Los guardianes jurídicos de Cristina Kirchner

Carlos Alberto Beraldi es quien se ocupó, mientras los expedientes judiciales aceleraron su curso, de delinear la estrategia de defensa de Cristina en los tribunales federales de Comodoro Py.

El vínculo del penalista con la vicepresidenta comenzó en 2015, en el marco de la causa Hotesur y Los Sauces. Beraldi defendía en esa causa a Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, y fue quien coordinó la estrategia de defensa de varios imputados en ese expediente.

El año pasado se lo vio sentado junto a la ahora vicepresidenta en el banquillo de los acusados por el juicio oral de la causa conocida como "vialidad".

Dueño de un tono calmo e irónico, cuando el Frente de Todos triunfó en las urnas, en los pasillos de Comodoro Py Beraldi decía, basado en la idea de que durante el macrismo se produjo una persecución judicial, que a partir de entonces la actividad de los tribunales iba a disminuir.

Sin embargo, el rol de Beraldi no se reduce a la defensa de Cristina en las causas sensibles. Aunque todavía no se conformó, el Presidente dejó trascender que creará un consejo consultivo que revise el funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial. Uno de los fines de ese consejo será analizar la composición y la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El nombre de Beraldi integra la lista de los académicos y juristas que integrarían ese consejo y, respecto de ese tema, pidió una Corte Suprema más "federal y creíble", con una representación de todas las regiones.

Ahora, aunque sin descuidar los frentes judiciales de los tribunales de Retiro, Beraldi se concentra en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde su clienta se presentó como querellante por los seguimientos al Instituto Patria.

Con relación a ese caso, Beraldi dijo: "También deberían sonar las cacerolas para pedir que no haya más espionaje ilegal y que los responsables paguen".

El exsecretario legal y técnico y cerebro jurídico del kirchnerismo tiene la confianza de la vicepresidenta, resaltan fuentes del entorno de ambos.

Comparte con Cristina, ambos procesados y con ese tramo del expediente elevado a juicio oral, la causa conocida como "memorándum con Irán", iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

En ese caso, por el que pasó tres meses detenido, Zannini batalla para que se declare la nulidad. Para lograrla, Zannini hace hincapié en un asunto al que aludió ayer la propia Cristina Kirchner en un video difundido en sus redes sociales: el rol de Interpol y de sus autoridades en lo que respecta a las alertas rojas. La vicepresidenta adhirió después a ese pedido.

Al frente de la Procuración del Tesoro, Carlos Zannini firmó hace dos meses un dictamen para que la Anses le pague a Amado Boudou su pensión vitalicia como vicepresidente.

La firma de Zannini es clave para la resolución de las demandas que lleva adelante el Estado contra actores civiles.

Uno de esos casos involucra a Cristina y podría tornarse relevante. Se trata de la demanda civil multimillonaria que presentó el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional Javier Iguacel contra la vicepresidenta por $22.500 millones de pesos que pagó el Estado a Lázaro Báez.

Iguacel desistió de un recurso en el fuero penal, pero la competencia de esa causa todavía está en disputa entre el fuero civil y comercial y el fuero contencioso administrativo.

Como procurador del Tesoro -jefe de los abogados del Estado- Zannini podría emitir un dictamen en favor de la vicepresidenta, que haría caer la demanda.

Apenas asumió, Zannini pidió a la fiscal Gabriela Boquin la intervención de la firma Correo Argentino, con el fin de que se desplace a los directores de la empresa de la familia Macri y se nombre un interventor judicial.

Es la guardiana de la firma de Cristina en el Senado. La abogada sanjuanina y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, dio la batalla con Cristina en la Corte Suprema para que se validara la constitucionalidad de las sesiones remotas, en el marco del aislamiento preventivo social y obligatorio.

Peñafort redactó el planteo presentado por Cristina para que la Corte Suprema se expidiera "de modo urgente y mediante un trámite sumarísimo" sobre la validez de eventuales sesiones remotas del Senado, y acusó al presidente de ese tribunal, Carlos Rosenkrantz, por no tratar el tema, de querer defender a las 12.000 grandes fortunas que deberían pagar el impuesto a la riqueza que el oficialismo pretende aprobar en el Congreso.

También defendió la creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Vicentin la semana pasada, cuando la oposición cuestionó la forma en que se votó y las facultades de realizar medidas tales como allanamientos y secuestros de información.

Simpáticos y a la vez confrontativos, sus hilos de Twitter se tornan virales apenas Peñafort presiona "publicar". Cristina Kirchner suele compartir los mensajes, en una clara señal de identificación.

Peñafort apoya la idea de que hay que reformar la Justicia para diluir el poder de los jueces de Comodoro Py y utiliza el concepto de lawfare para referirse a las causas que avanzaron contra Cristina Kirchner durante los últimos cuatro años.

En las últimas semanas criticó duramente el fallo del juez Fabián Lorenzini, que interviene en el concurso de acreedores de la firma Vicentin, mediante el cual se restituyó la administración de Vicentin a sus directivos y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Ejecutivo.

Dijo que el juez hizo un "absurdo jurídico" y que "no tiene fundamentos y es arbitrario", publicó Peñafort, por lo que sugirió que "el Estado debe apelar y dar la pelea judicial".

De bajo perfil, el abogado constitucionalista Roberto Boico lleva adelante la defensa de Cristina en la causa conocida como "memorándum con Irán". Asumió la defensa en ese expediente después de que lo hiciera Graciana Peñafort, que ya defendía al excanciler Héctor Timerman.

Boico había apoyado el memorándum de entendimiento con Irán en el año 2013 y siempre sostuvo que el expediente que instruyó el juez Claudio Bonadio y que ahora está elevado a juicio "es persecutorio". Opinó en diálogo con los medios que esa causa terminará en absolución o nulidad porque, sostuvo, no existe un hecho criminal.

También es abogado del senador Oscar Parrilli en la causa de los cuadernos de las coimas.

Ocupa el segundo lugar del orden de mérito entre los postulantes para ocupar cargos claves en los tribunales de Comodoro Py: las dos vacantes de la Cámara Federal.

Boico ya ocupó un lugar en los tribunales federales de Comodoro Py en 2015, cuando el kirchnerismo lo designó conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal.

A diferencia de Carlos Beraldi, el abogado Gregorio Dalbón es mediático y mantiene alto su perfil. Dalbón es el encargado de defender a la vicepresidenta en los asuntos civiles y, según él mismo describe, también se ocupa del "asesoramiento del lawfare".

Es el abogado patrocinante de Cristina en las demandas que la exmandataria impulsó por daños y perjuicios.

De tono fuerte, el año pasado, mientras sobre Cristina Kirchner pesaban órdenes de prisión preventiva dictadas por Bonadio, que si ella, entonces candidata a la vicepresidencia, iba presa, iban a "correr ríos de sangre".

Activo en las redes sociales, Dalbón se pronunció recientemente sobre el caso por presunto espionaje ilegal que lleva adelante el juez Federico Villena en los tribunales de Lomas de Zamora, y dijo que los jueces que participaron del lawfare y que fueron parte del espionaje "deben ser destituidos".

También expresó que el expresidente Mauricio Macri "va a pagar" en la Justicia por los hechos que investiga el juez Federico Villena.

Por Candela Ini

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