Malestar en la Corte con el Gobierno
Entre los miembros del tribunal hay disgusto por el mal momento que atraviesa la relación; temen nuevas iniciativas oficiales
Disgusto, decepción, enojo. Eso es lo que sienten los ministros de la Corte Suprema, que intuyen que la relación con Cristina Kirchner llegó a su punto más bajo. Los últimos quince días fueron vertiginosos y la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia se deterioró a paso acelerado.
En efecto, el Gobierno presionó, pero la Corte declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. El lunes último, cuando todo hacía prever que la Corte se llamaría a silencio, el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, denunció ante sus colegas que la AFIP lo espiaba, a lo que Echegaray respondió haciendo públicos algunos de los bienes que se le atribuyen. La Presidenta aseguró que no renunciará a sus proyectos y los diputados kirchneristas presentaron en la Cámara baja una iniciativa para sacarle a la Corte el manejo del presupuesto judicial.
Pero la Corte y el Gobierno hicieron algo más que mostrarse los dientes. El tribunal, con su fallo sobre el Consejo de la Magistratura, dictó la única sentencia que la Constitución le permitía dictar y, por otro lado, el Gobierno tampoco podía pretender que la cabeza del Poder Judicial les diese la espalda a todos los jueces. Pero la Presidenta vivió el fallo adverso como un revés doloroso.
¿Cómo vive estos momentos la Corte? En el tribunal dicen que Lorenzetti es el que más acusa el impacto y, tal vez, quien más molesto o contrariado se encuentra. Es el ministro más joven del tribunal, imagina un futuro y siempre fue el encargado de mantener las relaciones institucionales con la Presidenta.
Es, además, el jurista que meses atrás le entregó a la mandataria su proyecto de Código Civil y, también, el juez que muchas veces mostró interés en llevar a la Corte por un carril intermedio. Ahora, Cristina y Lorenzetti casi no se atienden el teléfono.
El humor de Carlos Fayt es otro: está realmente enojado y hasta nombró como su letrado a Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Fayt es un socialista a la vieja usanza y un juez de una trayectoria intachable. Siente, con razón, que no merecía que la Presidenta lo maltratara haciendo hincapié en su edad.
En medio de esos extremos, Juan Carlos Maqueda puede estar algo molesto, pero no se siente acorralado. En 2001, fue quien presidió la Asamblea Legislativa en la que se eligió a los sucesores de Fernando de la Rúa. Frente a aquellos días de violencia y tensión extrema, el griterío y la intimidación a que lo sometieron unos jóvenes de La Cámpora pasan a ser una anécdota.
Tal vez el más despreocupado sea Eugenio Zaffaroni, porque ideológicamente comulga con el Gobierno y porque los organismos de derechos humanos parecen haber olvidado que fue juez penal durante el último gobierno de facto.
En ese clima enrarecido, ¿tomará la Corte alguna decisión esta semana, la última antes de la feria judicial de invierno? No, porque la Corte estará incompleta. Y, por otra parte, durante el receso Zaffaroni será el único juez a cargo del tribunal -para compensar vacaciones-, por lo cual no habrá ninguna resolución.
La Corte sabe, sin embargo, que el segundo semestre sí será complicado. Por la proximidad de las elecciones y por las causas que tramita. Tal vez el expediente más conocido sea el caso del Grupo Clarín, donde se discute si la ley de medios es inconstitucional. Esta causa no avanzará durante un tiempo porque, por un lado, la procuradora Alejandra Gils Carbó tiene que elaborar su dictamen y, además, porque el Gobierno no tiene claro si le conviene arriesgarse a una definición antes de los comicios.
Hay otros casos que le dan a la Corte un peso político relevante: los reclamos de varias provincias (Córdoba, Santa Fe, San Luis) para que el Estado nacional les recorte menos dinero de los impuestos coparticipables; miles de reclamos de jubilados contra la Anses y otras causas de fuerte impacto fiscal. Esos casos y su prestigio son su activo y su poder de fuego. Pero en el tribunal calculan que el Gobierno, acostumbrado a sorprender, intentará descolocar a los jueces con alguna medida.
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