Los legisladores bonaerenses comenzaron a publicar sus declaraciones juradas

Los diputados y senadores provinciales se suman a los funcionarios del Poder Ejecutivo obligados a dar cuenta de su patrimonio por un decreto de Vidal de 2016
Los diputados y senadores provinciales se suman a los funcionarios del Poder Ejecutivo obligados a dar cuenta de su patrimonio por un decreto de Vidal de 2016 Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford
Marcelo Veneranda
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18 de mayo de 2018  • 12:34

Los legisladores de la provincia de Buenos Aires comenzaron a publicar sus declaraciones juradas , en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 15.000, sancionada el 14 de diciembre pasado. Se suman así a los funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense, que estaban obligados por un decreto de 2016 de la gobernadora María Eugenia Vidal .

Aunque hubo avances en estos últimos meses, los jueces, fiscales, intendentes y concejales bonaerenses siguen sin estar obligados formalmente a dar cuenta de su patrimonio.

El plazo de los legisladores para presentar las declaraciones juradas comenzó el miércoles y se extenderá hasta el 31 de agosto. El primero -y por ahora único- en anotarse fue el presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca (Cambiemos), que declaró un patrimonio global de 3.838.711 pesos, que incluye los bienes de su mujer, la senadora nacional Gladys González .

"Esta iniciativa es parte del cambio que iniciamos en la provincia junto a la gobernadora María Eugenia Vidal hace dos años, pero también parte del compromiso de toda la clase política con los bonaerenses", sostuvo Mosca.

La Ley N° 15.000 estableció la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales para los diputados y senadores provinciales, para el personal jerárquico de ambas cámaras y los funcionarios con responsabilidad en el manejo de fondos del Poder Legislativo.

Pese a que ya estaban obligados por un decreto de Vidal y una ley posterior, la norma sancionada en diciembre amplió el espectro de funcionarios del Poder Ejecutivo, de organismos descentralizados y de la Polícía y el Servicio Penitenciario Bonaerense obligados a dar cuenta de su patrimonio.

La ley también invitó a sumarse al control patrimonial a los 135 intendentes bonaerenses, sus concejales, a los funcionarios de Poder Judicial y el Ministerio Público, a los gremialistas y toda entidad que administre derechos e intereses entre el sector público y la ciudadanía.

Por ese andarivel no hubo muchas novedades. Apenas un puñado de intendentes publican voluntariamente sus declaraciones juradas. Tras la presión de Vidal, la Suprema Corte de Justicia bonaerense aceleró los pasos y acordó desarrollar un sistema para que jueces, fiscales y funcionarios judiciales (en total, más de 10.000 personas) publiquen sus DDJJ. Pero ese sistema aún no vio la luz.

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