Mayra Mendoza cuestionó la detención de la concejal de Quilmes: “Estamos viviendo una dictadura en democracia”
La intendenta de Quilmes acusó al Gobierno de persecución política contra la exmandataria Cristina Kirchner y cuestionó la reciente detención de la presidenta del bloque de concejales su distrito, Eva Mieri
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LA NACION
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, destinó duras críticas contra el Gobierno, a quien acusó de persecución política contra la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por la causa Vialidad con prisión domiciliaria.
Además, la dirigente de La Cámpora cuestionó la reciente detención de la presidenta del bloque de concejales su distrito, Eva Mieri, acusada de haber formado parte del acto vandálico contra la casa del diputado nacional libertario José Luis Espert. “Estamos viviendo una dictadura en democracia”, sentenció.
“No hay delitos, es persecución política”, aseguró Mendoza al respecto. “No tiene ninguna lógica jurídica lo que están haciendo. Solo los mueve el odio”, señaló la intendenta de Quilmes en declaraciones radiales.
“En este tiempo fuimos testigos del intento de asesinato a Cristina, de personas que se acercaban a su domicilio con armas blancas, escrache permanentes a compañeros y compañeras, atentados a locales partidarios, hasta Espert diciendo que hay que colgar opositores en plaza pública. Nada de eso recibió la más mínima preocupación judicial”, criticó la intendenta y ladera de la exmandataria.
“Es muy grave y muy triste lo que está pasando en la Argentina. Amerita que no solamente un sector repudie lo que están haciendo Milei, Bullrich, Macri y parte del Poder Judicial que opera como partido. Toda la dirigencia, los que crean en la democracia, tienen que conocer lo que está pasando en nuestro país y manifestarse, porque no hay derechos para la ciudadanía”, advirtió luego.
Las declaraciones de la dirigente de La Cámpora se dan luego que esta madrugada se ordenara la detención de Mieri, dirigente de máxima confianza de Mendoza, en el marco de la investigación del ataque vandálico al domicilio de Espert.
Mieri supo integrar el gabinete municipal en 2019 como secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fue electa concejala en tres oportunidades. Actualmente, ocupa la jefatura del bloque del peronismo en el Concejo Deliberante y es la reemplazante institucional de Mayra Mendoza en la intendencia en caso de licencia.
En el marco del operativo, la dirigente fue trasladada desde su domicilio a San Isidro, donde está el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, que lleva adelante la causa. “Es todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de una supuesta investigación que tiene detenida a Alexia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado Espert”, marcó Mendoza y luego cargó contra Arroyo Salgado al denunciar un “abuso de autoridad” de su parte.
Por orden de la jueza Arroyo Salgado, la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), realizó este miércoles nuevos allanamientos que derivaron en la detención Mieri y otras tres nuevas personas: Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, “todos presuntamente involucrados en la planificación y ejecución del ataque”, de acuerdo a fuentes de la cartera de Seguridad.
A estas detenciones se suma la de Alexia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y militante de La Cámpora, presa desde el martes pasado y quien permanece recluida en la Unidad 7 del Complejo Penal de Ezeiza, luego que se identificara su auto, un Renault Clio, cerca del domicilio del diputado.
Alexia Abaigar
Esta mañana, la madre de Abaigar, Eva Peitravallo, que inicialmente también fue detenida junto a su hija y luego excarcelada este viernes, denunció que el procedimiento de su detención fue desmedido. “Nos trataron tan mal, con exageración”, señaló la mujer, al tiempo que alertó que su hija padece una enfermedad pulmonar.
Según explicó Peitravallo, ella y una expareja suya también fueron detenidos la semana pasada “por ser portadores de una cédula azul”, del vehículo vinculado con el ataque al domicilio de Espert. “No hay pruebas, no hay imputación, no hay explicación de qué se nos acusan. Lo único que tienen es la patente de un auto”, se quejó la madre de Abaigar.
En tanto, Peitravallo dijo que después de su excarcelación, el viernes empezó “otro calvario” para su hija. “La llevaron a Talcahuano esposada y encadenada a un móvil. De ahí la mandaron al penal de Ezeiza. Me contó que la fotografiaron y en tres oportunidades le sacaron fotos con la cabeza tapada y después descubierta”, relató la mujer.
“Mi hija está en la cárcel y es una chica que tiene una enfermedad autoinmune rara que se llama LAM, por sus siglas, que afecta los pulmones. Tenemos documentación en abundancia que en febrero de 2024 estuvo internada en el Sanatorio Güemes, le hicieron una operación importantísima. En febrero de este año, le sacaron un litro más de líquido linfático. La tienen en una cárcel y no puede estar ahí”, manifestó Pietravallo.
Este lunes, legisladores de Unión por la Patria, Frente de Izquierda-Unidad, Movimiento al Socialismo, ministros provinciales e integrantes de La Cámpora marcharon a Tribunales para reclamar por la excarcelación de la funcionaria bonaerense bajo la consigna “Libertad para Alexia Abaigar” y pusieron en tela de juicio el accionar de Arroyo Salgado, que rechazó el pedido de excarcelación.
A ello, se sumó un posteo de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, en el que calificó el hecho de una “contravención menor” y mostró preocupación por “el uso desproporcionado del aparato judicial y policial”.
“Alexia Abaigar fue privada de su libertad por un hecho que no excede el ámbito de una contravención menor. Más de 48 horas incomunicada, con su excarcelación denegada y sin fundamentos jurídicos sólidos, sigue detenida”, denunció la número dos de Kicillof.
Y al respecto concluyó: “Es preocupante el uso desproporcionado del aparato judicial y policial frente a una protesta política, y la criminalización del disenso. Por eso, exigimos que se respeten las garantías constitucionales y que se ponga fin a la utilización de la justicia como herramienta de disciplinamiento político”.
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