Los polémicos negocios de la mujer de De Vido

[Video] La esposa del ex Ministro de Planificación se benefició con recursos del Estado a través de sus negocios relacionados con la Responsabilidad Social Empresaria
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18 de octubre de 2017  • 00:58

El periodista Pablo Fernández Blanco presentó en Mesa Chica los resultados de una investigación del diario LA NACION que reveló que Alessandra Minnicelli, abogada y mujer de Julio De Vido , utilizó sus vínculos con el Estado para beneficiarse en sus negocios relacionados a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Los polémicos negocios de la mujer de De Vido

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Durante el año 2003 Minnicelli formó parte de la SIGEN, donde tuvo el rol polémico de controlar a su esposo De Vido, según contó Fernández Blanco.

El periodista explicó que la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA.SA) organizaba mega eventos y se encontró un documento en el que decía que, por orden del Ministerio de Planificación, encabezado por De Vido, tenían que evaluar la posibilidad de participar en un congreso de sustentabilidad organizado por Minnicelli.

Además, NA.SA estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación. “El jefe máximo del presidente de NA.SA era De Vido y terminó poniéndole 1,4 millones de pesos una empresa del Estado, que se beneficiaba con los subsidios que pagamos todos los argentinos, a esta compañía de Minnicelli”, contó Fernández Blanco.

Sin embargo, en otras compañías pasaba lo mismo. La Entidad Nacional Yacyretá, que administra la represa hidroeléctrica del lado argentino, puso 17 mil dólares para alquilar por dos o tres días un stand de 14 metros cuadrados en una exposición. El último responsable de Yacyretá era el marido Julio De Vido.

Por último, algo parecido sucedió con la Municipalidad de Lomas de Zamora, donde Martín Insaurralde le pagó casi 120 mil dólares a una compañía de Minnicelli para que “le redefina la misión, la visión y el proyecto del municipio”, según contó Fernández Blanco. Quien manejaba el plan más cercano al otorgamiento de dinero a los municipios era De Vido.

Por último, Fernández Blanco detalló que quienes saben de temas judiciales dicen que esto puede ser sospechado de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y que puede terminar en penas de prisión de entre dos y seis años.

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