Los Noble piden completar los tests de ADN

Los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera solicitaron al juzgado federal a cargo de la doctora Sandra Arroyo Salgado que concluyera con la última etapa de los análisis de ADN, exámenes que demostraron que los jóvenes no son hijos de las familias querellantes ni de personas desaparecidas en 1975 y 1976.

Las dos primeras etapas del estudio dieron resultados categóricos.

El primer examen, realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en las condiciones que solicitó la entidad Abuelas de Plaza de Mayo y que dispuso la jueza -con la participación de peritos de todas las partes-, permitió determinar que los hermanos Noble Herrera no guardan parentesco con las dos familias querellantes en la causa: García Gualdero y Miranda Lanuscou.

El segundo cotejo genético, tal vez el más importante porque permitió comparar a personas nacidas en 1976, el mismo año que Marcela y Felipe, determinó que los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín no tienen vinculación biológica con mujeres desaparecidas que dieron a luz ese mismo año. Ambos resultados produjeron un fuerte impacto político.

Pero el tercero y último tramo del examen, que incluye el cotejo con los patrones genéticos de personas desaparecidas hasta 1978, todavía no fue realizado.

A mediados de julio, ante la inminencia de la feria judicial, los abogados Horacio Silva e Ignacio Padilla solicitaron a la jueza Arroyo Salgado que habilitara el trámite durante los días de receso invernal, para poder concluir los estudios. Pero la magistrada denegó el pedido y postergó la ejecución de las pruebas para el momento en que se reanudara la actividad judicial, lo que ocurrió el lunes último.

Sin embargo, inesperadamente, la magistrada pidió licencia personal por un problema de salud, según confiaron fuentes muy allegadas a Arroyo Salgado. Por eso, frente a la ausencia de la jueza, los letrados formularon el pedido ante un juez subrogante.

Los análisis realizados en el BNDG se pueden realizar en un plazo breve de dos o tres días, porque se ejecutan por un procedimiento informatizado, según se informó. Se estima que si se hubiera habilitado la feria judicial para el trámite, los peritajes ya estarían concluidos.

En cambio, cualquier nueva demora puede retrasar el cierre de una causa que ya lleva once años de trámite.

Para los letrados Silva y Padilla, el pedido se funda en la importancia que para el trámite de la presente causa tiene la prueba pericial en curso, así como también el la repercusión general y el estado público que cobró el debate.