Massa prepara un paquete de leyes contra la corrupción

El Frente Renovador buscará aprovechar el clima abierto por la citación judicial a Amado Boudou para impulsar un paquete de ocho proyectos de ley destinados a combatir la corrupción. Ayer, el diputado Sergio Massa indicó que su bloque avalará el pedido de juicio político al vicepresidente que impulsan los partidos de la oposición.

Pero, siempre atento a ponerles "pimienta" a sus anuncios, Massa propuso también el regreso de los "juicios por residencia", una institución de la época de la colonia por la que se investigaba a los funcionarios al finalizar su mandato, que no podían abandonar el lugar donde ejercían el cargo ni asumir otro hasta el final del procedimiento.

En rigor, el equipo massista que trabaja sobre iniciativas de "transparencia", liderado por el diputado Adrián Pérez (ex Coalición Cívica), impulsa un proyecto para hacer más riguroso el control de las declaraciones juradas de los funcionarios, desde que ingresan hasta que abandonan su cargo. Pero el paquete anticorrupción, al que accedió LA NACION, incluye al menos ocho iniciativas más.

Aumento de penas. El primer proyecto eleva los mínimos y los máximos de las penas para delitos contra la administración pública, para que ninguno sea excarcelable. También agrava las penas en virtud del rango del funcionario y cuando el delito afecte la prestación de servicios públicos y programas de asistencia social. Incluye, por último, la posibilidad de aplicar sanciones a personas jurídicas involucradas en delitos.

Imprescriptibilidad. Plantea que se siga la misma regla que hoy se aplica a los delitos de lesa humanidad. "Que la Justicia pueda perseguir a un sospechoso de corrupción hasta el día en que se muera", graficó ayer Massa.

Recuperación de activos. Busca crear una comisión especial que asista a la Justicia y a los órganos de control para recuperar los activos provenientes de actos de corrupción. Este proyecto se acopla con otro que no escapa a la polémica: la posibilidad de decomisar los bienes que un funcionario no pueda justificar antes de que se dicte su condena. "Los juicios duran tantos años que los bienes desaparecen", justificó Pérez.

Declaraciones juradas. En el marco de la "democratización de la Justicia", el Gobierno modificó el régimen de declaraciones juradas a un formato mínimo, con escasa información, que dificulta el seguimiento del patrimonio de los funcionarios. El massismo propone reformar la ley de ética pública para profundizar el control administrativo y judicial de los funcionarios de los tres poderes.

Órganos de control. Otra iniciativa busca dar autonomía real, por ley, a la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Unidad de Información Financiera y a la Auditoría y la Sindicatura General de la Nación (AGN y Sigen). "Hoy están tomados por los amigos del Gobierno. Proponemos que sus funcionarios sean elegidos en audiencias públicas y que estos órganos puedan ser querellantes ante la Justicia, para impulsar y seguir las causas", agregó Pérez.

Gobierno abierto. Vinculada a las dos iniciativas anteriores, esta propuesta requiere acordar con partidos políticos y organizaciones civiles un sistema de gobierno abierto, que, entre otros puntos, permita el acceso ciudadano al sistema de expedientes de los tres poderes del Estado (compras, contratos, licitaciones, etc). La iniciativa fue elaborada junto a Álvaro Herrero, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). El equipo también trabaja en un proyecto de ley de cabildeo.

Agilización de causas. Propone la reforma procesal penal a nivel federal para migrar hacia un sistema acusatorio, con oralidad y publicidad como ejes del proceso y donde los fiscales impulsen la acción penal. También, la creación de un observatorio para los casos de corrupción paradigmáticos. "La estadística indica que las investigaciones por corrupción duran en promedio 15 años y rara vez llegan a juicio oral", indicó Pérez.

Consejo de la Magistratura. Al igual que otras fuerzas opositoras, el massismo propone volver a la conformación del Consejo previa a la reforma de 2006, además de un acuerdo para agilizar los concursos y reducir las subrogancias. También proponen la designación "ficta", para que la terna del Consejo de la Magistratura se eleve automáticamente al Senado cuando el Poder Ejecutivo demore más de 45 días en hacerlo.icios duran tantos