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Reforma judicial: el consejo asesor se inclina por limitar el mandato del Procurador General
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LA NACIONHernán Cappiello
El Consejo Consultivo que asesora al presidente Alberto Fernández para hacer cambios en el funcionamiento de la Justicia cerró el capítulo referido a cómo debería ser el futuro de la Procuración General de la Nación, el modo de elección de su titular, la duración de su mandato y otras características del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
La tarea de los juristas, que culminará a mediados de noviembre, se concretará en un dictamen con sugerencias que eventualmente pueden transformarse en un proyecto de ley para profundizar la reforma judicial iniciada el mes pasado.
Los especialistas están cerca de llegar a estos consensos. Por ejemplo, limitar la duración del mandato del Procurador General de la Nación. Actualmente, el jefe de los fiscales debe dejar su cargo a los 75 años, como los jueces. La idea es que su mandato dure entre 5 y 7 años, aunque no hay aún una definición uniforme sobre este aspecto. Pero si está claro que entre quienes piensan que el mandato debe ser limitado en el tiempo –que son la mayoría de los integrantes de la comisión– prima la idea de que la duración de su mandato no coincida con la de un período presidencial, de cuatro años.
Otro de los debates pasa por si se mantiene el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para la designación del procurador o si basta una mayoría simple. No es menor el asunto, porque hoy el Gobierno no cuenta con esa mayoría calificada para designar a Daniel Rafecas al frente de los fiscales. No obstante algunas disidencias, en la comisión asesora predomina la idea de mantener la necesidad del voto de los dos tercios.
El destino de la OA y la UIF
El rol y lugar de actuación de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) es parte de las discusiones. Hoy son dos oficinas que funcionan en el ámbito del Poder Ejecutivo. Una de las ideas es trasladarlas al Ministerio Público Fiscal y asimilarlas con las fiscalías especializadas en esos asuntos: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Pero esa iniciativa no prosperó. En cambio, hay consenso para dejar la OA y la UIF en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero la comisión recomendaría que su titular sea elegido con los dos tercios de los votos del Senado y que el mecanismo de remoción sea el mismo.
También la opinión mayoritaria es sacarle a la OA y a la UIF la facultad de ser querellantes en las causas penales y que cada organismo haga las investigaciones de acuerdo con sus funciones. Si esas investigaciones deben ser judicializadas, la OA y la UIF pueden hacer denuncias o instar a que las fiscalías especializadas como la PIA y la Procelac asuman el rol de querellantes.
El argumento es constitucional, porque en la arquitectura institucional es el Ministerio Público el que insta la acción y no una dependencia del Ejecutivo. Esta es la opinión que hizo pública la actual gestión de la OA, a cargo de Félix Crous, para desistir de ser querellante en casos de corrupción en los que la oficina había asumido este rol durante la gestión del gobierno anterior.
Otro de los consensos pasa por reformular y fortalecer el Ministerio Público Fiscal no penal. Actualmente los fiscales no penales están invisibilizados y son indispensables para fortalecer el acceso a la Justicia de los sectores más desprotegidos. Son clave en los reclamos de derechos económicos, sociales, culturales, a la identidad, a la salud, a los derechos ambientales y de las minorías que no tienen recursos para accionar.
El grupo de especialistas está trabajando sobre documentos preliminares y aún no hay una redacción final.
El traspaso de la Justicia nacional ordinaria
Una vez agotado el tema del Ministerio Público Fiscal, los especialistas avanzaron en analizar la transferencia de la Justicia nacional ordinaria a la ciudad de Buenos Aires. O dicho en otros términos, solucionar los problemas que dejó la reforma judicial presentada por el Gobierno, que prevé prácticamente la disolución de la Justicia Criminal y Correccional ordinaria.
En este sentido, los expertos coinciden en que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional podría incorporarse al tribunal espejo que funciona en la justicia porteña, con competencias en otros delitos que serían traspasados. Lo mismo ocurriría con los jueces de tribunal oral en lo criminal y correccional que pueden convertirse en tribunales unipersonales para hacer los juicios orales en el ámbito de la Ciudad.
Lo más peliagudo en determinar es el destino de la Cámara Nacional de Casación Penal, ya que no existe un organismo similar en la ciudad de Buenos Aires. No hay una idea mayoritaria sobre esa controversia.
El juicio por jurados, el Consejo y la Corte
Una vez concluido este tema, los juristas avanzarán con sugerencias para instrumentar el juicio por jurados, encarar una reforma del Consejo de la Magistratura y, finalmente, atacar el tema central que los convoca: el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Los integrantes del comité asesor no tienen la obligación de pronunciarse sobre la cantidad de miembros que debería tener la Corte. De hecho, el punto no está mencionado en el decreto que los convocó, pero sí deben establecer pautas para el funcionamiento del máximo tribunal.
Una de las ideas que domina la discusión, que deberá terminar el 18 de noviembre, es encontrar el modo de definir el volumen de casos sobre los que debe decidir la Corte. Y en esa definición irá implícita la cantidad de jueces necesarios para ponerla en marcha.
Los especialistas aún no cuentan con las estadísticas de la Corte para poder hacer un análisis fundado de la cantidad de causas que ingresan, cuántas se resuelven con una sentencia de fondo y cuántas son rechazadas sin más trámite.
Los especialistas que integran este Consejo Consultivo son el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, el exjuez León Carlos Arslanian; la jueza del máximo tribunal porteño Inés Weinberg de Roca, que el macrismo propuso para la Procuración, sin éxito; Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español; Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático cercano a Eugenio Zaffaroni; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista que supo defender en la Corte los intereses de Clarín; la abogada Marisa Herrera; y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza). Son coordinados por Fabián Musso, abogado del estudio del fallecido Esteban Righi y cercano a Alberto Fernández.
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