1
Los jueces kirchneristas resisten en Santa Cruz la llegada de nuevos miembros y el conflicto escala a la Corte Suprema
El titular de la Cámara de Diputados provincial se presentó ante el máximo tribunal para que intervenga
5 minutos de lectura'
Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
EL CALAFATE.- En un nuevo capítulo del conflicto que sacude a Santa Cruz, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga ante la decisión de los jueces kirchneristas de la provincia de impedir que asuman nuevos magistrados.
La presentación busca revertir el fallo de los jueces kirchneristas del Tribunal Superior de la provincia que declaró inconstitucional la ley que amplió su integración y que intenta remover de sus cargos a los cuatro miembros designados por el gobernador Claudio Vidal.
Se trata de una pelea institucional que sacude a la provincia y que expresa la resistencia de los jueces nombrados por el kirchnerismo a compartir su poder.
El objetivo de la presentación del presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz es revertir el fallo del 17 de diciembre pasado firmado por cuatro vocales y una vocal subrogante del TSJ que declaró inconstitucional la Ley 3949 que elevó de cinco a nueve miembros al máximo tribunal.
Aquel fallo marcó la declaración de guerra entre el poder judicial y los otros poderes del estado, cuyas escaramuzas empezaron en septiembre cuando cuatro miembros se opusieron a la asunción de los nuevos vocales designados.
Desde entonces convive en la corte provincial una suerte de doble comando. La pelea escaló al punto que, según el oficialismo local y reconocidos juristas consultados, solo la intervención de la Corte Suprema podría encausar el enfrentamiento.
El grupo de jueces que resiste la llegada de otros miembros fueron nombrados durante los gobiernos kirchneristas y lo integran, incluso, dirigentes políticos que habían acompañado a Néstor y Cristina Kirchner.
En el recurso que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia, el vicegobernador sostiene que la declaración de inconstitucionalidad de la ley fue un exceso de competencia del poder judicial, una violación a la división de poderes y a los principios democráticos del sistema representativo y republicano.
La declaración de inconstitucionalidad –originada en un amparo presentado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales- argumentaba, entre otros puntos, que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos.
La decisión incluyó la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluida la designación y jura de los cuatro nuevos vocales impulsados por el actual gobierno, quienes entraron en funciones entre septiembre y octubre pasado: Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega, a quienes les tomó juramente el presidente del cuerpo Daniel Mariani, luego apartado del cargo por los cuatro vocales kirchneristas.
El TSJ nunca les pagó sus sueldos, no les asignó espacio físico para trabajar, nunca los dejó asistir a las reuniones de acuerdo y hasta condicionó su ingreso al palacio judicial. Recién en enero, los cuatro vocales designados, pudieron cobrar el 50% de sus salarios, a través del ministerio de Economía, luego de una resolución aprobada en la legislatura.
La acción de inconstitucionalidad llevó la firma de lo que el vicegobernador considera en la apelación una “una minoría irregular” conformada por los vocales Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, y la subrogante, Romina Vanessa Saúl, quienes anularon las designaciones y dispusieron la “reviviscencia” del régimen anterior de cinco miembros para mantener su control sobre el cuerpo.
En su apelación, Leguizamón sostiene que el grupo de jueces que firmó la inconstitucionalidad se “arrogó competencias constituyentes” al decidir sobre la conformación del cuerpo.
El núcleo de la embestida legal contra el fallo local radica en que el Poder Judicial habría interferido en “cuestiones políticas no justiciables”. El recurso argumenta que la organización de la justicia es una facultad privativa de la Legislatura, según los artículos 104 y 126 de la Constitución Provincial, y que los jueces no pueden erigirse en “censores” de la oportunidad, mérito o conveniencia de una reforma legislativa.
El documento advierte que, bajo el “ropaje” de un examen de razonabilidad, el tribunal provincial actuó como un “cogobernante” al imponer su propio plan de diseño institucional por sobre el decidido por los representantes del pueblo. Asimismo, el escrito denuncia la “gravedad institucional” de la situación, destacando que la sentencia fue dictada por una minoría irregular que intentó mantener su condición de antigua mayoría para neutralizar las facultades de los otros poderes del Estado.
Otro punto de fuerte cuestionamiento es la supuesta falta de “caso judicial” que habilite la intervención del TSJ. Leguizamón sostiene que la demanda promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales carece de un agravio concreto, ya que la ampliación del tribunal de cinco a nueve miembros no afecta los derechos salariales ni las condiciones laborales de los empleados, convirtiendo la acción en una “acción popular” encubierta que no debería haber prosperado.
Finalmente, el recurso ante la CSJ busca poner fin al “desorden institucional” que hoy enfrenta Santa Cruz, donde coexisten dos realidades jurídicas contrapuestas sobre la integración de su cabeza de poder. El apelante enfatiza que la intervención de la Corte Suprema es el “único remedio eficaz” para evitar un daño irreparable a las instituciones básicas de la República y garantizar que las provincias respeten el sistema representativo y republicano que les impone la Carta Magna.
Últimas Noticias
Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Un pasivo de $200.000 millones. En el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado
