Los jueces se oponen a ser traspasados a la ciudad
La Asociación de Magistrados y las tres listas internas coinciden en su rechazo al proyecto del Gobierno
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LA NACIONAdrián Ventura
El proyecto del gobierno nacional de avanzar con el traspaso de unos cincuenta juzgados penales y laborales a la ciudad de Buenos Aires logró lo que parecía imposible: unificar en su contra a todas las listas de jueces nacionales y federales.
A tal punto llegó el conflicto que ayer fuentes del Ministerio de Justicia confiaron a LA NACION que "el traspaso de la justicia laboral está suspendido" y "antes de avanzar se van a hacer ajustes sobre el traspaso de los juzgados criminales vacantes". Así se lo hizo saber también el ministro de Justicia, Germán Garavano, a los jueces.
El tema preocupa también a los empleados, que hoy se movilizarán frente a la Cámara del Trabajo y mañana harán un paro.
Por cierto, todo eso ocurre en medio del proceso electoral de la Asociación de Magistrados, que pasado mañana seleccionará sus autoridades. Allí compiten tres listas: la Bordó -que fue la más crítica del gobierno de Cristina Kirchner, pero que también se opone al traspaso-, encabezada por la camarista comercial María Lilia Díaz Cordero; la Celeste, que postula al camarista federal de San Martín Alberto Lugones, y la lista Compromiso, que lleva al camarista Rafael Barreiro.
"El problema del traspaso trasciende los comicios y nosotros estamos totalmente en contra", dice Díaz Cordero, que representa a la lista Bordó, que hoy domina la Asociación de Magistrados.
"Todavía no se conoce qué diseño tendrán la justicia penal y la laboral en la ciudad para saber si podrán absorber a todos los empleados o si terminará habiendo despidos", alertó el titular del gremio judicial, Julio Piumato.
Recalculando
A partir de uno de los proyectos del ministro de Justicia, Germán Garavano, el gobierno nacional y la Ciudad quieren avanzar, el 30 de este mes, con la firma de cinco convenios. Será el primer paso para avanzar con el traslado. Para pulir detalles, ayer se reunieron el viceministro de Justicia, Santiago Otamendi; su par porteño, Jorge Enríquez, y los presidentes de los consejos de la Magistratura de la Nación, Juan Bautista Mahíques, y de la Ciudad, Enzo Pagani.
En la Ciudad afirman que los jueces y los empleados tendrán plenas garantías de estabilidad e independencia y se les respetará el nivel salarial. Pero en el Ministerio de Justicia saben que, frente a la movilización de los jueces, tienen que recalcular.
La lista que hasta ahora se había hecho oír más fuerte contra el traspaso era la Celeste. Lugones dice que "los jueces y los empleados, cuando pasen a la ciudad, no tendrán ninguna garantía de estabilidad ni independencia".
Leónidas Moldes, consejero de la Magistratura por otra lista, Compromiso, también dijo a LA NACION que el Gobierno no puede "cambiar la competencia, ni la ubicación institucional, ni la forma de remoción de los jueces nacionales por un sistema distinto previsto en la ciudad".
Y ayer Díaz Cordero y el fiscal del Crimen Ricardo Sáenz encabezaron una nutrida delegación de la Asociación de Magistrados que visitó a los senadores Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey. Los jueces no sólo parecen dispuestos a judicializar el operativo de traspaso, sino también, básicamente, a lograr que el proyecto oficial naufrague en el Congreso. Sería una derrota para Mauricio Macri. Por eso, la Asociación de Magistrados emitió un comunicado donde reveló que los senadores del PJ les dijeron que no admitirán el traspaso de fueros en bloque y que recién se analizará el año próximo.
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