia recibió prórrogas o, directamente, no las finalizó. Si bien el eje central de la acusación es el direccionamiento, las demoras en los avances de las obras constituyen otro de los aspectos que los fiscales Luciani y Sergio Mola remarcaron en sus exposiciones como irregulares.

“En 39 casos Báez logró 700 meses de prórroga, algo así como 63 años. Y consiguió más de $1500 millones en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”, dijo Luciani en la primera audiencia, cuando comenzó a exponer su acusación. “No hay obra que se termine en término. Podemos entender que pueden darse situaciones en las cuales las empresas solicitan extensiones de plazos por diversos motivos, ahora, que de todas las obras no puedas terminar ninguna habla de algo sistemático, de la falta de capacidad de la empresa”, agregó en la audiencia del viernes pasado.

Por Candela Ini

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