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Los fiscales federales creen que la letra chica esconde el riesgo de perder independencia
Dicen que un artículo del proyecto de reforma del Ministerio Público podría afectarlos
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LA NACIONHernán Cappiello
El proyecto de ley que estudia el Congreso para establecer la nueva organización de las fiscalías alberga una letra chica que deja librada al procurador la designación de fiscales generales, que serán los dueños de la decisión de acusar o no en casos penales y aun de corrupción. Esta reforma es posible que se ponga en marcha en el fuero federal, aun cuando no entre en vigor en breve el nuevo Código Procesal.
Así lo afirmaron fiscales críticos del proyecto de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Pero esta declamada velocidad en el tratamiento puede chocar con la dificultad de un debate en pleno año electoral, por lo cual no será fácil que se convierta en ley en el corto plazo, reconocieron a LA NACIÓN fuentes cercanas al Gobierno.
No obstante, algunos fiscales federales están en alerta. Por más que se haya decidido que el nuevo Código entre en vigor primero en la justicia de instrucción y no en la federal, algunos funcionarios sospechan que la ley de implementación permitiría que las modificaciones se pongan en marcha de inmediato en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, acabando con la autonomía funcional y la independencia del fiscal, según resalta el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz.
Se basan en lo que establece el artículo 80 del proyecto, donde sostiene que "todas las disposiciones de la presente ley que no dependan de la efectiva aplicación del Código Procesal Penal de la Nación tendrán plena operatividad a partir de su entrada en vigor". Fuentes de la Procuración General de la Nación estuvieron de acuerdo con esta interpretación.
A su escrito se sumaron otros papers con críticas donde se advierte que la procuradora, por sí misma, nombrará a un fiscal general como fiscal coordinador de distrito que será dueño de la acción penal. Está previsto que se designe a uno en para el fuero federal en la Capital, que se supone estará por encima del fiscal de Cámara.
Pero en la Procuración rechazaron estas críticas. Dijeron a LA NACIÓN que la semana pasada la procuradora Alejandra Gils Carbó les explicó a Sáenz y a Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, que el fiscal del caso sería designado por sorteo y que el fiscal especializado no lo desplazaría sino que trabajaría con él. Asimismo, el fiscal coordinador sólo tendrá tareas de gestión del distrito y no de intervención en las causas.
Otra crítica que menciona el paper de Sáenz es que a pesar de que inmediatamente por debajo del procurador existe un Consejo General del Ministerio Público, este cuerpo colegiado es solo asesor y sus dictámenes no son vinculantes. Su poder como controlador del procurador es muy limitado. "Es un avance, ahora ni siquiera existe nada de esto", se defienden en la Procuración. También genera controversia la situación de los procuradores fiscales ante la Corte.
La nueva ley establece que pueden reemplazarlos los fiscales coordinadores de distrito, con lo que las facultades de los procuradores fiscales ante la Corte quedan disminuidas. Aquí las fuentes de la Procuración reconocieron el cambio.
"Las fiscalías de distrito constituyen el corazón de este esquema de organización y se encuentran a cargo de un fiscal coordinador que es quien ejerce la acción penal y coordina y organiza las unidades fiscales. Es designado por el procurador, sin necesidad de concurso", advierte Sáenz. Los fiscales en desacuerdo con estas normas ya piensan en presentar acciones de amparo.
Pero la agrupación Justicia Legítima ya advirtió por la "peligrosa intromisión del Poder Judicial y de la Asociación de Magistrados en las decisiones políticas privativas de los otros poderes del Estado.
