Las pruebas del FBI que motivaron la decisión de EE.UU. de incautar el avión de Emtrasur
La medida fue tomada por la justicia norteamericana tras recibir evidencias de que Irán vendió el Boeing en violación de las leyes estadounidenses y con una operación con capítulos oscuros
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LA NACION
La Justicia de Estados Unidos ordenó la incautación provisoria del Boeing 747 que permanece varado en la Argentina tras recibir evidencias de que los venezolanos le compraron el avión a los iraníes en violación de las leyes norteamericanas y mediante una triangulación solapada en los Emiratos Árabes, según surge de los documentos que presentó la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ante la Corte federal en Washington DC, y a los que accedió LA NACION.
La decisión la adoptó el juez federal G. Michael Harvey tras analizar la solicitud que le presentó el agente especial del FBI Adam Mastrianni el 19 de julio pasado. Autorizó a efectivizar la incautación temporaria –y hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión- del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur “a cualquier hora del día o de la noche”, atento a la gravedad de lo requerido y el peligro en la demora.
La petición del agente especial Mastrianni se anotó en los registros de la Corte bajo el número 22-sz-16 y tramitó hasta esta semana bajo reserva. Incluyó un escrito que sustentó con datos, fotografías y otras evidencias que, según declaró bajo juramento, recibió de funcionarios argentinos, de otros agentes del FBI y de diversas reparticiones estadounidenses en Washington y en Miami, entre otros.
Su escrito, detalló Mastrianni, se basa en la “revisión de informes y archivos, incluyendo del Departamento de Comercio, del FBI, del gobierno de Argentina, de la compañía Boeing, de bases de datos de aerolíneas, de documentos judiciales, de información de acceso público y de información obtenida de otras agencias de seguridad”.
La colaboración de las autoridades argentinas se plasmó, por ejemplo, en el envío de copias del llamado “Crew Mini Log Flight Operation”, una suerte de bitácora en la que constan detalles de cada vuelo del avión por América Latina, Medio Oriente, Europa y Asia, antes y después de que lo comprara Emtrasur, pero que incluso tras el traspaso a manos venezolanas continuó rotulado como “Mahan Air”.
Esa especie de bitácora aportó datos, por ejemplo, sobre el vuelo del 18 de marzo pasado entre Teherán y Belgrado, con anotaciones y observaciones volcadas en farsi, como también otros entre Venezuela, Cuba, México o Irán.
Esa información, según reconstruyó LA NACION, se gestionó entre los investigadores estadounidenses, el Departamento de Estado, la Cancillería argentina, el área de cooperación internacional del Ministerio Público Fiscal y los funcionarios a cargo de impulsar la pesquisa ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena.
Basado en la información recopilada durante los últimos meses, el agente del FBI reveló que la empresa controlante de Emtrasur, Conviasa, pagó 8 millones de euros por el Boeing 747 que en la actualidad opera con la matrícula YV-3531. La operación se efectivizó en julio de 2021, cuando le giró los fondos a “Lance Tech”, una compañía ubicada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, que en teoría se desempeña en la industria del turismo.
Según reconstruyó el FBI, Conviasa recién recibió la custodia y tomó el control de la aeronave tres meses después, en octubre de 2021, con la previsión explícita de que “asistencia técnica y mecánica” sería provista por la Organización de Aviación Civil de la República Islámica de Irán.
Los investigadores estadounidenses también dieron por verificado que uno de los tripulantes iraníes retenidos en la Argentina es Gholamreza Ghasemi, al que identificaron como “un excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, y accionista y miembro del directorio de la aerolínea iraní sancionada por la OFAC, Qeshm Fars Air”. Y a continuación recordaron que la Guardia Islámica fue categorizada como una organización terrorista por prestar apoyo a “operaciones encubiertas y crear inestabilidad en Medio Oriente”, y que Qeshm Fars Air y Mahan Air “transportan personal y armas a Siria”.
En esa misma línea, los investigadores estadounidenses le informaron al juez Harvey que en esa bitácora que apareció en el Boeing 747 que ahora pertenece a Emtrasur también quedaron asentadas anotaciones referidas a vuelos de este año, pero con otro Boeing 747, matrícula EP-FAA, que pertenece a Qesham Fars Air. En particular, entre los aeropuertos internacionales de Damasco, Siria, y Teherán.
Apoyado en ese tipo de planteos y evidencias, el agente Mastrianni recordó que la legislación vigente de Estados Unidos impone la autorización previa de su gobierno para vender determinados activos -entre ellos, aviones y sus repuestos-, como también le otorga la facultad de prohibirle la venta -o incluso la reventa a terceros- de esos mismos activos. En particular, explicó, cuando esas operaciones “podrían reportar una contribución significativa al potencial militar de otros países o podrían ir en detrimento de la política exterior o la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Así fue como, sostuvo el agente especial del FBI, la aerolínea iraní Mahan Air no se encontraba habilitada para vender ese Boeing a terceros por encontrarse sancionada desde 2008, como tampoco Emtrasur requirió la autorización del gobierno de Estados Unidos para volar con esa aeronave y trasladar mercaderías desde y hacia Rusia e Irán, entre otros países.
Con más de siete años como magistrado en la Corte federal con asiento de la capital estadounidense desde que fue designado durante la presidencia de Barack Obama, el juez Harvey concedió la orden de incautación provisoria, con la premisa de que quien la ejecute debe preparar un inventario de todo lo que se incaute y enviársela en cuanto se efectivice. Esto, mientras que el gobierno de Estados Unidos impulsa una demanda para requerir el decomiso definitivo de la aeronave.
Para el juez Harvey, este no es el primer caso sensible. En su paso previo por la fiscalía federal con jurisdicción en Washington DC lidió con casos de seguridad nacional y terrorismo. Y como magistrado abordó la acusación criminal contra uno de los responsables de la turba que atacó el Capitolio en enero de 2021, rechazó la excarcelación de un hombre que atacó a balazos contra la sede diplomática de Cuba en la capital estadounidense, y ordenó el arresto de Emma Coronel, la esposa del narco Joaquín “el Chapo” Guzmán.
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