Los gobernadores dialoguistas buscarán “facilitar” la sanción de la ley y sumar más adelante otro paquete fiscal

CÓRDOBA.– Los gobernadores “dialoguistas” celebraron la decisión de Javier Milei de retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus para “acelerar y facilitar” la aprobación de la norma en el Congreso, aunque saben que ahora tienen que caminar en un desierto de fondos nacionales, ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que no resigna el objetivo del déficit cero. Así dejó en claro que seguirán los recortes a los giros discrecionales y la retención fondos a financiamiento ya tomado por las provincias. Sin embargo, hay disposición entre esos mandatarios -la mayoría de Juntos por el Cambio y también de fuerzas provinciales- a acompañar medidas que tengan un “sesgo más federal”.

La marcha atrás del Poder Ejecutivo con el capítulo fiscal implica menos dinero para las provincias: se frena la coparticipación del blanqueo y la reinstalación de la cuarta categoría de Ganancias, oxígeno clave para las finanzas subnacionales. También queda afuera la fórmula jubilatoria, con el consecuente costo político que tendrán los gobernadores por la licuación de haberes.

Entre los dirigentes provinciales menos combativos no hay clima de victoria porque están convencidos de que enfrentan tiempos “muy difíciles”. Creen que no ganaron “nada” y que lo que viene será “complejo” pero, a la vez, entienden que separar el debate fiscal del resto es “positivo”. Al menos cuatro gobernadores de JxC coincidieron ante LA NACION en que se abre una posibilidad de mejorar la capacidad de equilibrar las cuentas provinciales.

Hasta el martes, cuando sería la sesión de la Cámara de Diputados, esperan que haya nuevas rondas de diálogo porque se mantienen puntos conflictivos, como es el de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y la privatización de empresas del Estado.

Un dirigente cordobés hace una lectura cruda de la situación: “Caputo nos dijo: ‘No me dan retenciones; retiro todo’. Cambió el tono pero el costo fiscal para las provincias es alto”. El freno a la retracción de la reforma de Ganancias que hizo Sergio Massa y que la mayoría de los gobernadores apoyó ante la promesa de una “compensación”, impacta de lleno en las expectativas de una mejora en la coparticipación. En el último bimestre del 2023, les costó $118.000 millones, según estimó el Iaraf.

Entre las hipótesis de cómo sigue la situación, algunos mandatarios especulan que el capítulo fiscal ingresará al Congreso en proyectos separados en las sesiones ordinarias y creen “probable” que parte de la recaudación esperada por la suba de retenciones se compense con alternativas que ellos mismos habían propuesto, como la suba del impuesto al cheque o el PAIS, e incluso con el alza del impuesto a los combustibles. “Todos son malos, lo que hay que buscar es el mal menor y repartir más el peso”, deslizan desde el grupo de JxC.

El cordobés Martín Llaryora -quien este lunes vuelve a la ciudad de Buenos Aires para las negociaciones- ratificó que entre los “dialoguistas” hay voluntad de reflotar una parte de las medidas retiradas: “Consideramos que no debe aprobarse la suba de ningún derecho de exportación, ni Ganancias, ni las reformas previsionales. Pero hay una parte del paquete fiscal que puede aprobarse porque todos entendemos que hay que buscar el equilibrio y que el Gobierno debe tener las herramientas para cumplir las metas que se trazó”, dijo en diálogo con La Voz del Interior.

En una reunión virtual con mandatarios de JxC y legisladores, se consensuó que se puede acompañar el blanqueo de capitales, las modificaciones en Bienes Personales, la continuidad y suba del impuesto Pais, el fomento a las inversiones y el sostenimiento del fondo educativo.

Ajuste en marcha

El torniquete a las transferencias a las provincias ya empezó. Hasta el 22 de enero, los giros discrecionales sumaron $60 millones frente a los $37.000 millones del mismo período del 2023 pero, además, varios gobernadores confirmaron a este diario que Economía les está reteniendo recursos por vencimientos que se deberían rollear; corresponden al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

Desde antes de la salida del presidente Alberto Fernández, los mandatarios de todos los partidos vienen pidiendo por el FFDP, que constituye un mecanismo de asistencia financiera; le reclamaban que lo extendiera hasta el 2050. Al 31 de marzo pasado, acumulaba un stock de deuda de $185.879 millones: Chubut, con $33.310 millones, encabeza el listado y le siguen Chaco, con $26.186 millones, y Tucumán, con $23.351 millones.

Entre los seis puntos que los gobernadores de JxC habían pedido incluir en el dictamen y que Nación había aceptado, uno es “bloquear la eliminación” del FFDP y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). Subrayan la “relevancia” que tienen como fuente de financiamiento para las provincias y CABA, “magnificada en el contexto actual de dificultades para el acceso al financiamiento voluntario de los mercados de crédito”.

“Por un lado, nos aceptan el pedido y, por el otro, nos retienen fondos –precisó uno de los mandatarios damnificado horas antes de la conferencia de Caputo–. ¿A quién le creemos?”. Una disconformidad recurrente es sobre el “teléfono descompuesto”, como llaman irónicamente a lo que consideran falta de interlocutores nacionales. Hablan a diario con Guillermo Francos, pero el ministro del Interior les aclara que las decisiones finales son de su par de Economía. Con Caputo hablaron, hasta el viernes, unos pocos gobernadores. Ninguno con Milei después de la reunión que mantuvieron en diciembre.

Antes del dictamen de comisión se sumó, por la Nación, el economista Maximiliano Fariña para redactar los cambios. Según coinciden varios legisladores, fue quien los alertó acerca de que el cálculo de la movilidad jubilatoria que regiría desde el 1 de abril se salteaba enero. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) lo publicó después.

Del Fondo de Sustentabilidad de Anses, la objeción era que si pasaba todo al Tesoro no había recursos para pagarles lo adeudado a las 13 cajas de jubilación provinciales no transferidas: son unos US$2000 millones. Piden cobrar y, además, que Nación cumpla con los giros mensuales actualizados.

Desconfianzas mutuas

El malestar de la mayoría de los gobernadores que venían negociando cambios del proyecto (los diez de JxC; Llaryora; el rionegrino Alberto Weretilneck; el salteño Gustavo Sáenz; el neuquino Rolando Figueroa) llevaba al oficialismo nacional al fracaso en el Congreso. A la disconformidad porque “no se respetaban” los cambios consensuados se sumó lo que consideraron “amenazas” desde la Casa Rosada.

Aún así, mantenían el rechazo a la suba de retenciones, a la gestión por parte del Tesoro del Fondo de Sustentabilidad de Anses y la movilidad jubilatoria. La grieta era el triángulo crucial para el ministro de Economía. Los “dialoguistas” planteaban que en el punto en que se estaba la ley terminaría siendo “una cáscara vacía” y resaltaban que todas las propuestas que planteaban eran rebotadas.

La oposición a la suba de retenciones unió a los gobernadores de las provincias productivas, de las que tienen más actividad privada. Los sectores empresarios les advirtieron respecto al impacto que la mayor carga tendría en la actividad y, en consecuencia, en la recaudación propia de las provincias.

El viernes al mediodía, Karina Milei, secretaria General de Presidencia, estuvo en el Congreso. Almorzó con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Les notificó que no había más modificaciones y ellos le confirmaron que no estaban los números para sacar la ley.

La tensión alcanzó su punto culminante en paralelo a que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) definió que el 31 se reúne para definir el desembolso de US$4700 millones para la Argentina. Además de seguir las variables económicas, tiene la mira puesta en la gobernabilidad. Hace dos años el Fondo pidió recortar los giros de la Nación a las provincias por fuera de la coparticipación; el año pasado recibieron el equivalente a 1,2% del PBI (0,76% en transferencias corrientes).