Los negocios del clan Sena con fondos públicos y el desembarco de los funcionarios de Jorge Capitanich en la fundación

La fundación Doctor Andrés Saúl Acuña es el corazón de la actividad económica de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, hoy presos, acusados del asesinato de su exnuera, Cecilia Strzyzowski, de quien se comprobó que había sangre en una habitación de la casa de los líderes piqueteros. Desde su creación, en 2009, la fundación creció de forma exponencial gracias a los giros del gobierno de Jorge Capitanich, que en su segundo mandato (2011-2015) los llevó de $113.500 a $14.561.000, más de un millón de dólares de entonces, y que este año, hasta la detención, les había girado un promedio de 883.000 pesos por día. Aunque la actividad central de los Sena era la construcción de viviendas, su fundación está registrada en la AFIP con otro objeto: “venta al por menor” de “pan y productos de panadería” y de “frutas, legumbres y hortalizas frescas”, además de la fórmula genérica de “servicios de asociaciones”.

Y no solo se dedicaba a la construcción. La fundación manejaba un colegio en el barrio Emerenciano -cuyo ciclo lectivo inauguró este año Capitanich- con 907 alumnos; proyectos sociales y “de salud”, informó el gobierno provincial. Además, los Sena eran dueños de una chanchería que funcionaba en un terreno cedido a título personal a Emerenciano (estaba a nombre de él, no de la fundación) por el gobierno provincial. En esa chanchería, cuya actividad, según fuentes judiciales, no estaba inscripta bajo ningún concepto, es donde los investigadores del crimen de Cecilia creen que el cuerpo fue quemado. Asimismo, Acuña había montado un bar, el Gato Negro, que administraba la joven desaparecida y cuya actividad tampoco está declarada, informaron las fuentes.

Hoy, toda la estructura económica de los Sena está bajo investigación en una causa que avanza en paralelo con el expediente del presunto homicidio, en la que se contabilizaron hasta ahora, a nombre del matrimonio y la fundación, tierras, viviendas, camiones, camionetas 4x4 y motos. De los registros que están en la causa de la justicia federal surge un dato llamativo: una de las dos camionetas Hillux que tenían en copropiedad Emerenciano y Acuña (50% cada uno) aparece como vendida el 12 de junio de este año, cuando los dos estaban ya presos.

El fiscal de este caso es Patricio Sabadini y la jueza, Zunilda Niremperger. Las pruebas que fueron reuniendo hasta ahora refuerzan la hipótesis de que, de mínima, Sena y Acuña deben ser investigados por evasión por ocultación de ingresos, informaron fuentes que conocen el caso. El mismo gobierno que inyectaba millones en sus emprendimientos no habría controlado debidamente sus ganancias.

Es el mismo gobierno que ahora tomó el control de la estructura montada por Emerenciano, que había quedado acéfala con su detención y la de su mujer, con el objetivo declarado de auditar a la fundación y garantizar que no se corten los servicios que brindaba. Tres funcionarios vinculados al Partido Justicialista e identificados con Capitanich fueron nombrados al frente de la intervención para “aportar transparencia e información a la ciudadanía”, según informó el gobierno provincial. Ellos son Eduardo Colombo (subsecretario de Asuntos Registrales), Hernán Knezovich (de la Fundación Chaco Solidario) y la exdiputada Mirta Morel. La oposición cuestiona estas designaciones. “No tienen legitimidad. Capitanich manda a que controlen a sus propios socios”, dijo a LA NACION el radical Leandro Zdero, ganador de la interna de Juntos por el Cambio en las PASO chaqueñas, que competirá con Capitanich en las generales para gobernador. “El de Sena era un estado paralelo que administraba mucho más recursos que cualquier intendente porque así maneja los fondos Capitanich. No tiene sentido que el control ahora lo haga él mismo”, agregó.

De las primeras pruebas reunidas por la Justicia resulta además que los Sena-Acuña omitieron presentar las declaraciones juradas de los dos últimos ejercicios de la fundación y que en dos de las declaraciones que sí presentaron el monto del cierre de un ejercicio no coincide –por una diferencia de millones- con el del inicio del siguiente, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales. Además, la AFIP informó facturaciones de la fundación que no se condicen con lo informado por Contaduría de la provincia, que no las notificó, detallaron.

Emerenciano Sena era también el líder de la Cooperativa de trabajo Emerenciano Limitada. La Justicia espera hacerse del detalle de todos los ingresos de esta entidad. Y pidió que el Registro de Comercio le informe si la fundación, en teoría dedicada a los “servicios de asociaciones” y a la venta minorista de panes, frutas y verduras, está registrada, además, para hacer tareas de construcción.

Los investigadores también quieren tener más precisiones sobre los materiales que se utilizaban para las obras. La fiscalía tiene el dato de que en uno de los inmuebles registrados a nombre de Acuña, una hectárea en Colonia Benítez, se acopiaban materiales. Ordenó medidas para investigarlo, dijeron fuentes con acceso a la causa. Y consultaron por los movimientos de una cuenta comitente en la Bolsa de la provincia que, según la información recibida en la causa federal, figuraría a nombre de Acuña.

De los registros públicos surge que ella tiene a su nombre el campo de Colonia Benítez (valuado oficialmente en $1.905.000) y dos departamentos en el centro de la ciudad ($800.000) que declaró haber comprado con honorarios que eran de su padre y que ella cobró a través de la sucesión de él. La AFIP dio cuenta además de la existencia de otro inmueble en Alberdi 805 de Resistencia, del que ella sería dueña únicamente del 7,05%. A nombre de César Sena, pareja de Cecilia, está declarado un inmueble donado a él por la “Sucesión Rocha Cruz”.

Entre los vehículos encontrados a nombre del matrimonio Sena figuran dos camionetas Hilux de doble tracción -una de ellas habría sido utilizada para trasladar el cuerpo de Cecilia, según la hipótesis de los fiscales que investigan el crimen-, dos motos de baja cilindrada, dos camiones Ford F350, una Ford pick up y un utilitario Mercedes Benz para transporte de pasajeros. La fundación tiene tres camiones Mercedes Benz, un Rastrojero y una moto Motomel. En la causa por la que los Sena-Acuña están presos se sospecha además que utilizaron uno de los camiones para trasladar los muebles que Acuña ordenó donar el día que habrían matado a Cecilia con el propósito de eliminar pruebas incriminantes.

En esa causa penal hay también indicios de cómo los Sena manejaban la asignación de las viviendas que construían con fondos públicos. Rosana Ferreyra, contratada como planchadora en la casa de los Sena-Acuña, relató en su declaración que ella, como no tenía una casa, había hablado con su jefa para conseguirse una. Relató que Acuña le dijo que, para eso, tenía que trabajar en “la obra”, en las construcciones del barrio Emerenciano, y que así lo hizo. “Yo iba a la obra y ayudaba en lo que podía”, declaró, pero dijo que ella igual conservaba sus otros empleos.

La confusión entre el trabajo particular para los Sena-Acuña, “la obra” e incluso la política se ve también en la relación del matrimonio con otros empleados, como con la pareja de Gustavo Obregón y Fabiana González. González era una suerte de secretaria personal de Acuña, que tenía llaves de su casa; declaró que era “empleada pública en la Fundación Doctor Andrés Saúl Acuña” y fue candidata a concejal en la lista de los Sena, que iban en la boleta con Capitanich. Con su pareja, Obregón, pasaba algo parecido: también declaró ser “empleado público”, trabajaba para la familia -oficiaba sobre todo de chofer y, por ejemplo, llevaba a César al colegio- y también estaba en la lista de aspirantes a concejal. Hoy, Obregón y González están presos por encubrimiento.

El presidente de la fundación es Emenerciano Sena y su apoderada, Acuña. Lleva el nombre del abogado de derechos humanos y padre de Marcela Acuña, Saúl Acuña. El domicilio legal es la casa de Santa María de Oro 1460, el lugar donde, según los investigadores, los Sena mataron a Cecilia. La causa de la justicia federal se inició porque cuando allanaron esa vivienda, por la desaparición de Cecilia, encontraron $6.058.190. El viernes pasado declararon en la fiscalía de Sabadini los testigos de ese allanamiento, que confirmaron que el dinero fue encontrado en la casa.