Los gobernadores vuelven a la carga con pedidos de obra pública para negociar la reforma política

CÓRDOBA.- Las finanzas provinciales caminan por el borde del precipicio. El interés de la Casa Rosada de sacar la reforma política, que incluye la derogación de las elecciones PASO y la ficha limpia, abrió una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores que, incluso, comenzó días antes de que Javier Milei enviara el proyecto al Congreso. El menú de los reclamos provinciales no varía: envío de recursos para que puedan cubrir demandas que reciben por el corte de programas nacionales e infraestructura. La manta corta de sus recursos implica, en la mayoría de los distritos, menos obras y desaceleración del ritmo de ejecución.

La rigidez del gasto provincial es importante: sueldos, transferencias a municipios y seguridad social (en el caso de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus cajas de jubilaciones) comprometen alrededor del 80% de sus recursos. La colocación de deuda -tanto en dólares como en pesos- registró un impulso a fin del año pasado, pero está lejos de alcanzar la “revolución” en el arreglo de rutas que, en noviembre pasado, proyectó el entrerriano Rogelio Frigerio al plantear que la baja del riesgo país permitiría a las provincias conseguir asistencia financiera, con el aval de la Nación. Coincidió esa frase con la flexibilización de la firma de garantías por parte del Ministerio de Economía.

Desde entonces salieron al mercado internacional Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y, en los últimos días, Chubut; en dólares los vencimientos de todas suman unos US$2300 millones este año. En pesos, en lo que va del 2026, colocaron Chaco, Buenos Aires y Mendoza (en el 2025 además de esas mismas fueron Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Córdoba).

Hace unos días la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que las provincias deben afrontar un “perfil de vencimientos de deuda internacional exigente, que requerirá del acceso a diversas fuentes de financiamiento”. Remarcó el empeoramiento del frente fiscal de los distritos. Aunque ningún gobernador lo acepta, economistas que siguen las finanzas provinciales encienden alarmas de que se use financiamiento para gastos corrientes y no solo para repago de deuda u obras.

Hasta abril solo 17 jurisdicciones presentaron la ejecución presupuestaria completa del 2025 y solo cuatro sostuvieron el superávit financiero. El consolidado marca un rojo de 2%, según datos de Politikon Chaco. Falta Buenos Aires, por ejemplo, con lo que el resultado general claramente no mejorará.

Es en ese contexto en el que algunos gobernadores recibieron llamadas de funcionarios nacionales y líderes libertarios en el Congreso para “tantearlos” respecto a su posición para la reforma política. Al ser una ley electoral, el oficialismo necesita la mitad más uno de los votos con lo que las alianzas son ineludibles. “La Casa Rosada ya usó parte del crédito que tenía desde las legislativas con la reforma laboral. Hay promesas que, de nuevo, no se cumplieron”, ironizó ante LA NACION un mandatario norteño.

Un colega de la región centro sostuvo que ya no es cuestión de que apelen a la “voluntad” de los gobernadores, que el problema es directamente de recursos. La mayoría no comparte, por el momento, el optimismo nacional de que los próximos meses serán los mejores en décadas.

El habitual interlocutor con los gobernadores, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió la semana pasada con el chaqueño Leandro Zdero. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

También esos funcionarios se encontraron hace unos días con otros aliados electorales, como Frigerio y Alfredo Cornejo. La estrategia de cara al próximo año electoral estuvo presente.

Obras viales

Entre esas promesas que mencionan está el mantenimiento de rutas. Hace unos días, Nación estableció por decreto un nuevo marco para la gestión de vías nacionales: nueve provincias (a las que se pueden incorporar otras) tienen la posibilidad de operar, mantener y concesionar tramos mediante peajes. Es una redefinición del papel del Estado central la infraestructura vial; no traspasa el dominio sino que a través de convenios con Vialidad Nacional -aprobados por Economía- pueden licitar.

“Todo dependerá de la capacidad de cada distrito -dijeron a LA NACION desde la Cámara Argentina de la Construcción-. Hoy son pocas las que están ejecutando obras y la mayoría con ritmo más lento que antes. Buenos Aires, que tiene el plan más importante, está parada; las del norte, con pocos fondos disponibles, hacen casi nada. Están las que se quejan porque llevan un año de tratativas con Nación para traspasos, y no hay avances”.

Un análisis de Marcelo Capello, economista y vicepresidente de Ieral de la Fundación Mediterránea, da cuenta de que en 2023 la inversión del consolidado provincial alcanzó 1,8% del PIB, del que 1,4% fue Inversión Real Directa (IRD) y el resto transferencias de capital a municipios. En el 2024 cayó 34% real interanual y quedó en 1,2% del Producto, cifra que se mantuvo hasta el tercer trimestre del año pasado.

Con los datos publicados por 17 provincias (sin contar Buenos Aires), la inversión pública cayó 33% en 2024, en valores constantes, y subió un 17% el año pasado que fue electoral. Las mayores alzas reales en 2025 se dieron en Río Negro (96%), San Juan (81%), Neuquén (81%) y Entre Ríos (72%), mientras que las mayores caídas ocurrieron en Chubut (-41%), Corrientes (-17%) y Catamarca (-12%).

Tomando esas 17 jurisdicciones, respecto a 2023 sólo se expandió la inversión pública en Neuquén (37%), Santa Fe (22%), Río Negro (14%), Santa Fe y CABA (6%), bajando en mayor medida en Chaco (-73%), La Rioja (-72%) y Santa Cruz (-71%).

“Seguramente este año, con la caída que se observa en las transferencias automáticas de Nación, habrá un ajuste de la inversión pública del que, quizá, sólo queden excluidas algunas de las provincias que emitieron deuda”, añadió Capello.

Por Gabriela Origlia

• Javier Milei
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